En el fondo del asunto

Por Joan B. Culla i Clarà, historiador (EL PAÍS, 09/09/05):

Forzoso es admitir que, hasta el momento, las fuerzas políticas catalanas han actuado, en el tema del nuevo Estatuto, con singular falta de destreza, con una estomagante mezcla de miedos y euforias, de confusiones y frivolidades. Ciertamente, cabe invocar en su descargo la endiablada y sorpresiva situación que resultó del ciclo electoral de 2003-2004, con un Gobierno de Maragall tan novel en su composición tripartita como en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, con una oposición convergente novata e insegura en el nuevo papel político que le tocaba desempeñar, con una Esquerra ansiosa por consolidar su recién ganado suelo electoral y resuelta a no dejarse difuminar por los socialistas, y con éstos -por primera vez en la historia- gobernando a la vez en Barcelona y en Madrid. Todo ello, sin olvidar los daños estructurales causados por las crisis de enero de 2004 (dimisión de Carod Rovira) y de febrero de 2005 (escándalo del 3%), ni la tenaz labor de zapa de un PP inesperadamente arrojado del poder.

Aun así, ha habido torpezas difíciles de entender, y entre ellas destaca la referente al Consejo Consultivo. No siendo el Estatuto una ley catalana, sino española, la remisión del texto al Consultivo no era preceptiva y, de hecho, algunos vocales de este órgano se inclinaban por no elaborar el dictamen solicitado. Pero, según parece, los partidos creyeron que ese dictamen podía ayudarles a conseguir lo que, por sí solos, no habían alcanzado al finalizar el mes de julio: el compromiso político, la fórmula capaz de asegurar una mayoría parlamentaria de dos tercios. Era candor o era cinismo porque, naturalmente, el Consejo Consultivo no lo forman arcángeles, querubines ni otros seres de naturaleza celestial, sino personas bien terrenales que -como todos los juristas de este mundo, incluso los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos…- interpretan las leyes cada uno en función de su escuela académica, de su adscripción ideológica, de su biografía o su afinidad política. El resultado es que el supuesto arbitraje no ha sido tal; que, lejos de resolver o clarificar el debate entre los partidos, el informe del Consultivo lo enreda todavía más y que, de rebote, el prestigio de la alta institución queda erosionado.

Pero aparquemos por un momento el convoy estatutario en su apeadero catalán. Puesto que, en definitiva, la estación término del trayecto se halla en las Cortes Generales, es el marco jurídico-político español, ¿cuáles son las vibraciones profundas que de allí provienen? Suponiendo que el Estatuto no se malogre en Cataluña y llegue vivo a Madrid, ¿qué clase de acogida cabe augurarle entre sus únicos valedores posibles, los parlamentarios socialistas?

A título de aproximación indiciaria, el debate del pasado sábado en el comité federal del PSOE puede proporcionar algunas pistas, y no me refiero tanto a los reproches más o menos broncos que tuvo que oír la delegación del PSC, sino a dos intervenciones de calado, que reproduzco según la versión de EL PAÍS. Por un lado, el dirigente socialista extremeño Francisco Fuentes negó que existan “derechos colectivos”, y espetó a sus correligionarios catalanes: “Es un error político cambiar el debate de los derechos de los ciudadanos y la política social por la jerga (sic) de las identidades y los derechos de los pueblos”. Por otro, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aceptó las reformas estatutarias, “pero sabiendo que la legitimidad de las autonomías parte de la Constitución y la soberanía popular, no hay derechos preexistentes o históricos”.

O sea, que significados miembros de la dirigencia socialista española consideran la invocación de identidades subestatales -verbigracia la catalana-, y más aún la reivindicación para éstas de derechos políticos, como una “jerga”, como una impostura, como una burda patraña de propósitos inconfesables. Y sostienen que si Cataluña posee un autogobierno parcial, ello lo debe única y exclusivamente al marco constitucional de 1978. La Generalitat de 1931 y el reconocimiento de Josep Tarradellas por parte de Adolfo Suárez, 100 años de catalanismo político y, mucho antes, seis siglos de estatalidad liquidados manu militari no tienen, según eso, ningún valor. Cataluña, como La Rioja o Cantabria.

Si de los ámbitos competencial y simbólico, pasamos al de la financiación autonómica, los presagios son aún más oscuros porque en la cultura política española reina una convicción preideológica y preestadística, un tópico impermeable a los datos de la realidad: el de la Cataluña rica, burguesa y egoísta frente a las Castillas, Andalucía o Extremadura pobres, proletarias y sedientas de justicia. En el comité federal antes citado, la vehemente Manuela de Madre preguntó “por qué a Juan Carlos Rodríguez Ibarra le llaman socialista por defender a Extremadura y a Pasqual Maragall, nacionalista cuando defiende a Cataluña”. Pues por eso, porque Ibarra defiende a una comunidad de jornaleros pobres y dignos, mientras que Maragall aboga por una comunidad de negociantes aprovechados e insolidarios. Es la territorialización de la vieja lucha de clases, aun cuando hoy haya más miseria en Ciutat Vella que en la última aldea de las Hurdes.

En estas condiciones, mientras la OPA de Gas Natural sobre Endesa suscita reacciones casi xenófobas -“OPA hostil del lobby catalán”- y, en ciertos medios, la cúpula de La Caixa es descrita como el gran sanedrín del contubernio fenicio-tripartito para apoderarse de España -¿o era para desguazarla?-, empiezo a comprender a quienes propugnan recoger velas estatutarias y preparar un plan B. Da muchísimo coraje, lo sé. Pero, ¿y si el nuevo Estatuto resultara, entre unos y otros, peor que el viejo?