Todo lo que brota de la tierra suele hundir sus raíces en ella, las buenas y las malas hierbas. También la raíz de la especulación urbanística está en el suelo.
Los hay que han querido irse por las ramas del problema cuando por ejemplo han achacado a la escasa financiación de los ayuntamientos la corrupción revelada en algunos de ellos, como si los gobernantes locales implicados se hubieran visto obligados a corromperse para financiar las necesidades de sus municipios. Pero no, no se tienen noticias de parques, casas de la tercera edad, centros culturales ni de equipamiento social alguno que se haya hecho con el fruto de las corruptelas. Éstas no se han transustanciado en instalaciones públicas para uso y disfrute de los vecinos sino en bienes de lujo adquiridos por los corruptos o en abultadas cuentas corrientes abiertas en paraísos fiscales.
La desequilibrada descentralización del Estado entre los diferentes ámbitos administrativos ha perjudicado a los municipios claramente, y la Federación de Municipios y Provincias está desplegando una encomiable labor para corregirla, con iniciativas institucionales acerca de las administraciones autonómica y central y multitud de propuestas legislativas para adecuar las leyes que rigen la vida de los ayuntamientos a las nuevas competencias y responsabilidades que de hecho deben asumir. Pero siendo cierto lo anterior, no se puede dar la impresión, ni aun ligeramente, de que se justifican la corrupción y los destrozos urbanísticos por causa de las deficientes finanzas de las haciendas locales.
No obstante, la ley del Suelo aprobada en 1998 con el primer gobierno del Partido Popular llevó en la práctica a la plena liberalización de suelo con el supuesto propósito de inducir el abaratamiento de la vivienda. Sin embargo, los resultados fueron justamente los contrarios. Entre 1998 y 2005 aumentó el precio del terreno urbano en un 500% y el de la vivienda lo hizo un 150%, estimulándose así la especulación inmobiliaria.
El pasado 23 de noviembre se presentó, por fin, la nueva ley del Suelo elaborada por el Ministerio de la Vivienda del Gobierno socialista, que marca notables diferencias con la anterior del PP. Establece un nuevo régimen de valoraciones sobre la situación real en que se encuentre el suelo en el momento de la tasación, a diferencia de la todavía vigente legislación que garantizaba la valoración por el método residual, es decir, en función de las expectativas de su aprovechamiento futuro, lo que ha fomentado las reclasificaciones especulativas. Se reservará un porcentaje del 25% del suelo como mínimo para vivienda protegida; reserva que no se previó en la ley de 1998 y que ha permitido que por ejemplo sea del 0% en comunidades como la valenciana y la balear; las administraciones no podrán vender ni subastar terrenos previstos para vivienda protegida por encima del valor legal máximo de repercusión para ese uso.
Como tampoco se podrán vender como libres las viviendas acogidas al Plan Estatal de la Vivienda 2005-2008 hasta transcurridos al menos treinta años desde su adquisición. Asimismo autoriza a las comunidades a participar de las plusvalías en un intervalo que va entre el 5% y el 15%, asegurando que los terrenos adjudicados a la administración correspondiente en función del precepto anterior se destinen a vivienda protegida y no a cualquier otro fin. Obliga a evaluar la sostenibilidad ambiental y económica de los nuevos desarrollos urbanos y tras la incorporación de una enmienda del grupo parlamentario socialista se deberán someter a planificación general urbanística aquellos proyectos que pudieran incrementar la población en más del 20%; avanza en la transparencia impeliendo a que los planes urbanísticos se sometan a información pública para que la ciudadanía pueda valorar su alcance y consecuencias, y refuerza los controles legales para prevenir y en su caso perseguir las operaciones que pretendan burlar la legalidad.
La creación del Ministerio de la Vivienda no fue bien acogida por algunos especialistas del sector y su ministra ha sido objeto de críticas a veces tan despiadadas como injustas. Pero esas adversas circunstancias deben servir para valorar aún más su gestión, que ha logrado movilizar 16 millones de metros cuadrados de suelo del Estado para construir 50.000 viviendas protegidas en tan sólo dos años y poner en marcha el Registro Estatal de Viviendas Protegidas, que permitirá luchar más eficazmente contra el fraude. Ahora la elaboración de esta ley viene a realzar su labor y la utilidad de su ministerio para afrontar uno de los más graves problemas de nuestra sociedad.
A. Gutiérrez Vegara, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso.