En un año especial: derechos humanos y disidencia en China

Por Augusto Soto, consultor y profesor en ESADE (REAL INSTITUTO ELCANO, 18/06/08):

Tema: La reaparición pública de disidentes chinos defensores de las libertades y la publicación de informes internacionales de derechos humanos avivan un prolongado debate, con ecos globales, sobre China.

Resumen: En primer lugar, este análisis expone algunas de las críticas más actuales que se le hacen al régimen chino en el ámbito de los derechos humanos. Segundo, muestra la posición de los intelectuales y disidentes y sus posibilidades de influencia. Y tercero, se pregunta sobre la utilidad que puede tener la presión internacional en la mejora de los derechos humanos.

Análisis: En el año de los Juegos Olímpicos (JJOO) China atrae las miradas del mundo y las críticas de distintos colectivos sobre su balance de derechos humanos. Es éste un tema que debe abordarse desde el realismo de lo que es posible conocer, denunciar y defender dentro de China y en el marco posibilista de los márgenes de influencia desde el exterior.

En un mismo año: olimpismo y derechos humanos

Por su verosimilitud y alcance global, se destacan y exponen aquí algunos aspectos del balance de Amnistía Internacional 2008 (además de ciertas declaraciones de la organización relacionadas con los JJOO), y a la vez la carta “La China real y los Juegos Olímpicos”, difundida en abril por Hu Jia y Teng Biao. El primero es un motivado activista y el segundo es profesor de la Universidad de China de Ciencias Políticas y Derecho en Pekín y habitual conferenciante internacional.

Un primer aspecto a rebatir es el documento específico que Amnistía dedica a los JJOO desde hace años. Cita el párrafo 2 de la Carta Olímpica que establece que “el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”. Pero lo cierto es que en su párrafo 8 sólo precisa que “la práctica del deporte es un derecho humano”. Por su parte, la carta de Hu y Teng sostiene que el eslogan de los Juegos, “Un mundo, un sueño”, debe ser congruente con el espíritu de dignidad y de paz del movimiento olímpico original.

Sin embargo, no hay relación directa entre el respeto por los derechos humanos y el deporte, ni hoy ni ayer, porque, por un lado, los valores olímpicos (culto al deporte y plusmarcas) han avanzado mucho en los regímenes autoritarios y en los totalitarios de distinto signo. Y en segundo lugar, porque decenas de países que enviarán a sus atletas a Pekín son abanderados en el incumplimiento de las libertades básicas.

Tanto Amnistía como la carta afirman que, cuando se eligió a China como sede, el COI explicó claramente que esperaba que los JJOO comportaran un avance en el respeto a los derechos humanos. Amnistía cita al alcalde de Pekín y al vicepresidente del Comité de la Candidatura Olímpica Pekín 2008, quienes se comprometieron hace siete años a que los Juegos “contribuirían” o “mejorarían” la situación de los derechos humanos. Las afirmaciones chinas son huidizas, no un compromiso.

En verdad, el inesperado terremoto de Sichuán, el pasado mayo, ha servido para que el Estado chino se reafirme en el resguardo a los derechos humanos de los necesitados y en la justicia social, autojustificaciones de la existencia del Partido Comunista. Paradójicamente es el motivo que ostensiblemente ha descuidado el Estado en los últimos años al aceptar elementos de economía de mercado a un ritmo inaudito y alabado en el mundo.

El rápido despliegue de la ayuda a las víctimas contrasta absolutamente con las reacciones de otros dos vecinos autoritarios como Myanmar y Corea del Norte ante catástrofes similares. Hoy los dirigentes y el pueblo chinos aparecen unidos en el propósito de paliar el sufrimiento, mostrar una nación unida y fuerte y celebrar con éxito los JJOO. Esta unidad de propósito abarca a un quinto de la población mundial ante su peor catástrofe en una generación. Incluso el extraordinario levantamiento tibetano de marzo ha remitido. Es más, no ha habido un espíritu similar en previas sedes olímpicas.

A la vez Pekín, en su mejor tradición leninista-maoísta, heredera del confucianismo legalista, ha anunciado que los que resulten responsables del colapso de miles de edificios, especialmente de las escuelas donde murieron miles de niños, serán castigados con la máxima pena.

Así que más serio y aplicable a los derechos humanos es la denuncia específica. En 2008 Amnistía recuerda que 68 delitos son susceptibles de la pena capital en China y calcula que en 2007 por lo menos 470 personas fueron ejecutadas y 1.860 sentenciadas a muerte. La cifra real es un secreto de Estado y según la carta de Hu y Teng, anualmente debiera rondar entre los 8.000 y 10.000 ajusticiados.

Tanto Amnistía como la carta denuncian la desprotección judicial de quienes ejercen la libertad de expresión y asociación, arriesgándose a la detención domiciliaria, al maltrato, a la incomunicación o a la desaparición. Estima que en 2007 cerca de medio millón de personas fueron detenidas sin cargo o juicio a través de la “reeducación para el trabajo”. Hay que tener en cuenta que esta cifra es aproximada y por definición imposible de precisarse.

Ambos textos recogen denuncias de tortura y malos tratos de varios activistas en distintas causas sociales, desde los derechos humanos básicos hasta las expropiaciones sin compensación. Se trata de un dato cargado de verosimilitud sobre un fenómeno recogido en los últimos años, aunque sólo parcialmente, por la propia prensa china.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía destaca la presión sobre los periodistas, el bloqueo y el filtrado de páginas web y de determinados conceptos, así como el encarcelamiento de una treintena de periodistas y de medio centenar de personas por sus opiniones en Internet. Se trata de testimonios reales, corroborados parcialmente in situ por este autor.

Amnistía también menciona que se impidió a millones de personas practicar su religión fuera de las iglesias patrióticas establecidos para el culto. Y denuncia la existencia de detenidos desatendidos legalmente y expuestos a la tortura. Especialmente destacan los musulmanes uigures, los budistas tibetanos, los grupos cristianos underground y los seguidores de la sincrética corriente del Falun Gong, con varios muertos en detención. También lo denuncia la carta.

Sin embargo, las fuentes no explican que todos estos abusos se desencadenan contra religiones y credos organizados con una referencia central en el extranjero. En lo que se refiere a las creencias chinas ancestrales, donde se mezclan taoísmo, budismo y otras influencias, el Estado simplemente no llega. Ni Amnistía ni la carta mencionan el dato de que las autoridades no interfieren en la impresión en China de la Biblia más vendida en Latinoamérica.

En fin, Amnistía se refiere a los casos de violencia doméstica contra mujeres, cuya denuncia se incrementó en un 120% en los tres primeros meses de 2007, un dato que se valora como una mayor voluntad de denunciar. Esto significa que hay un avance, como está ocurriendo en ese tema en Occidente. A la vez, se destaca el tráfico de miles de mujeres y a unas docenas de mujeres forzadas a abortar, algunas en el noveno mes de embarazo. De hecho, los abortos presionados son una realidad muchísimo mayor que Amnistía apenas roza esta vez.

A la vez Amnistía reconoce que, primero, el espacio de acción de la sociedad civil se ha ido ampliando, y, segundo, que la persecución contra los activistas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado. En ese último aspecto coinciden la carta y distintas valoraciones que en los últimos meses han dado sinólogos extranjeros de distintas corrientes ideológicas.

Los intelectuales chinos ante los derechos humanos

Los progresos en derechos humanos o en nuevos espacios de libertades se dan por decisión del Estado, o bien por el margen de actuación que posibilita la reforma económica y que incluye la apertura al exterior. No ocurren por el impacto de una disidencia o de unos intelectuales al margen del Partido Comunista, con notabilísimas excepciones.

La lucha por los derechos humanos en China ha tenido un impacto considerable en Occidente desde el movimiento prodemocrático de 1989 y su cruenta represión en la plaza de Tiananmen. Entonces se denunciaron diversos asuntos. Entre ellos la liberación de disidentes, los desniveles salariales, la inflación, la corrupción y el nepotismo. Se demandó libertad de expresión, asociación y prensa. El movimiento no cristalizó en una organización, y menos aún en un partido, y tuvo una dimensión inevitablemente urbana. Fracasado, los líderes más conocidos se exiliaron y otros fueron detenidos y juzgados (algunos están aún en prisión).

Durante los últimos 19 años Pekín ha omitido de los medios de comunicación referencias a las protestas o se ha referido a ellas destacando su carácter “contrarrevolucionario”. Esto ha supuesto un vacío en la memoria colectiva del país. Y sin referencias históricas de disidencia no hay prerrequisito para un movimiento de oposición coherente, o por lo menos para una organización autónoma defensora de los derechos humanos en China. Hoy los jóvenes desconocen los nombres de los disidentes de 1989.

Y es más, muchos simpatizantes de entonces con el movimiento de Tiananmen se olvidaron de las preocupaciones políticas. Han desplegado sus energías en el arte o en las actividades empresariales propicias en una economía de expectativas en alza. Allí han desarrollado una extraordinaria independencia como personas, de la que carecían incluso a mediados de la década de los años ochenta.

Minxin Pei, profesor en EEUU, destaca el grado de autonomía social logrado por los ciudadanos como producto de la autonomía económica. Constata que las empresas no estatales, de propiedad colectiva y extranjeras, han permitido ampliar la libertad en el empleo, la residencia y en las opciones de consumo y han hecho a los ciudadanos menos dependientes del Estado.

Por supuesto, en el marco de las gigantescas transformaciones, sin un sistema multipartidista, sin un Estado de derecho como en Occidente y con recientes leyes civiles a perfeccionarse en la realidad, es inevitable la emergencia pública de conflictos de intereses y de denuncia de injusticias. En el último tiempo se han superado las 80.000 protestas anuales.

Por otro lado, el sistema considera la crítica velada o franca, generalmente escrita, de alto nivel y bajo perfil. Esta última se puede discutir en el seno del Partido Comunista. Eventualmente puede desembocar en una reforma o en la lucha expeditiva contra algunas injusticias.

En orden decreciente de influencia destacan una serie de intelectuales. Primero habría que mencionar a aquellos intelectuales del Partido con auctoritas y permanente contacto internacional, impulsores de ideas con una incidencia indirecta en las libertades a partir de ideas posibilistas. Tales son los casos de Zheng Bijian o Liu Ji. Fuera del Partido el más señalado es el excepcional Wang Hui, editor de la revista Dushu. Se estima que su preocupación por la corrupción y los excesos del mercado puede estar tras la intensificación de algunas medidas correctoras adoptadas por el Gobierno en los últimos meses. En un escalón muy menor, pese a la publicidad internacional de sus recientes denuncias, se sitúan los intelectuales Hu Jia y Teng Biao, citados al inicio de este análisis, además de un variopinto colectivo de profesores, escritores, periodistas y editores que les apoyan o sostienen causas similares. En el reciente levantamiento tibetano de marzo ha destacado Woeser, una disidente virtual tibetana que escribe desde Pekín. En un último escalón, invisibles para el público chino y famosos en ciertos círculos occidentales se sitúan los críticos más acérrimos cuyas biografías se basan en largas condenas de prisión. En primer lugar el histórico Wei Jingsheng, y a distancia el controvertido Harry Wu, famoso por denunciar la magnitud de la reforma por el trabajo (laogai en chino).

¿Funciona la presión internacional con China?

Tras Tiananmen hubo una inútil presión sobre Pekín. En parte porque la decisión represora la adoptó una gerontocracia muy curtida, que había sido víctima o ejecutora en períodos más enconados del pasado, y en parte por la actitud conciliatoria entre bambalinas de la Administración Bush (padre).

Se impuso un enfriamiento transitorio de los contactos comerciales y un embargo de armas a China aún vigente. Es perfectamente legítimo mantenerlo, pero es absurdo apoyarlo alegando que las armas compradas en el exterior podrían ser usadas por Pekín contra su propio pueblo, como se ha expresado en los últimos años. Las víctimas de Tiananmen fueron agredidas con armas menores (ametralladoras autónomas o de los tanques; no dispararon los cañones). Tampoco incide el material bélico sofisticado en quienes mueren detenidos o cumpliendo trabajos forzados. Una consecuencia del embargo fue que China se convirtió durante más de una década en principal cliente de las armas producidas por Rusia, incidiendo en el impulso de ambos complejos industriales. Tampoco la presión y la crítica internacional paralizaron a Pekín, que reajustó e impulsó sus vínculos en Asia, África y América Latina, hoy partes esenciales de su red de relaciones internacionales.

También hay que destacar que la presión hizo posible que en los años siguientes el régimen jugase con los detenidos del movimiento de Tiananmen como moneda de cambio, liberando a algunos en momentos propicios, por ejemplo antes de las cumbres China-EEUU, ante la visita del Comité Olímpico Internacional o en negociaciones para ingresar en la Organización Mundial de Comercio. En esos tres contextos China ha fortalecido su posición.

Así, las presiones ofrecen un balance testimonial. China lleva su propio ritmo sin más porque teme abrir brechas internas. Conviene recordar que fue hace apenas un lustro, con el advenimiento de la Administración de Hu Jintao, cuando se produjo la primera transición pacífica del máximo liderazgo en toda la historia de la China contemporánea.

Desde su sosegada soberanía Pekín ha reforzado el control en la Región Autónoma del Xinjiang y a la vez incrementado los vuelos desde allí hacia La Meca y hacia los países musulmanes. También está en curso un acercamiento discreto entre Pekín y el Vaticano que puede incidir en una mayor libertad de culto para la pequeña pero potencialmente influyente comunidad católica.

En lo inmediato, para hablar directamente de derechos humanos con Pekín cuentan los dirigentes excepcionales. Es el caso del actual primer ministro australiano, Kevin Rudd, que habla mandarín y es experto en disidencia china. En un plano muy menor (porque cuesta dialogar bien en este tema con Pekín), en la UE entre Alemania y Estonia hay dirigentes crecidos en las restricciones soviéticas. Destaca la canciller alemana, de origen germano-oriental, Angela Merkel. Por otro lado se puede esperar un mayor protagonismo de los derechos humanos en la relación entre EEUU y China con Obama o McCain. Pero probablemente comience de nuevo casi como una farsa a ojos de las autoridades chinas porque, más allá de muchos argumentos válidos, el tema lleva demasiado tiempo evidentemente instrumentalizado.

Más importante es el ejemplo de otras sociedades de cultura china, como Taiwán y Singapur, que entraron a su ritmo y de acuerdo a su escala en la senda democrática. La probidad de la administración de Singapur era ya modelo en época de Deng Xiaoping.

Desde nuestra perspectiva es perfectamente realista simplemente mostrar un sendero hacia un Estado de derecho. Cabe plantearse que las transiciones de los países de la Europa meridional puedan ser una referencia (no un modelo) para China. Es un interés planteado de manera oficiosa en Lisboa en noviembre pasado por el profesor Feng Shaolei, de la Universidad Normal del Este de China en Shanghai y asesor de la ciudad, en el marco del Sexto Foro China Europa co-organizado por la Academia Sinica Europaea de Shanghai. Sería el indicio de un interés oficial futuro chino sobre algunos aspectos de la transición española. De ser así, sería la confirmación de una hipótesis planteada hace tres años por un alto diplomático español conocedor de China.

Conclusiones: Es imposible cuantificar con exactitud los abusos a los derechos humanos. Pero la denuncia genérica y específica de Amnistía y de la carta de Hu y Teng parecen consistentes en sentido amplio con las aproximaciones de otras organizaciones, como Human Rights in China, e incluso con los datos de arbitrariedades (muy circunscritas) denunciados por los controlados medios gubernamentales chinos.

En perspectiva, en relación con años previos, se puede seguir constatando una ampliación del espacio de acción de la sociedad civil y una paradoja entre espacios de libertad y derechos humanos. Los primeros aparecen muy expandidos, los segundos con relevantes restricciones.

Igualmente es importante recordar que hablamos de una quinta parte de la Humanidad. Eso hace que el balance numérico de distintas injusticias (algunas combatidas con poco éxito por el Gobierno central, como el tráfico de personas o el infanticidio femenino) nos aparezca ampliado hasta lo monstruoso.

La carta de Hu y Teng contiene denuncias creíbles. A la vez, al exponerlas incurren en el exabrupto de decir que con sus acusaciones “no desean el aislamiento del país del resto del mundo”, como si eso fuera posible. La triste realidad es que ellos son los aislados (Hu ha sido encarcelado y a Teng se le hostiga). A la vez esa grandilocuencia contribuye a alimentar la extendida idea en Occidente de un país poco conectado a la globalidad, como si fuera Corea del Norte, Myanmar o Cuba.

Las presiones tradicionales sobre Pekín simplemente no funcionan (denuncia altisonante y pública, boicot deportivo, comercial o embargo de armas). Es más, nos pueden resultar perjudiciales. Si estimamos que tenemos algo que aportar en el ámbito de los derechos humanos hay que seguir reforzando los canales de información de que disponemos, además de todos los vínculos y especialmente los contactos con intelectuales y personalidades influyentes dentro del Partido y cercanos a él.

Por último, a causa de la gigantesca movilización oficial y ciudadana tras el terremoto, se podría afirmar que el Ejército y el Partido se habrían de alguna forma reconciliado con quienes en las ciudades aún recuerden la represión de Tiananmen de 1989.