En el medio del continente americano, en una realidad paralela llamada Nicaragua, un grupo de activistas son encarcelados por llevar agua a personas en huelga de hambre. ¿Cómo explicarle al mundo que eso puede suceder?
Empecemos con que, aunque ese mundo parece olvidarlo a veces, Nicaragua es una dictadura. Una dictadura que según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha asesinado al menos a 328 personas y exiliado a 88 000 más.
Es un régimen autoritario y criminal que mantiene el país en un permanente estado policial sin espacio para que quienes disientan puedan expresarse. Cualquiera que lo haga es perseguido y encarcelado, pues el gobierno mantiene total control del sistema de justicia, que se ha convertido en un inescrupuloso brazo que se dedica a inventar cargos y falsificar pruebas.
Este 14 de noviembre un grupo de madres de los más de 150 presos políticos que aún se encuentran en las cárceles, se reunieron en una iglesia para realizar una huelga de hambre, exigiendo que sus hijos fueran liberados antes de Navidad. Las madres escogieron la iglesia San Miguel, en la ciudad de Masaya, que ha sido un símbolo de resistencia durante este periodo crítico en el país.
La rebelión cívica en el país inició en abril de 2018 y el párroco de esa iglesia, Edwing Román, la ha acompañado desde entonces. Su iglesia ha sido un punto de apoyo para los heridos y perseguidos políticos.
En San Miguel se encontraban las madres que hacían huelga, el sacerdote y algunas personas más que los apoyaban. Fueron cercados en la propia iglesia por miembros antidisturbios de la Policía y los suministros de electricidad y agua fueron suspendidos. Las redes sociales y los pocos medios independientes que quedan en el país empezaron a compartir el llamado de auxilio de estas personas que necesitaban agua, medicinas y algunos alimentos.
Activistas y miembros de la Unidad Nacional, la mayor agrupación de organizaciones de sociedad civil, se hicieron presentes ese día en la noche para llevarles agua y medicinas. De regreso a la capital, Managua, al menos cuatro carros de la caravana fueron detenidos y 13 personas fueron trasladadas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como El Chipote, señaladas por organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional como cárceles de tortura.
En una siniestra vuelta de tuerca, ayer 18 de noviembre el gobierno de Daniel Ortega acusó a las personas apresadas por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego. Entre los activistas hay jóvenes publicistas, diseñadores, administradores de empresas y bomberos voluntarios, cuyo objetivo esa noche no era más que llevar agua a quienes lo necesitaban.
Entretanto, ya transcurren cuatro días en que las personas encerradas en la iglesia San Miguel, en Masaya, están sitiadas por policías y paramilitares que han bloqueado cualquier ayuda humanitaria. La Policía incluso tomó las casas que rodean el edificio para que nadie pueda auxiliarlos.
Mientras Nicaragua se corona como el reino de lo absurdo y esta historia de terror sacude la vida de todos los nicaragüenses dentro y fuera del país, la comunidad internacional combate a Ortega a punta de comunicados y llamados de atención. Mientras el Estado criminal cerca una iglesia con gente adentro y encarcela a jóvenes activistas por ser solidarios con ellos, la comunidad internacional se muestra indolente siguiendo los tiempos de las burocracias.
Muchos señalan que este recrudecimiento de las medidas violentas por parte del régimen se debe a la reciente salida del poder de su aliado en Bolivia, Evo Morales. Ortega dijo la semana pasada que si la vía electoral no funciona, defenderá la revolución con las armas.
Eso receta Ortega: balas contra una población desarmada que protesta ondeando banderas, en huelgas de hambre y llevando agua a quienes lo necesitan. Esta dictadura criminal no solo debe ser condenada internacionalmente de manera más enérgica, sino llevada ante la justicia.
En Nicaragua, todas las semanas, matan campesinos. En Nicaragua, los medios independientes son perseguidos y censurados. En Nicaragua hay más de 150 presos políticos. En Nicaragua está prohibido protestar. En Nicaragua está prohibido vivir.
Pero también en Nicaragua no hay un solo día que la gente no encuentre una manera de desafiar al régimen y manifestarse. Por ello, recordando cómo las naciones y los humanos son propensos a olvidar, esto es un llamado urgente a que no abandonen a Nicaragua, que hoy lucha por su libertad a pesar de la cruel represión.
Dánae Vílchez es periodista nicaragüense.