En su último año de mandato, el presidente de Perú busca auxilio en un nuevo gabinete ministerial

A punto de empezar su último año como presidente del Perú, Martín Vizcarra recurre al mismo truco que utilizó cuando debutó en el cargo en el 2018: convocar como jefe del Consejo de Ministros a un personaje que ya ocupó ese puesto antes en otro gobierno. La función de este puesto es clave, pues sirve de pararrayos frente a escándalos públicos y, a la vez, de mediador de diálogo en un momento crucial en el que la tarea prioritaria es atender la crisis sanitaria y reflotar la economía nacional.

Vizcarra es una rara avis en la política peruana y de América Latina: llegó al poder como sustituto, no tiene bancada parlamentaria ni partido que herede su legado, no ha tenido grandes obras ni un manejo admirable de gestión pública ni de la pandemia por la COVID-19. Aún así, mantiene una alta aprobación popular —65% de popularidad, según la última encuesta de Ipsos— enraizada básicamente en su confrontación con el Congreso de la República, una de las instituciones más desaprobadas en los últimos años entre los peruanos.

En 2018, al asumir la conducción del país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra le confió la presidencia del Consejo de Ministros a César Villanueva, un político que si bien había sido elegido parlamentario por un partido, pasó sus últimos años deambulando por varias organizaciones. El problema de este tipo de alianzas es que uno asume los pasivos de sus actos: luego de dejar el cargo, Villanueva fue incluido en una de las investigaciones por recibir pagos ilícitos del Caso Lava Jato. A Villanueva lo sucedieron otros dos funcionarios en ese puesto antes de los cambios realizados ayer.

Ahora, Vizcarra ha optado por Pedro Cateriano, un viejo político liberal que ocupó el mismo cargo en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, entre 2015 y 2016, con el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa. Él reemplaza a Vicente Zeballos, un hombre con escasa capacidad para conciliar con la oposición.

Las decisiones de Vizcarra son de sobrevivencia: requiere de estos políticos curtidos, pues él no tiene aliados institucionales suficientes para dialogar con los opositores. Hasta la disolución del Congreso, el 30 de septiembre de 2019, la confrontación con este poder le sirvió a Vizcarra para navegar a través de las crisis de gobernabilidad.

Sin embargo, en el nuevo periodo parlamentario, iniciado en marzo, la confrontación ya no es suficiente, y tiene que presentar alternativas.

Vizcarra se ha visto en apuros, pues el Congreso ha aprobado normas a las que el Ejecutivo se opone, como la suspensión durante la cuarentena del cobro de peajes concesionados, la formalización de los autos colectivos o las penas de cárcel por especulación y acaparamiento. Algunas de estas propuestas no solo son populistas, sino que ponen en riesgo al país de afrontar arbitrajes internacionales. De nada le sirvió sus quejas públicas, pues el Parlamento siguió adelante, por lo que el Ejecutivo tuvo que interponer al menos una demanda de inconstitucionalidad contra la primera de ellas.

En el Congreso, seis de las nueve bancadas presentaron pedidos de interpelación —paso previo a la censura— contra seis ministros, bajo el argumento de los problemas en la atención hospitalaria, la distribución de los bonos económicos para familias necesitadas, los motines en las cárceles y otros problemas de gestión durante la pandemia. Ayer, cuatro de ellos fueron reemplazados. De no haber hecho estos cambios, Vizcarra se exponía a perder públicamente en el debate, y que con ello comience una ofensiva sin control sobre sus ministros.

La situación es paradójica, pues el nuevo Congreso está integrado por políticos con mucha menor experiencia que los que fueron destituidos. Pero también son menos predecibles: toman decisiones a las que días atrás se oponían, como quedó sentado durante el debate de los proyectos para hacer modificaciones al sistema político.

Si a Vizcarra le quedaba la remota idea de volver a cerrar el Congreso como solución a sus problemas, esa idea va quedando descartada, pues a partir del 28 de julio próximo quedará imposibilitado para hacerlo. Por ello, su único camino para entenderse con la oposición será el diálogo.

“Y lo digo yo que he estado en muchas ocasiones en el lado de la confrontación, pero creo que ahora nuevamente tengo que cumplir como presidente del Consejo de Ministros un rol más conciliador”, ha dicho Cateriano en su primera entrevista luego de asumir el cargo.

El problema es que dependen básicamente de sus habilidades de juego. Los principales críticos de su designación indican que durante el gobierno de Humala, Cateriano fue un personaje confrontacional con la oposición representada por el fujimorismo y el aprismo, los partidos de Keiko Fujimori y del expresidente Alan García. Aunque otros también reconocen que, en medio de todas las diferencias, tuvo capacidad de convocatoria y diálogo. Fujimori, excandidata presidencial rival de Humala, saludó su nombramiento.

Ante las primeras críticas a los nuevos integrantes del equipo ministerial, su reacción no fue la mejor. El nuevo encargado del ministro del Trabajo, Martín Ruggiero, es un abogado laboralista sin experiencia en el sector público, que asumirá el cargo en medio de una de las peores crisis laborales de la historia reciente. Cateriano comparó su nombramiento con el de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por ser personas jóvenes, pese a que esta última tiene una larga trayectoria en la gestión pública y que ha recibido críticas positivas internacionales por las políticas implementadas.

No debe perderse de vista que estos cambios se producen en un contexto de crisis: de un lado la sanitaria y económica, ocasionadas por la pandemia, y de otro lado la política, en la que hay una pugna por hacer reformas trascendentales al sistema de elección de autoridades. El último proceso electoral, de enero de este año, dejó como resultado un Congreso fragmentado, con una participación disminuida de varios de los partidos que fueron protagonistas en los últimos años, y una irrupción de nuevos actores. Veremos si el viejo zorro sabe los trucos que puedan ayudar a Vizcarra, o se siente desorientado frente a la nueva normalidad de la política peruana.

Jonathan Castro es reportero político y de investigación. Actualmente trabaja en el diario ‘El Comercio’ de Perú.

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