Antonio Beristain es catedrático de Derecho Penal y director H. del Instituto Vasco de Criminología (LA RAZON, 08/02/04).
Mañana conmemoramos el aniversario del vil asesinato de nuestro querido y admirado Joseba que tanto, y cada día más, lamentamos, pues su bondad, su valentía, su inteligencia, su generosidad, su afecto y su servicialidad gratuita hacia los demás... nos siguen guiando y animando a imitarle en todo, y especialmente en su talante de entrega para los otros.
Este rasgo fundamental suyo —de persona para los demás, persona excéntrica (en el sentido positivo, laudatorio, de Jacques Lacan)— es el que deseo comentar brevemente en estas líneas, ante la imposibilidad de asistir hoy al homenaje que se le ofrece en Andoain, pues salgo hacia México, para mañana iniciar un congreso internacional sobre el Derecho Penal del futuro, a la luz de la Sociedad Mundial de Criminología y de Victimología. Este rasgo tan suyo y de otras macrovíctimas del terrorismo es afortunadamente el que ya se está empezando a conocer y reconocer en el País Vasco y en el resto de España, sobre todo desde hace pocos días, con ocasión del I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, celebrado en Madrid los días 26 y 27 de enero.
Pero, por desgracia, determinados medios de comunicación, algunos políticos y algunos tratadistas desconocen todavía y tergiversan el perfil de las macrovíctimas de ETA pues ellos olvidan, omiten y silencian lo que buscan y piden principalmente las macrovíctimas directas e indirectas, activas y pasivas, con sus familiares: que se les reconozca como personas protagonistas axiológicas de la nueva convivencia en justicia y en paz, según proclaman las Naciones Unidas desde 1985, y con más insistencia y claridad desde la Resolución sobre «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», de 18 de enero de 2000.
Como amigo y admirador de Joseba y de cientos de víctimas cruentas e incruentas (que no debemos olvidar, pues su victimación, aunque incruenta, causa grandes dolores y sufrimientos), me permitiría discrepar de algunas manifestaciones del señor Julio Medem y de su opinión, expresada en algún diario. Según él, a las víctimas de ETA, «nada les da más razón política o ideológica». Decenas de eminentes especialistas se apartan de esta opinión y argumentan, como Ernesto Garzón Valdés (Universidad de Maguncia), que a las víctimas les debemos conceder su rol de agentes éticos en pro de la convivencia fraternal. El señor Medem añade que «mucho menos, les da licencia para insultar, calumniar ». Él puede tomar conciencia del ejemplar comportamiento de las macrovíctimas, privado y público, en favor de los demás. No, como indica, para calumniar Ni lo hacen, ni lo intentan. Nadie lo constata.
Puede recordar el señor Medem, de cuya buena voluntad no dudo, que la Antropología, la Psicología, la Política criminal, etc., formulan un axioma indiscutible: quien siente mucho odio (como él parece afirmar de algunos miembros de la AVT), lo manifestará con comportamientos violentos y delictivos. Afortunadamente, las macrovíctimas del terrorismo y los miembros de la AVT nunca han cometido, ni planeado cometer el delito tipificado en el artículo 455 del Código Penal español, «de la realización arbitraria del propio derecho». Este fenómeno real, muchos lo consideran como lo que vulgarmente —pero también inteligente y fundadamente— se llama «milagro heroico».
Apoyado en mi formación como catedrático de Derecho Penal, y sacerdote jesuita, cultivador de la justicia anamnésica, del recuerdo y la memoria, cum ira et studio (J. M. Mardones, J. B. Metz, J. Sobrino), me pregunto si ante la mayor extensión y gravedad del terrorismo internacional conviene tipificar un nuevo delito, que condene la «falta al respeto debido a la memoria de las macrovíctimas ». Porque éstas merecen mayor respeto que el resto de los ciudadanos. A las macrovíctimas, como a Maximiliam Kolbe, no debemos equipararlos a la mayoría de las personas. El legislador y el juez deben diferenciarlos en su tratamiento judicial. Considero que así lo proclaman los Derechos Humanos, y la Decisión Marco sobre el Estatuto de las Víctimas en el Proceso Penal, del Consejo de la Unión Europea, de 15 marzo de 2001. También la ética, desde el «Coro» de los ciudadanos de Atenas, varios siglos antes de Cristo, cuando juzgan y honran a Antígona, en la tragedia de Sófocles.
Por fin, aprovecho la ocasión para agradecer al insigne artista vasco e internacional Agustín Ibarrola por su generosa aportación, su monumento que se inaugura hoy, para honrar a Joseba Pagazaurtundua, semejante al bello monumento en Ermua... Estos homenajes se deben en estricta justicia —no sólo como solidaridad— a tenor de la ONU, en su citada Resolución.