En defensa del fiscal hispánico, especie amenazada

“No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, me representes o silencio o miedo.” (Francisco de Quevedo y Villegas. Epístola satírica y censoria escrita al Conde–Duque de Sanlúcar. 1624)

Desde el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente elabora un listado denominado Catálogo Español de Especies Amenazadas, en el que hay una casilla dedicada a animales que califica de “vulnerables y en peligro de extinción”. Sin embargo, según fuentes ecologistas de la máxima solvencia, algunas de esas especies protegidas –entre otras, el lince ibérico, la nutria y el gato montés– siguen siendo víctimas de la malaventurada muerte por arma de fuego a manos de cazadores desalmados, categoría en la que caben los furtivos y los no furtivos.

Yo no soy cazador, pero sé por mi amigo el doctor Javier Matos, que sí lo es, que una de las reglas de oro es dar a la pieza la oportunidad de huida o de defensa. También me dice que aún existen cacerías nocturnas de algunas especies, en las que la técnica es tan monstruosa y repugnante como deslumbrar al “bicho” con un par de focos potentes y acto seguido, sin posibilidad alguna de fallar el tiro, fusilarlo a sangre fría. La cabeza del animal, después de haber pasado por el taxidermista, no refleja la muerte que le dieron, pero quien la cobró, por más mentiras que diga, jamás podrá ignorar que el ejemplar fue cazado con vergonzoso quebranto de las más elementales normas cinegéticas.

Aunque por el título y el prólogo sea innecesario, advierto al lector que esta tribuna viene a cuento del cese del fiscal Manuel Moix quien, tras 87 días de ojeo y por el pecado, para algunos mortal, de tener con sus hermanos una sociedad en Panamá heredada de su padre y no habérselo dicho a sus superiores, fue abatido el pasado viernes al presentar al Fiscal General del Estado su renuncia al cargo de Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada –la verdad es que los responsables del rótulo podrían haber sido menos pomposos– y que el Consejo de Ministros hizo efectiva mediante la publicación del cese en el Boletín Oficial del Estado de anteayer.

Al método de atrapar alguna rara avis de fiscal pudiera aplicarse el manual del trampero sin escrúpulos. Como los animales que mueren alevosamente y por lo tanto distraídos de todo lo que no sea la silvestre libertad, el procedimiento de aproximación al fiscal para liquidarlo suele ser muy sutil y depurado. El cazador se le acerca hasta donde quiere, pues la pieza está concentrada en su oficio y lo acribilla a placer, de la misma forma que si disparase a un confiado y manso animal doméstico. En estos supuestos, la caza del fiscal puede realizarse de forma conjunta o individual; por políticos y no políticos; por gremiales colegas, asociados o no asociados; por miembros de unidades especiales que, teórica y funcionalmente, actúan de policía judicial; y hasta por medios de comunicación.

El elemento común a todos ellos es que cargan sus escopetas con posta de grueso calibre y abren fuego sin el menor respeto de las reglas éticas y morales de Diana, la diosa virgen de la caza y de la naturaleza.

Desde que la administración de Justicia existe, son muchas y muy potentes las armas que algunos, en su penosa estulticia, manejan para acabar con la independencia de jueces y fiscales. En la baraja de las ideas maquiavélicas, el as de oros de la dádiva, el caballo de copas de la conveniencia, el rey de espadas del poder y la agresiva sota de bastos que atemoriza con la sola presencia, juegan su papel a las mil maravillas. Por eso, entre otras razones, el mundo de la justicia va por mal camino.

No se trata de poner en duda la honradez personal de nadie, sino de sacar a la luz las incoherencias de un modelo de fiscal que no fue el querido por el legislador constituyente, ni por la Constitución como texto fundamental, ni por los ciudadanos demócratas que asisten atónitos a activismos y protagonismos que tienen su raíz en ese modo de entender qué y cómo deber ser un fiscal constitucional. A mi juicio se ha producido una deformación por exceso de aquel modelo, hasta el punto de que hay fiscales que alejados del sitio que les corresponde y comprometidos obstinadamente con los programas de unas siglas políticas, aspiran a convertirse en protagonistas del debate político. Lo malo es que con frecuencia lo consiguen.

Precisamente por estos ejemplos, hay que elogiar al fiscal honrado que sabe que su labor viene marcada por las dos más claras servidumbres de su oficio: la de la verdad y la de la libertad. Los fiscales independientes e imparciales no admiten imposiciones ni consignas. Por ello, sus togas son las que los cazadores de tres al cuarto quieren ver colgadas como las cabezas de los ajusticiados que se balanceaban en las picotas erguidas a las afueras de los pueblos de España.

Quienes me conocen y también los que simplemente me hayan leído un poco, saben de mis respetos y afectos hacia los fiscales españoles. No obstante, que el Ministerio Fiscal lleva años sumido en una situación crítica, lo demuestra cualquier sondeo de opinión. Sin ir más lejos, la encuesta de Metroscopia conocida este fin de semana y que arroja un resultado descorazonador. ¿Por qué? Pues porque algunos siguen empeñados en que nuestro Ministerio Público no sea independiente, sereno e imparcial. Pues porque entre todos y a lo largo de los tiempos, la figura del fiscal se ha desnaturalizado. Estoy aludiendo al fiscal con adjetivo, al fiscal progresista, al fiscal conservador, en suma, al fiscal político que desvirtúa su misión. Y porque los fiscales auténticos se han convertido en fantasmales pobladores de un cosmos de clanes, sectas y feudos que cumplen funciones muy lejanas a las encomendadas en la Constitución. La historia nos ofrece demasiados casos como para que tenga que insistir sobre ello y son bastantes los españoles a quienes estremece el baile de la fiscalía al son de las siglas AF, UPF y alguna más que ahora no recuerdo.

Estoy convencido de que, hoy por hoy, ser fiscal es una profesión difícil y peliaguda. No es cuestión de sostener que en su cotidiana tarea el fiscal sea infalible, ni siquiera justo, pero conviene decir que muchas veces el fiscal sufre y que lo hace en soledad y hasta con rabia, como cuando contempla que necesita algo más de lo que tiene para responder a las ansias de justicia del prójimo. El de fiscal, además de oficio, es sacrificio y si alguien creyera que los fiscales están satisfechos de ellos mismos, se equivoca.

Por eso, quien esto escribe prefiere otro tipo de fiscal más acorde con el equilibrio entre poderes y sometido a la Constitución y al ordenamiento jurídico; o sea, conforme a “los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”, que es lo que dice el artículo 124.2 CE.

Hagamos votos por un fiscal que cumpla y aplique la ley en todos los procesos en que intervenga con verdadero espíritu constitucional; por un fiscal que no persiga a los investigados, denunciados, querellados, acusados o procesados como si lamentara que algunos se escaparan de sus manos, por supuesto limpias; por un  fiscal que se esfuerce en impedir que se vulnere el “secreto del sumario”, y más todavía, que no lo vulnere él mismo con filtraciones a la prensa; por un fiscal que consciente de que para ser imparcial antes hay que ser independiente, se preocupe de la una y de la otra en iguales proporciones y que, nunca olvide de que en palabras de la Constitución y del Estatuto del Ministerio Fiscal, no hay independencia sin responsabilidad.

Y como ya es muy poco el espacio que me queda para decir más de lo que pienso sobre la dimisión del fiscal Manuel Moix, deseo terminar con una referencia personal. Salvo por los periódicos y la televisión, no conozco al señor Moix. Sí he oído de él –lo mismo que de su mujer, una excelente magistrada– que es muy trabajador, estudioso y que desarrolla su tarea de forma minuciosa, lo cual confirma la tesis de que en este país un fiscal no puede ir por la vida haciendo las cosas como la ley y su conciencia le dictan sin que esos clandestinos cazadores le socaven el ánimo y gasten en él tiempo y dinero para obtener la presa. No obstante, al final el fiscal tiroteado resulta un fracaso pues sólo sirve de objeto decorativo para una galería de trofeos apolillados.

Sin duda que el señor Moix no ignoraba que la función encomendada y en la que acaba de cesar era una carga que tenía que llevar con resignada compostura. Al igual que otros compañeros hicieron en su día, creo que ha sabido controlar su adrenalina y dado muestras de templanza. El silencio es, desde luego, el más rentable y también el más humilde remedio para quien se siente agredido con tales maniobras. El hombre ecuánime y sereno siempre perdona a sus ofensores.

Conclusión. El fiscal independiente es una raza especial en el punto de mira de los francotiradores. Cuando desaparezca del todo sonará la hora de las lamentaciones y, como siempre, será ya tarde para lo que no fuere añoranza. Ahora que todavía estamos a tiempo, quisiera pedir para el escalafón de la carrera fiscal una tregua de diez o doce años, un prudente lapso de tiempo durante el que viva en paz y pueda reproducirse con fruto. Mis cálculos son que o defendemos a nuestros fiscales de verdad y los protegemos del furtivismo practicado por algunos títeres de la justicia, o dentro de un cuarto de siglo sólo los indiferentes y los afortunados podrán salvarse de la quema.

Otrosí digo. A veces, más peligroso que cazar con armas de fuego es hacerlo con palabras. Don Ventura Gómez de Arellano, viejo fiscal municipal que siempre estuvo en contra de que el Código Civil, en el artículo 1.459, al regular las prohibiciones para comprar y vender, llame individuos a los miembros del Ministerio Fiscal y que no llegó a fiscal de Sala, ni siquiera le concedieron la medalla de San Raimundo de Peñafort, dijo:

“La gente desea respetar a los fiscales, pero, a cambio, exige que acrediten, de manera perceptible, casi descarada, que son personas de ley”.

Javier Gómez de Liaño es abogado, juez en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL.

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