El 23 de febrero del año pasado, cuando acabábamos de presentar la propuesta de reforma del Reglamento del Senado para que se pudieran usar con normalidad las lenguas oficiales en las comunidades autónomas en la Cámara territorial, aproveché una pregunta oral que le formulé en catalán al ministro Blanco para pedirle su apoyo a nuestra propuesta en estos términos: «Continúo en castellano, no sin antes expresar mi confianza en que el presidente Zapatero, el Gobierno y usted, señor ministro, acepten pronto que en la Cámara de representación territorial se puedan usar con normalidad y naturalidad las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en estas sesiones de control al Gobierno».
Y el ministro me contestó en gallego, tal como consta en el diario de sesiones: «Eu tamén son dos que desexa que, algún día, nesta Cámara se poida falar en galego» (Yo también soy de los que desea que en esta Cámara se pueda hablar, algún día, en gallego).
Este apoyo del ministro, como el de la entonces secretaria de organización del PSOE y actual ministra de Sanidad, Leire Pajín, que agradecimos y agradecemos, contribuyó a inclinar la balanza del grupo socialista a favor de la reforma para la normalización del uso en el Senado de las lenguas de los ciudadanos reconocidas en sus estatutos de autonomía, que habíamos planteado 34 senadores, todos los no adscritos ni al PSOE, ni al PP (ni a UPN), incluidos senadores de Canarias, Aragón o Navarra, cuya lengua habitual es el castellano.
De la misma manera, nos ha alegrado oír al presidente Zapatero, esta misma semana, expresar su apoyo al uso en el Senado de las «lenguas españolas», como las define la Constitución. Lo que nos sorprende es que, contando con esos apoyos, finalmente sólo se aprobara la posibilidad de usar las lenguas oficiales en el debate de mociones, en el cual sólo intervienen senadores. ¿Por qué el presidente y los ministros no participan en el diálogo plurilingüe que apoyan y que afirman que es positivo?
Es cierto que los ciudadanos de comunidades monolingües castellanohablantes son menos sensibles a estas cuestiones, que hay poca comunicación y hasta un cierto divorcio entre los ciudadanos de comunidades donde el plurilingüismo, y el uso del catalán, el gallego o el vasco es habitual y se vive con normalidad, y aquellos que viven sólo en castellano. Pero es hora ya de que los ciudadanos, todos, miren la realidad plural a la cara. Difícilmente se puede valorar lo que no se conoce. La negación de la realidad plural conlleva intolerancia, que acaba minando la convivencia. Para combatir ese mal, no basta con afirmar que estamos a favor del pluralismo, hay que practicarlo. Practicar con el ejemplo, eso es lo que los ciudadanos esperan también de sus gobernantes y de sus representantes, y es lo que haremos a partir de ahora los senadores en el debate de mociones en los Plenos de la Cámara Ata. En esa parte del Pleno, se hablarán las lenguas con libertad y naturalidad, se entenderán siempre, porque para eso está la traducción simultánea y las innovaciones tecnológicas que la facilitan, y de forma activa o pasiva lo haremos todos, seamos del grupo que seamos, del PP, del PSOE o del Mixto.
Es un avance democrático que nos acerca más a Europa y que no debería tener vuelta atrás. Al contrario, nuevas reformas deberían permitir que los representantes de los ciudadanos pudieran preguntar al Gobierno y dialogar con su presidente y sus ministros en sus lenguas.
La razón última de todo ello es la realidad lingüística diversa del conjunto de territorios del Estado, es que un 30% de los ciudadanos del Estado hablan habitualmente catalán, gallego o vasco, en su casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la calle… viven en dichas lenguas, y en pura lógica esperan que sus representantes, que reflejan su realidad y sus aspiraciones, hablen también su lengua y que las instituciones, que les representan y les gobiernan, hagan el esfuerzo de entenderles.
Miquel Bofill, senador de Esquerra Republicana de Catalunya.