La iniciativa de la Junta de Andalucía para garantizar, mediante una Ley, el derecho constitucional a la vivienda ha suscitado reacciones encontradas. El escepticismo de muchos, el rechazo de otros, es verdad. Pero creo que los ciudadanos, más interesados en sus problemas cotidianos que en las refriegas políticas, habrán dicho: hacía falta.
Hacía falta porque la situación de la vivienda ha alcanzado una situación difícilmente sostenible, con millones de ciudadanos, especialmente jóvenes, que se ven incapaces de desarrollar su proyecto de vida y formar un hogar con quien lo deseen. La iniciativa de mi Gobierno pretende garantizar una vivienda a precio asequible, en régimen de venta o alquiler, a los residentes en Andalucía que carezcan de ella y tengan una renta familiar inferior a los 3.000 euros brutos mensuales. Éste no es un tope fijado caprichosamente por la Junta de Andalucía, sino el establecido por el Plan Nacional de Vivienda para los beneficiarios de viviendas protegidas. El objetivo es que la hipoteca no se lleve más de un tercio de los ingresos familiares al mes, un cuarto en el caso de alquiler.
Sé que a los ciudadanos les irrita que, ante asuntos como éste los responsables públicos nos tiremos los trastos a la cabeza, sin aportar soluciones. Por ello he lanzado esta ley: para que los andaluces puedan exigir a su Gobierno que solucione los problemas de la vivienda. No me interesa, pues, endosar a nadie esta cuestión, sino contribuir a resolverla. Pero hay que explicar el origen del encarecimiento descabellado de los pisos. Contrariamente a lo que algunos desean hacer ver, la subida de los tipos de interés afecta limitadamente al precio final de la vivienda. Es más, conviene recordar que el Euríbor se ha situado en este mes de septiembre en el mismo tipo que existía en el año 2000, sin que el Gobierno de entonces moviera un músculo para aliviar la carga de las hipotecas. Es más, era tal la insensibilidad de aquel Gobierno ante la cuestión, que ante las voces que alertaban sobre la escalada de precios del mercado hipotecario, Aznar y sus ministros aseguraban sin rubor que si los pisos subían es porque los españoles podían pagarlos.
La realidad era muy otra: con el PP en el poder, la vivienda se encareció a un ritmo de hasta el 20,6% al año, acumulándose en todo el período un crecimiento del 110%, casi cuatro veces más de lo que subieron los salarios de los españoles (29,6% entre 1996 y 2004). Todo ello fruto de una equivocada política liberalizadora, que despreciaba el uso social del suelo. Esa es la herencia recibida en materia de vivienda. Eso era el "España va bien".
Así pues, la insistencia del PP en subvencionar las hipotecas, a través de ayudas fiscales, no sólo es hipócrita (nada hicieron ellos cuando los tipos eran notablemente más elevados) sino que no resolvería la cuestión de fondo. En los años durante los cuales los tipos de interés han estado en mínimos históricos, el problema de la vivienda no sólo no se ha resuelto, sino que se ha agravado.
La nueva Ley que hemos planteado se desenvolverá en un contexto concreto: nuestra intención es que en los próximos diez años se construyan en Andalucía 700.000 viviendas, de las cuales 300.000 serán de protección oficial.
La ley que proponemos no es una medida aislada ni improvisada. Al contrario, es la continuación de un trabajo sostenido: en los últimos años, hemos fijado, a través de la Ley de Ordenación Urbanística, una reserva obligatoria destinada a la construcción de vivienda protegida del 30% de los nuevos suelos residenciales. Hemos aprobado una Ley de Vivienda Protegida y el Plan de Ordenación Territorial ha marcado los parámetros de un desarrollo equilibrado y sostenible de nuestras ciudades.
Es evidente que esta iniciativa política ha logrado situarse en el centro de un debate nacional. Sin duda, es algo que preocupa a nuestros rivales políticos, que enseguida han tildado la medida de electoralista. En realidad, la respuesta les delata a ellos: cuando se habla de vivienda, ellos piensan en las elecciones. ¿No habrán aprendido algunos, después de su gestión entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, que obsesionarse con el resultado de las elecciones es la vía más segura para perderlas?
Entiendo que muchos no compartan nuestro objetivo, y sigan pensando que si el precio de la vivienda sube es porque los españoles pueden pagarla. Menos comprensible resulta que, desde algunas comunidades autónomas, hayan puesto el grito en el cielo por venir esta iniciativa de donde viene: Andalucía, a la que, parece mentira, todavía hay quien pretende tener relegada en el rincón olvidado de la España pobre. Quienes así piensan, demuestran que ni conocen la Andalucía de hoy ni tampoco la España democrática, integradora y avanzada de hoy.
En todo caso, lo que resulta lamentable es apenas haber visto u oído alguna crítica rigurosa sobre esta propuesta. A los tópicos sobre Andalucía, se han sumado los disparates de primer nivel a los que nos tiene acostumbrado la descabalada labor opositora del Partido Popular. Les ofreceré dos: según el PP, si en Andalucía construimos 300.000 viviendas de protección en los próximos años, no habría dinero ni para hospitales, ni para escuelas, ni para carreteras, ni para nada, pues gastaríamos íntegramente los presupuestos de la Comunidad. En realidad, semejante disparate, teñido como siempre de la visión apocalíptica de Andalucía que tan alejados les tiene del sentir de nuestros conciudadanos, es el corolario de otro: según el PP, con la ley andaluza en la mano, el 94% de los andaluces se pondría en cola de la Junta de Andalucía para pedir un piso de VPO, dado que ése es el porcentaje de quienes ganan menos de 3.000 euros brutos al mes.
Ya lo ven ustedes: para el PP, y algunos opinadores que primero disparan y luego apuntan, hasta los niños de pecho, los escolares, los ancianos dependientes y los que ya poseen una vivienda se lanzarán a reclamar una VPO. Las familias ya no vivirán juntas en su hogar, sino que todos y cada uno de sus miembros demandarán a la Junta una vivienda protegida o "regalada" como llegan a decir. Honestamente, creo que este asunto, que es el que con diferencia más preocupa a los ciudadanos (doblando, por ejemplo, a la inquietud por el desempleo, según el último barómetro del CIS), reclama un poco de más seriedad.
Haremos la ley. Y a quienes sostienen que tenía que haberse hecho antes, no les quitaré su parte de razón, pero sí les diré que ése no es motivo para no promoverla ahora. Con tal criterio, y dado que casi todas las cosas en la vida podrían haberse planteado en un momento anterior, nunca se haría nada.
Haremos la ley, que hundirá sus raíces en un gran pacto, que ya está fraguándose en Andalucía, en el que confluyan los intereses comunes que sin duda hay entre las Administraciones Públicas, el sector financiero y los empresarios de la promoción y la construcción. Naturalmente que habrá dificultades, pero son superables. ¿Qué Ayuntamiento de Andalucía y de España no está gobernado por un alcalde o alcaldesa que no haya hecho de la vivienda la cuestión nuclear de su programa de Gobierno? ¿Alguien piensa que no vamos a contar con el respaldo de los Ayuntamientos para solucionar este problema de sus vecinos?
El sector financiero también está muy interesado: se trata de una oportunidad de negocio en un mercado que requiere, para evitar riesgos que tanto daño pueden hacer (y no hará falta rememorar la reciente crisis hipotecaria en EE UU), que las viviendas estén a un precio que los compradores puedan satisfacer sin caer en la morosidad.
Y naturalmente que los empresarios de la construcción ya están viendo que esta iniciativa supondrá una inyección, con el consiguiente impacto en la riqueza y el empleo, para un sector en el que comienza a percibirse una notable desaceleración.
No será coser y cantar, pero es necesario que hagamos todo lo posible por resolver un problema que es impropio de una sociedad avanzada como la española. Resolver un problema que permita que, cuando uno se apresta a iniciar un nuevo proyecto de vida, pueda volver a preguntar, sin encogerse de hombros, aquello de ¿en tu casa o en la mía?
Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía.