En el espejo del cupo vasco

El reciente acuerdo sobre el cupo, calificado de “excelente” por el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha supuesto un duro mazazo en el camino hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que sea más claro, mejore la solidaridad entre territorios y la responsabilidad fiscal de los gobiernos. El pacto entre PP y PNV desborda el legítimo acuerdo puntual para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado porque se propone consagrar, mediante una nueva ley quinquenal del cupo, un incremento de la sobrefinanciación de Euskadi.

Aunque las comunidades forales disponen de un sistema de recaudación de impuestos con plena autonomía amparándose en los “derechos históricos” recogidos en la Constitución, una reliquia del Antiguo Régimen que logró sobrevivir a las guerras carlistas y al franquismo, en ningún caso eso puede dar lugar a privilegios económicos. La realidad, sin embargo, es que la financiación per cápita en el País Vasco y Navarra para políticas educativas, sociales y sanitarias es el doble o más que en el resto. Tanto el cupo vasco como el convenio navarro (cuya cuantía financia los servicios que presta el Estado a los ciudadanos de esas comunidades) se calculan desde hace muchos años con criterios obsoletos y opacos. El modelo no solo representa una clara excepción en el marco de los modelos federales comparados, sino que genera un agravio comparativo que envenena el debate territorial en España.

Hace unos meses se constituyó una comisión de expertos, uno por autonomía de régimen común, para abordar la reforma de la financiación. El acuerdo sobre el cupo ha sido recibido por estos con enorme desolación, no tanto por la llamativa cifra de 1.400 millones que el Gobierno español va a devolver para liquidar desacuerdos pasados, sino porque cierra la posibilidad de que Euskadi (y Navarra tampoco será una excepción) incluya una transferencia de solidaridad destinada a asegurar un igual acceso a los servicios públicos en el resto de autonomías.

El acuerdo entre PP y PNV para aprobar los presupuestos del 2017 no solo incluye inversiones en la ‘Y’ vasca de la alta velocidad, sino también la aprobación este año de una nueva ley quinquenal del cupo que va a tomar como referencia un cálculo aún más ventajoso. Sería incomprensible que cuando dicha propuesta llegue a las Cortes toda la oposición no la rechace por entender que agrava la asimetría entre el modelo de financiación común y el foral.

La imposibilidad de integrar a Euskadi y Navarra, que se sitúan a la cabeza en renta per cápita tras Madrid, en los mecanismos de solidaridad va a dificultar enormemente la reforma de la financiación del resto de las autonomías que ya va con dos años de retraso. Si el Gobierno español no aporta dinero adicional, a diferencia de lo que sucedió en el 2009 con el modelo actualmente en vigor, la negociación va a ser a cara de perro porque tendrá que determinar (con un final de suma cero) cuál es el criterio principal en el reparto de los recursos.

Como muy bien se explica en el libro coordinado por Sandra León, ‘La Financiación autonómica, claves para comprender un debate interminable’ (2015), ello implica saber “qué se quiere igualar”, es decir, cuáles son las otras variables que también afectan al gasto, además de la población; y “cuánto se quiere igualar”, es decir, hasta dónde se quieren limitar las diferencias, pues ahora no se respeta el orden inicial en recursos per cápita tras la nivelación, lo que genera un malestar en los territorios que más aportan.

La reforma del 2009 tuvo aspectos positivos, como avanzar en la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Visto en perspectiva, se ha salvado la enorme brecha inicial entre la distribución del poder sobre el gasto y sobre los ingresos, pero falta un criterio claro sobre la igualdad como lo prueba que comunidades poco pobladas, pero que tienen recursos por encima de la media (Cantabria, Aragón, Asturias, La Rioja y Castilla y León), reciban más dinero en detrimento de aquellas más pobladas y cuyos ciudadanos más recursos aportan (Madrid, Catalunya, Baleares y C. Valenciana).

En realidad, el problema de fondo va ligado al modelo de Estado. Las indeterminaciones y disfunciones del sistema autonómico no se pueden subsanar con negociaciones bilaterales, cuyas incoherencias se agravan porque responden a intercambios de favores políticos, como ha sucedido siempre con el cupo vasco, que actúa de espejo de toda esta cuestión. Hace falta una reforma federal de la Constitución que incorpore también algunos criterios específicos en la financiación, como obligar a los territorios forales a participar en los mecanismos de solidaridad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, y el respeto final al principio de ordenación entre comunidades para evitar agravios territoriales.

Joaquim Coll, historiador.

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