En legítima defensa de la Constitución y de España

Uno de los políticos más preocupados por España dejó escrito: “Cuando nosotros decimos español damos a esta palabra un acento nuevo y viejísimo, porque resuena en el cóncavo más profundo de la historia de nuestro país (…); a mí lo que me interesa es renovar la historia de España sobre la base nacional de España (…); edificar una nueva España sobre la roca viva de España”. Se me ocurre si estas palabras de Manuel Azaña pronunciadas el 22 de junio de 1932 ante la Asamblea de Acción Republicana no habría que tenerlas muy presentes en el análisis de la situación creada por el proyecto separatista del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y, más concretamente, ante el referéndum convocado para mañana y que, al parecer, de una forma u otra y hasta con urnas made in China, tendrá lugar salvo que el tiempo o la autoridad competente lo impidan.

A estas alturas del calendario, pocas dudas caben de que el orden constitucional que los españoles nos dimos en 1978 hace tiempo que se encuentra en situación crítica por culpa de ese órdago independentista que el presidente Puigdemont y los suyos han lanzado al Estado. Se trata de un reto que, de forma irresponsable, con manifiesta violación de las garantías que rigen en nuestro Estado de derecho, amenaza con destruir la unidad de España y hasta la democracia.

Como punto de partida, en mi opinión la independencia de Cataluña es imposible constitucionalmente. La Constitución no admite planteamientos separatistas y, por consiguiente, la reforma del texto constitucional para lograr una escisión es inviable, entre otros motivos porque hay un principio básico; a saber, que la unidad de España, como Estado, es irrenunciable e indiscutible. La idea de una España dividida en naciones es un modelo teórico que hace demasiadas concesiones a la fantasía y resulta muy alejado del actual sistema constitucional. En España sólo hay una nación que es la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Así lo proclama el artículo 2 de la Constitución. También, que España se forma de nacionalidades y regiones, pero no que sea una nación de naciones ni que nuestro Estado español sea plurinacional. Poder autonómico no es poder soberano y el único referéndum permitido por la Constitución es el contemplado en el artículo 186. Sólo el pueblo español en su conjunto puede disponer de la nación misma y de su definición. Por tanto, la consulta planteada por el Gobierno catalán no tiene cabida en nuestro texto constitucional. Insisto. Cualquier decisión que afecte a la unidad e integridad territorial de España supone renunciar al Estado.

Lo sentenció Julián Marías en un artículo publicado el 10 de febrero de 1994 en el diario ABC: “Los nacionalismos son patéticos intentos de fingir naciones donde no las hay”. Una tesis con la que coincide Mario Vargas Llosa cuando recientemente, en la presentación de su libro Conversación en Princeton, afirmó que el referéndum era “un disparate absurdo, un anacronismo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro tiempo” y que el independentismo era una enfermedad que, desgraciadamente, había crecido de manera lamentable en Cataluña, a lo que yo, más modestamente, añadiría que el nacionalismo radical es la peor de las enfermedades de un Estado y que lo primero que un enfermo necesita para sanar es saber que está enfermo; lo segundo, aceptarlo con resignación; después, tener ganas de luchar contra la enfermedad; y, por último, si hay suerte, que el tratamiento haga efecto.

En su libro La democracia en 30 lecciones, Giovanni Sartori, después de preguntarse cómo la libertad protege al ciudadano de la opresión, contesta, que del modo que Cicerón decía hace más de dos mil años cuando escribía que “somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres”, pensamiento que, de forma aún más concisa, Locke reprodujo al proclamar que “donde no hay ley no hay libertad”. Tras la cita, la pregunta es obligada: ¿Por qué la libertad necesita de la Constitución y de la ley? Pues porque si gobiernan las leyes no gobiernan los hombres, y a través de ellos, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre.

He planteado la cuestión y ofrecido la respuesta porque a la vista está que en Cataluña –también en el resto de España– hay políticos y no políticos tercamente empeñados en entender la Constitución a su manera. E incluso no faltan quienes han acuñado la idea de que constitucional es todo lo que políticamente se quiere que sea constitucional, cuando es justo al revés. De ser como ellos propugnan, la Constitución sería un papel en blanco en el que los políticos podrían garabatear lo que les viniera en gana. Un país así no tiene constitución. En palabras de Kelsen, el Derecho no puede sustentarse en el postulado de “debes si quieres”, pues en tal supuesto el Derecho desaparecería. El procedimiento constitucional no sólo es un límite sino también y esencialmente, una garantía.

A mi juicio no existe en todo el arsenal del separatismo catalán un solo argumento que lo justifique. El intento secesionista es un nuevo exceso de los independentistas que pretenden dinamitar la convivencia y los pilares básicos de la nación española. Querer sacar las cosas de quicio o, si se prefiere poner los pies fuera del tiesto, se me antoja tan vano como ingenuo y confundir la mala causa con el milagro que pueda hacerla buena, es pecado político que suele pagarse a muy caro precio. Por supuesto, me niego prestar oídos al de “¡por nuestras narices!”, porque de eso tenemos todos. Dicho de otra manera: aquí, o somos cuerdos o nos vamos al garete. Y el que no lo vea así, que relea la historia de España, este pueblo que siempre estuvo a muchos codos por encima de sus domésticos y alicortos gobernantes. España no es, no lo fue nunca, tan sólo un delimitado espacio geográfico, a pesar de que desde los Reyes Católicos haya coincidido, más o menos, con la mayor parte de la península Ibérica. España es una manera de ser, un entendimiento de la existencia basado, paradójicamente, en el no entendimiento de los españoles entre sí. De la consideración de este mutuo no entendimiento, obtuvo Jovellanos la sagaz conclusión de que la unidad española radicaba en su empresa, ya que no en sus tierras, en sus hombres y en sus formas de vida.

La convocatoria de mañana, 1 de octubre, es un sainete para entretener al personal y quizá, lo que es peor, una estafa democrática al ofrecer a los ciudadanos un “derecho a votar por la independencia de Cataluña” que no existe. La única explicación que encuentro a tan descarado fraude de ley es que el nacionalismo nunca fue una doctrina política y sí una ideología que está más cerca del acto de fe en que se fundan las religiones que de la racionalidad que es la esencia de los debates de la cultura democrática. De ahí que existan catalanes que se atrevan a comparar la campaña por el referéndum independentista con la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King sin que sus partidarios se rían a carcajadas ante sus mismas caras. O que haya cadenas catalanas de televisión que exhiba a unos niños a quienes se adoctrina con el eslogan de “España será derrotada”, sin que una opinión pública se indigne ante patente manipulación.

¿Por qué esta maraña de tonterías y de flagrantes mentiras puede llegar a constituir una verdad política y a persuadir a millones de personas? Pues porque desde que empezaron los primeros amagos nadie se tomó en serio que los nacionalismos, cuando se les deja crecer como lo han hecho en los últimos años, son una bomba con capacidad para destruir el porvenir de cualquier nación. Los nacionalismos son auténticos intentos de crear naciones donde no las hay. Esto es lo que, por lo visto, algunos no pueden soportar. Por eso, hay que defenderse de ellos, hacerlo sin complejos y en nombre de la libertad. Es doloroso que siendo España una de las naciones más hermosas del mundo, todavía haya gente obsesionada por atacarla con airoso entusiasmo.Pidamos a nuestros políticos que se unan en la noble causa de la unidad de España, sin duda la más eficaz de todas las armas y la más rentable de todas las inversiones.

En democracia la libertad no supone que los ciudadanos puedan ejercerla sin respetar las leyes que la enmarcan. La libertad no es sinónimo de libertinaje, ni de caos. La ley que en España garantiza el ejercicio de la libertad es, precisamente, la Constitución de 1978 que establece, de manera inequívoca, que una parte de la nación no puede decidir segregarse de ésta en contra del resto de los españoles. Lo dijeron las cuatro asociaciones de jueces españoles en una nota hecha pública el pasado 14 de septiembre, cuando, entre otros particulares, recordaban que “una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida…”, lo que viene a coincidir con el manifiesto de 230 profesores universitarios –con Fernando Savater a la cabeza– al afirmar que no es preciso ser especialista en Derecho Constitucional o en Historia Contemporánea para saber que no hay democracia sin sujeción a la ley, al tiempo que pedían al presidente del Gobierno Mariano Rajoy que no dudase en recurrir a todos los medios constitucionales sin excepción en aras a salvaguardar las instituciones democráticas y la unidad de la nación española e impedir la celebración del “falso referéndum ilegal”. Esta es la responsabilidad del Gobierno: cuidar de España y de la Constitución. No hay razones jurídicas ni históricas para romper España.

Ante el desafío, el orden constitucional comporta evitar el anunciado referéndum independentista. Es una consulta aprobada con vulneración de la Constitución. La actitud desobediente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña pone de manifiesto que la intentona secesionista es más que eso. Tanto como que con el vigente Código Penal (CP) y la jurisprudencia en la mano, y según apuntaba certeramente la magistrada Carmen Lamela en su auto del pasado miércoles, dictado en las Diligencias Previas 82/2017 del Juzgado Central de Instrucción número 6, en los sucesos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre en el curso de la práctica de una serie de actuaciones acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona concurren indicios suficientes que permiten sostener que se dan los elementos que configuran el delito de sedición del artículo 544 CP, competencia de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Si mañana el ilegal referéndum se celebra ello supondrá reconocer que la Constitución ha dejado de regir en Cataluña y que millones de ciudadanos que quieren vivir bajo el techo de la Constitución de 1978, quedarán desprotegidos. Ante semejante riesgo, al Gobierno corresponde impedir la violación del texto constitucional y proteger los derechos establecidos en él. Las instituciones del Estado tienen la obligación de actuar con firmeza y defender la vigencia de la Constitución, la democracia y los derechos y libertades de todos los españoles.

Yo daría cualquier cosa por convencer a los nacionalistas catalanes partidarios del secesionismo que cuando un país se despedaza, es como cuando una empresa se descapitaliza, que a la vuelta de la esquina lo que espera es la quiebra, seguida de ruina. Tras el empecinamiento de muy concretos e insensatos nacionalistas de querer una España hecha añicos lo que subyace es una buena dosis de racismo. Admito que la afirmación puede ser algo drástica, pero no menos que desoladora es la España descuartizada que algunos desean ver. A nadie debe asustar enfrentarse con la verdad, por amarga que fuere. La actuación de las instituciones del Estado, cada una en el ámbito de sus respectivas y legales competencias, rechazando, en su totalidad, el movimiento golpista apadrinado por la Generalidad es, en términos jurídicos, una legítima defensa de la Constitución y de España. Porque un golpe de Estado y una rebelión popular es lo que está sucediendo en Cataluña.

Javier Gómez de Liaño es abogado, juez en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL.

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