En otro planeta

Resulta sospechosa la persistente disonancia entre lo que el Gobierno dice y lo que se puede percibir en la realidad. Por ejemplo, quienes tienen que hacer frente a la recesión en la primera línea de empresas o negocios grandes, medianos o pequeños anticipan un 2010 extremadamente duro mientras el Gobierno se refiere a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año como «las cuentas de la recuperación». La disonancia se hace aún más sospechosa, pero sobre todo preocupante, cuando frente a las seguridades que ofrece el Gobierno de que España estará en el pelotón de cabeza de la recuperación junto con las principales economías europeas, todos los informes más solventes de analistas e instituciones internacionales insisten en que quedará -de hecho, se encuentra ya- rezagado en la superación de la crisis, y más aún en cuanto a capacidad para volver a crear empleo.

Al Gobierno se le puede considerar optimista, oportunista, bienintencionado, incompetente, improvisador o simplemente temeroso de situar a los ciudadanos ante la gravedad de la crisis. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que, propulsado por el discurso y la imagen de Rodríguez Zapatero, el Gobierno se sitúa cada vez más lejos de la realidad. Negó la crisis con supuestos argumentos que cuanto más se recuerdan, más asombro producen, bien por su candidez o por lo que tenían de deliberada ocultación. Cuando la crisis era innegable, la medicina fue, de nuevo, el argumento anestesiante del envidiable margen de maniobra de que disponía el Estado debido al superávit presupuestario que a modo de colchón haría pasar desapercibido el impacto de lo que entonces se llamaban «dificultades económicas». Ahora es precisamente la insostenibilidad del déficit lo que justifica en el discurso del Gobierno la subida de impuestos, tanto la explícita como la camuflada en los presupuestos.

En diciembre de 2006, el mismo día en que se conocían los datos de un Euskobarómetro según el cual el 64% de los vascos consideraba ‘perfectamente posible’ que ETA volviera a matar, el presidente del Gobierno auguraba que en este capítulo estábamos bien y dentro de un año estaríamos mejor. Tiempo después, Rodríguez Zapatero, es cierto, lo ha reconocido como su mayor error.

Fue también en la anterior legislatura cuando se promovió una mutación sustancial del modelo autonómico por obra del nuevo Estatuto catalán con la promesa de que así se resolvía el encaje de Cataluña en España y el Estado ganaría a la vez en cohesión y adhesión. La realidad es que la revisión estatutaria no figuraba ni de lejos entre las preocupaciones y prioridades de los catalanes, ni al comienzo del proceso ni al final de éste, como quedó demostrado con la escasa y desganada participación en el referéndum de ratificación del nuevo texto estatutario. Y no parece, desde luego, que los objetivos políticos declarados del nuevo Estatuto se hayan conseguido. Bien al contrario, parece que con el Estatuto el nacionalismo ha pulsado el botón de reinicio y abre una nuevo capítulo en su confrontación desde posiciones más desafiantes.

Reaparece remozado el viejo tópico entre la España oficial y la España real.

Cinco años y medio en el poder configuran ya una trayectoria ante la que cabe preguntarse en qué mundo vive el Gobierno, cómo forma sus diagnósticos, a qué responden sus discursos más allá de su retórica complaciente. Porque, desde esa perspectiva temporal, se puede contemplar, con melancolía orteguiana, la cantidad de energía colectiva estérilmente gastada en causas banales, en ejercicios temerarios, en objetivos fallidos. Y cuando el país se encuentra jugando la promoción para ver si se libra del descenso, y en eso estamos, no hay energías que dilapidar.

Tal vez por eso, esta crisis, que es mucho más que económica, nos ha encontrado con los consensos rotos, con los liderazgos faltos de credibilidad, con un debate público sin densidad argumental alguna, con la política entendida como simple astucia para la imagen, con el repliegue de los ciudadanos en una sociedad de pulso débil. Y nada de esto augura que España podrá tener el papel que se supone que le corresponde en la definición de los nuevos paradigmas económicos, sociales y culturales que con seguridad han de salir de esta recesión global.

La realidad exige integrar y actuar para acometer un programa de reforma que va desde la educación y la globalidad del gasto público hasta la disfuncional y precaria estructura del Estado. Ese impulso reformista ha estado presente en la sociedad española, y no hay razón para creer que una generación después de aquélla que llevó a cabo la Transición democrática, haya desaparecido la capacidad de la inmensa mayoría de los españoles para pensar en el país en términos de verdadera responsabilidad histórica.

Quienes tienen el deber de liderar parecen tener a los ciudadanos por menores de edad, gentes inmaduras que no son capaces de entender y comprometerse con las soluciones a los problemas de su país; hombres y mujeres que carecerían de virtudes cívicas y ante los que sólo cabe la demagogia, el halago populista o el asistencialismo. Así se escribe el discurso de ricos y pobres, la arremetida constante contra los empresarios, o esa superstición que atribuye a la voluntad del Gobierno a través de una ley ni más ni menos que el cambio de modelo productivo.

«Españoles, a las cosas», pedía Ortega. Y su apelación vuelve a tener sentido. Sobre todo aplicada a la política; a la política como arte de realidad, no de su escamoteo; a la política como estímulo de virtudes cívicas en los gobernados; a la política como fortalecimiento y cultivo del espacio público, no como profundización en la trinchera sectaria; a la política como propuesta de los proyectos compartidos y los objetivos ambiciosos en este tiempo de prueba. Sólo en las cosas, en la realidad, esa política a la fuga podrá reencontrarse con los ciudadanos entre quienes hoy se extienden el descreimiento y la abstención.

Javier Zarzalejos