En eso estamos

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 30/11/06):

El pesimismo cunde respecto al mal llamado proceso de paz del País Vasco. Hasta Rubalcaba y el PNV han admitido que aquello va mal.

Los escoltas vuelven a proteger a las posibles víctimas, sigue la kale borroka,ETA se abastece de armamento, se ha doblado la cantidad que pagar por el impuesto revolucionario.La confianza está, pues, bajo mínimos. Sin embargo, según Zapatero, no hay que abandonar la esperanza, su proceso sigue...

Ojalá los deseos de Zapatero se vean cumplidos. Pero se generaliza la sensación de que todo el asunto se enfocó mal de entrada. Sin duda, había razones para confiar en la rendición de ETA, pero, tal como se plantearon las cosas, en lugar de contribuir al empujón final, la actual política está reforzando a los terroristas.

¿Cuáles eran las razones para esperar la rendición? En primer lugar, la situación objetiva de debilidad en que se encontraba ETA. Esta debilidad era debida a dos factores. Por un lado, la persecución policial y judicial había sido muy intensa desde que ETA reanudó sus actividades terroristas, tras la aventura de Lizarra, a fines de 1999. Sin embargo, el agotamiento logístico - de hombres y materiales- ya se había dado en otras ocasiones, por ejemplo tras la caída de 1992 en Bidart, pero siempre poco después la banda volvía a recobrar su capacidad acción terrorista.

La novedad, en este caso, venía de un segundo factor: el pacto antiterrorista sellado entre el PP y el PSOE a instancias de este último. Su principal fruto fue la nueva ley de partidos y, como consecuencia, la ilegalización de Batasuna. Éste era el principal factor de cambio en la situación de ETA el año 2004, momento en el que Zapatero pasa a ser presidente del gobierno.

En efecto, hay que decir que un rasgo característico de ETA es que se trata de una organización terrorista formada por un núcleo clandestino armado y por un entorno legal que actúa abiertamente: el primero ejecuta las acciones propiamente criminales y el segundo intenta legitimarlas diciendo que son la consecuencia de que en el País Vasco existe un conflicto y que, mientras no se solucione, los crímenes seguirán. Se trata de una trampa perfecta que convence a muchos.

Durante años, la lucha antiterrorista sólo se había limitado a perseguir al sector clandestino de la banda. Las resoluciones de la Audiencia Nacional contra el entramado económico que financiaba a ETA y el despliegue de la nueva ley de partidos, con la subsiguiente ilegalización de Batasuna, cambió el panorama. A partir de entonces, el soporte legal empezó a tambalearse. La ilegalización de Batasuna tenía como principal consecuencia que más de un millar de militantes de ese partido que trabajaban en instituciones públicas, en su mayoría municipales, se vieron forzados a abandonarlo. El golpe que la organización terrorista sufrió con todo ello fue muy importante: buena parte del entorno legal se quedaba sin medios de subsistencia. Se estrechaba, por tanto, el cerco. Así estaba, pues, la situación cuando Rodríguez Zapatero pasa a ser presidente del Gobierno. ¿Qué debía hacerse en esta situación? Dejar a ETA, a ambas fracciones, a la clandestina y a la legal, que entraran en contradicción aprovechando que sus intereses eran, por lo menos en parte, distintos. En todo caso, no había que dar esperanza alguna sobre la legalización de Batasuna a menos que la fracción armada se rindiera y entregara las armas. Para salvar esta contradicción, Otegi formuló un plan de salvamento conjunto en el que se planteaban dos mesas de negociación paralelas: una para negociar con el Gobierno acuerdos con la banda y otra de partidos políticos vascos, incluida la ilegal Batasuna, para obtener algunos de sus objetivos políticos. En medio de todo ello, hubo contactos secretos entre ETA y los socialistas vascos, que actuaban como emisarios del gobierno Zapatero. Lo que pactaron informalmente entre unos y otros - al amparo de una ambigua resolución del Congreso- no se sabe con certeza pero algo debió de ser.

Naturalmente, en el mundo etarra - incluidos los presos- renació la esperanza: los tenemos acorralados, quieren pactar, el Gobierno español no tiene otra salida, hay que legalizar de nuevo a nuestro partido, acercar los presos al País Vasco, lograr sentencias favorables y facilitar indultos. Eso sí, no contaban (ni saben qué son) con las reglas básicas de un Estado de derecho: con el principio de legalidad, la igualdad de trato como obligación de los poderes públicos, la independencia judicial. Al poco, pues, vino la desilusión: el Gobierno no cumple sus compromisos. Consecuencia, volvamos a ejercer presión: kale borroka,aumento de la extorsión, robo de armas. En eso estamos.

O bien hay razones secretas para el optimismo y lo que está a la vista no es más que un espectáculo para distraer la atención, o bien lo mejor es volver al lugar de donde nunca se debía haber salido: estrechar el cerco a ETA, no darles ninguna esperanza de negociación política, convencerles por los hechos de que la única salida está en su mano y consiste en entregar las armas, entre otras muchas los 350 cincuenta revólveres y pistolas que robaron recientemente en Francia.

Como declaró Iosu Ion Imaz a este periódico poco antes de la actual tregua (La Vanguardia,9/ IV/ 2006): "Mezclar la autodeterminación con el proceso de paz sería justificar la violencia".