Enemigos, no terroristas

Desde su fundación, Israel tuvo que enfrentarse con países que no reconocían su existencia y que buscaban su desaparición. Los israelíes los denominaban países “enemigos” y no países “terroristas”. En 1948 Jordania sitió Jerusalén y la bombardeó durante varios meses. Pero Israel nunca tildó a Jordania de país terrorista. Igualmente, Siria estuvo años bombardeando las poblaciones israelíes del valle del Jordán y de Galilea; sin embargo, Israel nunca llamó a Siria “Estado terrorista”. En la guerra que estalló entre israelíes y palestinos tras la partición establecida por la ONU murieron muchos civiles de ambos lados y ciudades enteras (la mayoría, palestinas) fueron arrasadas y sus ciudadanos tuvieron que huir o exiliarse; pero ni israelíes ni palestinos denominaron a esa guerra una “guerra terrorista”.

Desde los años noventa en el lenguaje oficial de Israel se sustituyó el término “enemigo” por el de “terrorista”, sobre todo a raíz de la prolongada guerra contra los palestinos. Al no constituir un Estado, todo acto de guerra palestino se consideraba “terrorista” por parte de Israel, mientras que los palestinos lo llamaban “resistencia legítima a la ocupación”. Israel se aferró al adjetivo “terrorista” como una forma de expresar sus profundas sospechas acerca de las intenciones de paz de los palestinos, a la vez que le servía para justificar su no disposición a hacer concesiones y ganarse la solidaridad de la comunidad internacional, en especial tras los atentados en EE. UU., al presentarse como un país que luchaba contra el terrorismo. Sin embargo, este cambio de término creó graves problemas desde el punto de vista moral.

Los actos terroristas son acciones de personas que actúan a escondidas contra objetivos civiles o militares con el fin de extender el miedo en la población y provocar cambios políticos. En estos casos los ciudadanos entre los que vive el terrorista no se consideran combatientes y no son responsables de las acciones terroristas, y por tanto, toda acción destinada a dañar a la población civil es juzgada como un crimen.

Cuando Israel se retiró del sur de Líbano y de la franja de Gaza, se debería haber sustituido el término “terrorista” que se aplicaba a Hizbulah y a Hamas por el de “enemigo”, tal como hacen ellos al referirse a Israel. Y es que ni el grupo Hizbulah ni el gobierno de Hamas son organizaciones terroristas: sus miembros actúan prácticamente al descubierto y tienen el control absoluto de las zonas donde viven; crean instituciones públicas, llevan signos distintivos como uniformes y banderas y mantienen una relación estrecha y responsable con la población local que los ha elegido. Hizbulah tiene representantes y ministros en el Parlamento de Líbano; y Hamas llegó al gobierno en Gaza a través de unas elecciones libres.

La ideología de ambas organizaciones no se corresponde con la de un grupo terrorista, sino que va mucho más allá: exterminar, liquidar de raíz el Estado de Israel. Por eso, se declaran a sí mismos enemigos irreconciliables de Israel, igual que hicieron en su momento países como Jordania y Egipto, hasta que tras varias guerras reconsideraron su posición, reconocieron el Estado de Israel y firmaron con él un acuerdo de paz. Por tanto, hay que referirse a Hizbulah y a Hamas como estados enemigos en vez de como organizaciones terroristas.

Y de esto último se deriva el hecho de que Israel no tenga responsabilidad jurídica con respecto a los civiles de Gaza y el sur de Líbano, ya que son considerados parte del esfuerzo de la guerra que libran los gobiernos de Hamas y Hizbulah, a los que cuales han votado para que dirijan sus asuntos y los representen. Está claro que de acuerdo con las reglas de una guerra justa, ni Hizbulah, ni Hamas, ni por supuesto Israel, deben atacar indiscriminadamente a la población civil de un Estado enemigo cuando esta no participa en la lucha. Pero desde un punto de vista jurídico y moral se está hablando en estos casos de enemigo contra enemigo, no de un Estado contra terroristas.

Por eso, al denominar Israel a Hamas y a Hizbulah organizaciones terroristas, se creó un problema, ya que los civiles que viven junto a los “terroristas” no sólo no eran considerados cómplices de las “acciones terroristas”, sino que eran “rehenes” en manos de los “terroristas”, de modo que cualquier ataque a esos civiles suponía un crimen aún mayor. Y aunque Israel se haya retirado del sur de Líbano y de Gaza, según la comunidad internacional y el informe de la comisión de investigación de la ONU, se le sigue considerando dueño y señor de esas zonas y como alguien que combate actos terroristas.

El informe Goldstone debería haber tenido en cuenta que se trataba de un enfrentamiento entre dos entidades políticas en un contexto de guerra total y que cada una debía ser responsable de la seguridad de sus ciudadanos, y por tanto, no debían dejar expuesta a la población al ataque de misiles ni a una dura respuesta militar. El no considerar este hecho deslegitima el informe de la ONU al endurecer las críticas a Israel, con independencia de que también se hayan dado casos excepcionales de un mal comportamiento del ejército israelí hacia la población civil palestina.

Abraham B. Yehoshua, escritor israelí, impulsor del movimiento Paz Ahora. Traducción: Sonia de Pedro.