Durante la brutal y sangrienta guerra civil de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros de izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido político de extrema derecha que tenía sus propios escuadrones de la muerte, fueron enemigos a muerte, asesinos y asesinados.
Desde el homicidio en 1980 del arzobispo Óscar Romero —cuyo autor intelectual fue el fundador de Arena— hasta la firma de un acuerdo de paz en 1992, miles de campesinos fueron masacrados. A líderes sindicales y estudiantes les ataron con alambre los dedos pulgares detrás de la espalda, luego les dieron un tiro de gracia y dejaron sus cuerpos detrás de centros comerciales como una advertencia para los demás. Aproximadamente 75.000 civiles fueron asesinados durante la guerra.
El ejército actuó con impunidad y gozó de inmunidad.
Ahora el FMLN (con veintitrés diputados en la Asamblea Legislativa de 84 miembros) está apoyando un proyecto de ley sobre reconciliación nacional propuesto por Arena (con 37 diputados), que equivale a una amnistía de hecho para los delitos cometidos durante la guerra. Los políticos pueden tener aliados extraños, ¿pero esto?
Se espera que sometan a voto esta legislación esta semana, puesto que los partidos se están apresurando para aprobarla antes de que un nuevo presidente, Nayib Bukele, tome posesión este sábado, 1 de junio. Bukele ha manifestado su oposición a la medida. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, fue comandante del FMLN durante la guerra y se le ha vinculado con al menos un delito por que el se le podría someter a proceso si no hay amnistía: el secuestro de un empresario adinerado.
La amnistía propuesta también protegería a los autores del infame delito conocido como la Masacre de El Mozote. En diciembre de 1981, el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, cuyos oficiales acababan de regresar de un entrenamiento de contrainsurgencia de la CIA en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, asesinó a casi mil niños, mujeres y hombres en El Mozote y aldeas aledañas.
Después de separar a los hombres, a quienes se llevaron y, luego de torturarlos, los ejecutaron, los soldados ordenaron a las mujeres y a los niños que entraran en un convento ubicado detrás de la iglesia del poblado. Abrieron fuego con sus armas automáticas, para después incendiar el edificio, cuyas vigas, al caerse, aplastaron los cráneos de las víctimas, muertas o aún con vida. Muchos de los niños apenas caminaban, la edad promedio rondaba los 6 años.
Tras años de reveses en los tribunales, los sobrevivientes y parientes de familiares comenzaron a ver la luz de la justicia en 2016 cuando un juez reabrió una investigación sobre la masacre de El Mozote. En su sencilla sala del juzgado en San Francisco Gotera, un polvoriento pueblo agrícola en la región oriental de El Salvador, el juez citó a veinte altos mandos del ejército retirados, incluyendo al exministro de Defensa, José Guillermo García, y leyó los cargos, entre ellos violación, secuestro y asesinato, así como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los campesinos de poblados cercanos comparecieron al juzgado para revivir el horror. Amadeo Sánchez dijo al juez que había escapado a las colinas cercanas junto con su padre. Desde su escondite entre los henequenes, vio a dos jóvenes a las que soldados sacaron a empellones de su casa de adobe y las llevaron al río. Las escuchó gritar: “¡Mamá, me están violando!”. Luego escuchó disparos de arma de fuego y silencio.
Cuando regresó a su pueblo, Sánchez encontró los cuerpos de su madre y dos hermanos. También vio a una joven madre postrada en cama, con un tiro de gracia en la cabeza. A su lado, se encontraba su hija de un día de nacida. La habían degollado.
En el muro, me dijo Sánchez, al igual que lo hizo ante el juez, los soldados habían escrito con sangre: “Un niño muerto, un guerrillero menos”.
“Eso es burlarse de las víctimas”, opinó Sánchez la semana pasada acerca del proyecto de ley sobre amnistía, contra el que acudió a protestar frente al edificio de la Asamblea.
Si la nueva legislación se aprueba, se pondría fin al juicio de El Mozote, explicó David Morales, quien ha representado a las víctimas y a los sobrevivientes durante casi veinte años, desde que acababa de graduarse de la facultad de derecho y trabajaba como asistente jurídico del arzobispo. “Será imposible continuar”, afirmó.
Por si acaso, y para asegurarse de poner fin al juicio, la legislación establece que todos los juicios deben llevarse a cabo en la capital, San Salvador.
Además, conforme a la ley en discusión, solo se puede enjuiciar a los autores directos de delitos como asesinato, violación, secuestro y tortura, no a los capitanes, los coroneles ni los generales que los ordenaron. Según el proyecto, en caso de que se enjuiciara a algún soldado de nivel más bajo, no estaría en riesgo de que se le condenara a ir a la cárcel ni por crímenes de guerra ni por delitos de lesa humanidad.
El FMLN defiende su apoyo a la medida. “No es cierto que sea una ley de amnistía”, afirmó Nidia Díaz, lideresa del FMLN, en una declaración la semana pasada. Ella describió el proyecto de ley como “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Otro líder de partido, Jorge Schafik Hándal, cuyo padre fue el líder del Partido Comunista y comandante de la guerrilla durante la guerra, imita al presidente estadounidense, Donald Trump, negando la realidad. Cuando un reportero de El Faro le preguntó sobre la falta de sentencias de prisión en el proyecto de ley, Hándal, miembro de la Asamblea Legislativa del FMLN, respondió molesto: “No has leído la ley”.
El periodista lo había hecho. El artículo XII establece que “toda pena de prisión” impuesta antes o después de que la nueva ley entre en vigor “será suspendida por el juez”. La cárcel “será conmutada” por servicio comunitario de tres a diez años.
La Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas, que se creó como parte de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, descubrió que el Ejército y sus escuadrones de la muerte aliados fueron responsables de una abrumadora mayoría de los asesinatos durante la guerra.
Sin embargo, el informe del comisionado también detalla evidencia de “asesinatos extrajudiciales” y violencia por parte del FMLN, entre los que se incluyen los asesinatos de marines estadounidenses en la Zona Rosa, un distrito elegante de la capital, y de muchos alcaldes en cantones pequeños.
Las familias de cuatro religiosas estadounidenses violadas y asesinadas por soldados en diciembre de 1980 han pedido “de todo corazón” a los legisladores “que rechacen” la amnistía propuesta. En una carta abierta, las familias explicaron que una amnistía, “especialmente en el caso de El Mozote, sería otra negación de la humanidad de aquellos que fueron asesinados de manera tan gratuita”.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador también ha respaldado el juicio. “El juicio de veinte acusados, muchos de ellos anteriores altos mandos del ejército, puede constituir un barómetro de la capacidad del sistema de justicia salvadoreño para abordar su compleja historia y la profundamente enraizada impunidad”, escribió en un cable a Washington el embajador Jean Manes cuando el juez en Gotera reabrió la investigación y comenzó a escuchar testimonios.
Las lecturas del barómetro político, como medida de justicia, caerán si las fuerzas de la izquierda y la derecha logran promulgar una amnistía.
Raymond Bonner es un periodista estadounidense. Su libro mas reciente es Weakness and Deceit: America and El Salvador’s Dirty War.