En defensa del sistema democrático

Por Andoni Unzalu Garaigordobil (EL CORREO DIGITAL, 02/01/07):

Hay mentiras que, de tanto repetirlas, adquieren apariencia de verdad. Antes me parecían molestas letanías que en su propia afirmación contenían la obviedad de su falsedad. Pero al no ser rebatidas por nadie, por su propia repetición adquieren carta de naturaleza, de verdad oficial; ahora no sólo me molestan, cada vez que las oigo me enervan. Es afirmación corriente y reiterada en Euskadi que el ‘proceso’ debe traer la democratización, completada con la expresión de que la democracia española no tiene legitimidad. ¿Y qué decir de la estigmatizada Ley Orgánica de Partidos Políticos!

Cuando Batasuna dice que quiere democracia e igualdad de oportunidades, la primera vez uno lo toma a chiste, pero de tanto reiterarlo sin que nadie, o casi, los rebata, la verdad, uno se enfada. ¿Si precisamente es eso lo que buscamos! Que sean iguales que los demás. Que acaten la legalidad como todo el mundo. Que en su discurso político utilicen argumentos y no que su razonamiento más convincente sea la amenaza velada del asesinato. Pero vayamos por partes.

La pregunta fundamental es: ¿Tenemos democracia o no tenemos democracia en nuestro país? Me parece a mí que la mejor forma de solventar la respuesta es comparar nuestro sistema político con otros sistemas que en general aceptamos como válidos. Estaremos de acuerdo en que los países de la Unión Europea son un modelo aceptable de sistema democrático. Me acuerdo aún de la época de la dictadura, cuando cruzar la frontera y entrar en Francia nos parecía ir al paraíso de la libertad. Pues bien, ¿en qué es peor nuestro sistema comparado con el francés? Después de la primera sorpresa, el políticamente correcto responderá: sí, pero la ilegalización de partidos políticos conculca derechos democráticos. Y ya hemos mentado la bicha que todo lo justifica.

Analicemos: en todas las constituciones de los países de la Unión se concede a los partidos una función importante pero a condición de que respeten el sistema democrático y no busquen su quebranto. Es éste un criterio que se puede rastrear en todas las constituciones europeas actuales. A partir de ahí cada país lucha con sus propios monstruos: la Constitución italiana prohíbe cualquier forma posible de reorganización del disuelto partido fascista. La Constitución polaca de 1997 declara inconstitucionales el partido nazi y el partido comunista. La Constitución alemana declara inconstitucionales a los partidos que por sus objetivos o por el comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden básico demoliberal o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. La constitución austríaca tiene obsesión por evitar que los funcionarios relevantes del Estado puedan militar en partidos. Cada país se enfrenta a sus propios miedos del pasado creando barreras para evitar que vuelvan.

Si mañana alguien da una conferencia en Bilbao negando el Holocausto seguramente le tildaremos de loco y no le daremos mayor importancia, fundamentalmente convencidos de que es imposible que dentro de un año haya 50.000 manifestantes reivindicando que el Holocausto no existió. Pero si la misma persona da esa conferencia en Alemania o Austria, por ejemplo, será detenido y condenado por el delito de ‘negacionismo’, cosa que a nosotros nos parece inconcebible.

Lo que sí está claro es que en diferentes países de la Unión Europea se prevé la ilegalización de partidos políticos y cuando es necesario se utiliza esta medida: en Alemania se ilegalizó el año 1952 el Partido Socialista del Reich (nazi), el 1956 el Partido Comunista, y un número mayor de asociaciones políticas; en Francia, un partido troskista, Iparretarrak y otros han sido ilegalizados, con la agravante de que es suficiente un decreto de presidencia para ilegalizar un partido (el afectado puede recurrir con posterioridad a la vía judicial.). Y podemos seguir por otros países.

Podemos hacer una afirmación rotunda: en los países de la Unión se prevé la ilegalización de los partidos políticos que por su actividad u objetivos intentan destruir valores fundamentales del sistema democrático o el sistema democrático mismo. Ilegalizar un partido político con estos criterios no es de ninguna manera conculcar derechos democráticos de nadie, al contrario, se llega a esta situación precisamente para garantizar los derechos democráticos de todos.

Se puede argumentar que no siempre es fácil delimitar la línea a partir de la cual un partido político ataca los fundamentos del sistema democrático. Y ciertamente tendrá razón quien diga eso: no siempre es fácil poner la raya. Pero hay casos en los que no parece haber dudas razonables: los partidos que propugnan una religión de Estado, que niegan la igualdad política de género, que buscan anular el sistema de pluripartidismo o apoyan el terrorismo parece claro que no pueden convivir con el sistema democrático.

Yo he leído varias veces la Ley de Partidos buscando apartados, artículos que atacan la libertad, los derechos democráticos; no he sido capaz de encontrarlos; tal vez alguno me ilumine. Hace hincapié obsesivo en nuestro miedo particular, el monstruo doméstico: el terrorismo; se limita casi exclusivamente a declarar que los partidos que apoyan el terrorismo deben ser ilegalizados. Yo a esta previsión añadiría otra más de sentido común: un partido político sólo debe ser ilegalizado como ‘ultima ratio’, como última medida cuando todas las demás han fracasado. Cuando todas las medidas políticas, sociales o legales ordinarias han fracasado. En nuestro caso, en 25 años de democracia me parece que se han ensayado múltiples vías sin ningún resultado. Parece razonable apelar a la ‘ultima ratio’.

Y en estas discusiones bizantinas nos olvidamos de que Batasuna es ilegal porque Batasuna quiere. Porque de forma sistemática y reiterada se niega a condenar la violencia terrorista de ETA. Ésta es la verdad esencial de la discusión. No parece descabellado exigir que si un partido político quiere beneficiarse de las libertades democráticas debe condenar el terrorismo. Sólo eso. Nada más.

El último argumento en contra de la ilegalización de Batasuna es decir: ‘El Tribunal de Derechos Humanos europeo nos dará la razón’. Es conveniente recordar que sobre Batasuna pesan la suspensión de la Audiencia Nacional y la ilegalización del Supremo. Supongo yo que las dos estarán recurridas en Bruselas. Nunca he compartido la primera medida porque estoy convencido, precisamente por su trascendencia, de que nunca se debe cerrar un periódico o suspender un partido sin una sentencia judicial firme, y los cierres de periódicos y la suspensión de Batsuna han sido mediante un auto en la fase de instrucción. Puede que a Bruselas tampoco le guste la idea de la suspensión y dicte un fallo desfavorable a la Audiencia. Pero me parece que sobre la segunda pocas dudas puede haber. Los criterios del Tribunal Europeo, después de la sentencia sobre el PR (Partido turco islamista) son bastante claros: si un partido político atenta contra valores fundamentales de la democracia puede ser ilegalizado. Y el PR no era un grupúsculo, creo que en las municipales de 1996 obtuvo el 35% de los votos. Otra cosa es que, si ganan el primero, nos vuelvan locos a todos haciendo creer que han derrotado la Ley de Partidos en Europa. Cosa parecida está ocurriendo en la actualidad para mi asombro: ninguna medida judicial tomada por los jueces Del Olmo o Garzón en el último año se debe a la Ley de Partidos, sino a la suspensión de la Audiencia.

Con la Ley de Partidos sólo se pretende que cuando los de Batasuna hablen delante de un micrófono deje de proyectarse sobre el fondo la sombra amenazante de una capucha.