Reconocidos académicos e investigadores han denunciado durante los últimos meses, a través de diferentes columnas y medios, recortes en el presupuesto para la ciencia en México, al grado de referirse a un “desmantelamiento” por parte del Estado. Sin embargo, esto no se refleja en las previsiones económicas para el año entrante; lo que sí hay, en las cifras y en el discurso de las autoridades, es un ajuste en cómo se asignarán los recursos.
El Gobierno propone destinar durante 2020 a Ciencia, Tecnología e Innovaciones el equivalente al 1.6% del total del presupuesto nacional. El Anexo 12, donde se contemplan todos los proyectos en esta materia de las diferentes dependencias, suma 98 mil 316 millones de pesos, lo que significa un aumento respecto a este año.
En 2019 el monto para ciencias fue de 91 mil 390 millones, equivalentes a 1.5% del presupuesto total. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) —parte del Anexo 12— se encuentra en un panorama económico similar: el año pasado le tocó 0.4% del total de los recursos y lo que se proyecta para el 2020 es exactamente lo mismo.
El tema del Conacyt ha sido uno de los más discutidos. Ha habido múltiples protestas por parte de la comunidad académica sobre los recortes a los Centros Públicos de Investigación. De lo que se ha hablado poco es de los puntos clave en el Plan de Reestructuración Estratégica de esa dependencia, elaborado por su titular, María Elena Álvarez-Buylla. En él señala que se buscará un “manejo presupuestal transparente, eficiente y austero” y también “anteponer el interés público sobre el empresarial”.
La funcionaria señaló en una entrevista en televisión abierta que el sexenio pasado se transfirieron 35 mil millones de pesos a iniciativas privadas y se dedicaron menos de 3 mil millones a la ciencia básica.
Los contratos con las empresas privadas—según señaló en el mismo programa— eran, por ejemplo, a la automotriz Ford para la innovación de colores de pintura, a Sigma Alimentos para pizzas refrigeradas o a Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras. Algo también reportado por otros medios.
Álvarez-Buylla también dijo que el recorte prespuestal a los Centros Públicos de Investigación era una mentira.
En un país donde la mitad de los niños y niñas menores de tres años no completan su cartilla de vacunación, por poner un ejemplo de qué deberían ser prioridades, el gasto presupuestal debería ser sumamente selectivo.
Además, el contexto internacional nos ha enseñado que los contratos en lo que a “conocimiento científico” respecta se deben revisar con lupa: por ejemplo Coca-Cola, una de las empresas más grandes del mundo, gasta cientos de millones de dólares al año en financiar o cofinanciar estudios —muchas veces realizados por entidades o universidades públicas— relacionados con la salud con una condición: puede decidir qué hacer con los resultados.
En estos contratos, según un estudio publicado en el Journal of Public Health Policy, se establece que todos los derechos de propiedad le pertenecen y que puede frenar cualquier investigación en el momento que lo desee. Junto con otras compañías de comida, como Nestlé o McDonald’s, opera el llamado International Life Sciences Institute, que no es otra cosa que un grupo de cabildeo disfrazado que ha logrado influenciar gobiernos tan grandes como el de China para asegurarse de que las políticas públicas no interfieran con sus intereses.
Álvarez-Buylla abrió el debate del rol de la iniciativa privada en la generación y apropiación de conocimiento, tecnología e innovación, y dijo en voz alta lo que no se escucha frecuentemente: en este campo también puede haber corrupción. Sin embargo, y eso hay que reconocerlo, aún falta mucho para colocar a la ciencia como un motor del desarrollo nacional, pues para que eso suceda no alcanza destinarle sólo uno de cada 100 pesos del presupuesto.
Es necesario evitar la corrupción en la entrega de los recursos, pero también poner a la ciencia como una prioridad, así como lo son la seguridad pública o los programas de apoyo social. El académico de la Universidad de Princeton Andrew Zwicker llama a esto una “alfabetización científica”: lograr que la población cuente con métodos, herramientas, sistemas y procedimientos para poder analizar el entorno. Lograr, al final, tener ciudadanos críticos y exigentes, difíciles de manipular y capaces de colaborar para tener sociedades más sanas, unidas y justas. Al final, ¿no es eso lo que busca la Cuarta Transformación?
Luisa Cantú Ríos es directora del Buró de Investigación en ADN40 y conductora del noticiero Tu mundo en tiempo real.