“Lamento por los que no entienden, pero un peruano debe hablar quechua", dijo Gregorio Rojas Paniura, dirigente indígena de Fuerabamba, comunidad ubicada en los Andes del sur del Perú, en cuyos territorios se desarrolla el proyecto minero Las Bambas, de la empresa china MMG. Rojas, de 34 años, inició en este idioma la reunión comunal para definir las acciones durante la protesta que impulsó entre marzo y abril de este año en rechazo a la declaración inconsulta de la vía que atraviesa sus tierras (y que es usada por la mina para extraer el cobre) como carretera nacional administrada por el Estado. Entre los asistentes, periodistas de la ciudad capital trataban de recolectar información. Esa frase fue la única que dijo en español.
En los últimos años, muchas cosas han cambiado en las comunidades andinas del sur como Fuerabamba: se ha reducido los porcentajes de pobreza monetaria, los líderes han desarrollado amplias redes de contacto a nivel nacional, e intercambian experiencias con otras regiones mineras. Los dirigentes que ahora negocian y contratan abogados para asesorarse, son los hijos de una generación que, en muchos casos, no pudo acceder a una educación. Muchos de ellos incluso, como los comuneros de Chilloroya (Cusco), en la zona de influencia de un proyecto de la canadiense Hudbay, son los hijos y nietos de hombres y mujeres que hace más de cinco décadas trabajaban en condiciones de servidumbre en las grandes haciendas del sur.
El de Fuerabamba es solo uno de los 123 conflictos socioambientales que la Defensoría del Pueblo identifica en Perú, 60% de los cuales están asociados con la minería. Su historia refleja nuevas formas de negociación de las comunidades andinas y al mismo tiempo el desprecio de varios actores de la sociedad (Estado, empresas y algunos líderes de opinión), que cuestionan sus demandas de mayores beneficios por el uso de sus tierras e incluso su identidad cultural.
A diferencia de otras comunidades andinas, Fuerabamba no rechaza la minería. Sin embargo, durante esos días de protesta entre marzo y abril, esos mismos actores los tildaron de “antimineros” y “radicales" (la frase que han elegido los grupos más conservadores para desautorizar cualquier crítica a la minería). Esta vez, la comunidad exigía el pago de una compensación de 40 millones de soles (12 millones de dólares), por haber declarado como vía nacional un trazo de 12 kilómetros dentro de su territorio sin siquiera consultarles.
Pero eso sucede ahora. Cinco años antes, fue el mismo Estado el que ignoró la identidad indígena de esta y otras comunidades, vulnerando su derecho a la Consulta Previa —un mecanismo que obliga al gobierno (en el caso peruano desde el 2011) a impulsar un diálogo abierto e intercultural con las comunidades indígenas sobre cualquier medida o proyecto que pueda afectarlas— sobre el impacto del proyecto minero Las Bambas.
Entre el 2013 y el 2015, años decisivos para grandes inversiones mineras al sur del Perú, el gobierno mantuvo oculta la lista de comunidades con derecho a este proceso, argumentando que hacía falta más información.
Como varios reportajes de Ojo-Publico.com han revelado, solo en la región Apurímac en esa lista preliminar existían 26 comunidades quechuas cercanas a proyectos mineros. En 2015, cuando el gobierno publicó su lista oficial, figuraban solo 13. Las demás habían sido retiradas. Ese fue el caso de Fuerabamba, pero también de Chuicuni, Chumsille, Chilloroya y otra decena de comunidades en cuyos territorios se aprobaron millonarios proyectos mineros en Apurímac, Cusco y Puno.
La vulneración de estos derechos fue reconocida en 2015 por la entonces ministra de energía y minas, Rosa María Ortiz: "No ha habido voluntad de hacer consulta previa”, dijo en una entrevista. Este ha sido el tipo de relación que los gobiernos han impulsado contra los pueblos indígenas en las zonas andinas influenciadas por proyectos mineros. No hay un solo funcionario sancionado por haberles violado este derecho. Y, sin embargo, en el mismo tiempo, ese mismo Estado ha impulsado violentas represiones y el endurecimiento de sanciones penales para los que lideran las protestas y bloquean carreteras.
Los conflictos sociales en países como el Perú, donde gran parte de los metales y recursos naturales a extraídos se encuentran en territorios comunales, exponen la indolencia del Estado y de otros sectores de la sociedad. En más de dos décadas de promoción entusiasta de la inversión minera, los gobiernos han sido incapaces de entender su identidad, expectativas y demandas. En la Amazonía, con sus muchos problemas pendientes, existe un consenso para el reconocimiento de las comunidades indígenas, pero eso no ocurre con las comunidades quechuas y aymaras de los Andes, que están en mayor contacto con las grandes ciudades.
Hace unos años, Carlos Gálvez, actual presidente de la convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin, y entonces vicepresidente de finanzas de Buenaventura, una de las principales compañías mineras, dijo en una entrevista “que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado”. Dijo esto porque presidentes, políticos, empresarios y analistas en medios se han opuesto en reiteradas ocasiones a la existencia de pueblos indígenas en los Andes y a su derecho a la consulta previa.
“¿Para qué quieren más dinero?”, les llegaron a decir. Estas voces revelaban un prejuicio acentuado por años, como si lo indígena no tuviera derecho a la riqueza, como si fuera un ser inamovible y folclórico de postales turísticas. Fuerabamba fue la expresión de una forma de relación, la de una serie de comunidades quechua con recursos exigiéndoles nuevas condiciones al poder.
Nelly Luna Amancio es periodista de investigación especializada en la cobertura de medio ambiente y poder. Es editora general y fundadora de Ojo-Publico.com.