En el federalismo está la solución

Son muchos los hombres y mujeres que ocuparon la calle en Barcelona el pasado 11 de septiembre para celebrar la Diada, o, mejor dicho, en este caso, para reivindicar la independencia de Cataluña. Las imágenes que hemos visto son impresionantes. Nada que objetar. Ha sido un éxito. La capacidad de movilización de las asociaciones y fuerzas políticas que defienden la independencia está más que demostrada. Se puede respirar mucha ilusión en la consecución de ese objetivo. Hay unas innegables y acusadas dosis de emoción y sentimiento en las manifestaciones de los cientos de miles de personas que de manera insistente reivindican la independencia de Cataluña.

Pero aunque son muchas, y merecen toda consideración, sin embargo, son menos; menos que los cientos y cientos de miles de hombres y mujeres, en su inmensa mayoría silentes o muy discretos, que o bien no muestran ningún interés por la consecución de ese objetivo, o bien directamente lo rechazan. Eso es lo que cabe deducir, sin ningún género de duda, de las distintas encuestas de opinión que van apareciendo, y, muy especialmente, de la del CIS. Punto arriba o punto abajo, cabe aventurar que alrededor del 45 % de las personas que han decidido a quién votar optará por los partidos o listas independentistas, mientras que alrededor de un 55 % lo hará por aquellas otras fuerzas políticas que descartan tal posibilidad. La diferencia, aunque pueda parecer pequeña, es muy significativa: alrededor de un 10 %.

A partir de este escenario base cabe hacer distintas observaciones, de carácter meramente fáctico o de cariz valorativo. Veamos algunas:

• La primera es evidente, aunque se está realizando un gran esfuerzo para que la olvidemos. Que lo que se celebra el 27-S son, según dispone la ley, elecciones a diputados del Parlament de Catalunya. Aunque el análisis que hagamos ahora maneje otras claves, eso es algo que no podemos olvidar, para que nadie se llame a engaño: el 27-S, en realidad, no se vota a favor o en contra de la independencia de Cataluña, se vota a candidatos a diputados al Parlamento de Cataluña.

• Pero asumiendo que, desde un punto de vista político o sociológico, estas elecciones pudiesen orientarnos con cierta precisión sobre la posición de los ciudadanos de Cataluña en torno a la cuestión de la independencia, observamos que, de acuerdo con el estudio del CIS, el 26 % de las personas encuestadas o bien aún no sabe a quién votar o bien no contesta. La cifra es tan importante que, en el supuesto de que una parte relevante de esas personas decidiera finalmente ir a votar por una u otra opción política se podría ver sustancialmente alterado el porcentaje a que antes se hacía referencia, en uno u otro sentido.

• Dado que, como estamos comprobando, las personas a favor de la independencia se encuentran muy motivadas y movilizadas, y quienes rechazan esa alternativa prefieren, por distintos motivos, no visibilizarse mucho, cabe presumir que de las personas indecisas que finalmente vayan a votar la mayor parte de ellas optará por alguno de aquellos partidos políticos contrarios a la independencia. No se trata de una mera especulación, sino de algo bien estudiado: los que dudan o prefieren no pronunciarse son, en su mayoría, aquellos que no comparten el sentimiento o la emoción que más presencia pública tiene.

• Y en todo caso, aunque lo que se presume en el punto anterior no acabara sucediendo, lo que parece inevitable es que la correlación de fuerzas, medida en número de votos, entre las fuerzas políticas partidarias de la independencia y las que niegan esa posibilidad no acabará inclinándose de manera rotunda a favor de una u otra opción. La sociedad catalana, en fin, se encuentra profundamente dividida en torno a esta cuestión.

Si lo anterior es cierto, y no hay ni un solo motivo para pensar que no lo es, el 28 de septiembre nos encontraremos prácticamente en la misma situación que antes de que comenzara esta campaña electoral:

• Con una Constitución que, al estar basada en la unidad del propio Estado —como es natural, y como sucede con las Constituciones de los Estados de nuestro entorno político-jurídico—, ni siquiera contempla la posibilidad de que una parte del mismo se independice, por lo que, para que esto fuera algún día posible, sería preciso llevar a cabo, con carácter previo, una reforma de la misma por el procedimiento agravado. Que, en términos generales, exige reunir el voto favorable de al menos 2/3 de cada Cámara, disolver estas, volver a convocar elecciones, obtener de nuevo el voto a favor de al menos 2/3 de cada Cámara recién constituida, y, finalmente, y con carácter obligatorio y vinculante, la celebración de un referéndum entre todos los españoles.

• Y con una sociedad que, empujada por ciertas fuerzas políticas y sociales, de diferente orientación ideológica, corre el riesgo cierto de fracturarse entre quienes defienden unas ideas y quienes abogan por otras, al haberse exacerbado hasta la extenuación el sentimiento identitario excluyente.

La salida de este grave embrollo pasa, por un lado, por acudir masivamente a las urnas el próximo 27-S, a fin de elegir a los nuevos diputados del Parlament de Catalunya; y, ya de paso, conocer con mayor exactitud quiénes están a favor de que se reconozca a Cataluña la posibilidad de ser algún día Estado independiente, y quiénes prefieren mantener la unidad del Estado español, sin perjuicio de que el mismo pueda ser reformado para mejorar su organización y funcionamiento.

La clave, por consiguiente, es esa: ir a votar, primero, y seguir dialogando, después, en búsqueda de acuerdos satisfactorios para todos o, al menos, para la inmensa mayoría. Porque sabemos que el uso de la fuerza, cuando no está así previsto en la ley, no puede ser una opción legítima en un Estado democrático de Derecho como lo es el nuestro. Ser demócrata pasa inevitablemente por aceptar esto: en primer lugar, que hay que respetar la ley, incluida, por supuesto, y antes que nada, la Constitución; y, en segundo término, que no es legítimo parapetarse tras esta para negar la posibilidad de que se produzcan cambios que una parte muy importante de la sociedad considera necesarios.

En definitiva, lo que hay que hacer es seguir construyendo Estado desde el respeto a la ley y atendiendo a las demandas del principio democrático. Si además lo que se busca es que todas las partes de ese Estado se encuentren cómodas dentro de él, porque el nuestro sea, como lo es, un Estado con una importante diversidad territorial, la respuesta cae por su propio peso: en el federalismo está la solución.

 Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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