Energías renovables, empleo y desarrollo

El modelo energético que actualmente existe en España no podrá mantenerse durante mucho tiempo. Está basado en un 80% en energías de origen fósil; prácticamente todas de importación. Esta dependencia exterior supone un serio lastre para la balanza de pagos, la seguridad de suministro y la seguridad nacional. Aún más importante es el hecho de que los combustibles fósiles son la causa principal del calentamiento global y el cambio climático, que, de no moderarse, producirán unos costes económicos mucho mayores que las medidas necesarias para mitigarlos. Por todo ello, la Unión Europea ha emprendido el camino hacia un sistema energético basado en las energías renovables, y España se ha comprometido a alcanzar en el año 2020 una cuota del 20% de renovables. Asimismo, la Comisión Europea, en su «Energy Roadmap 2050», ha definido un nivel mucho mayor de renovables para las siguientes décadas.

Ante la necesaria evolución hacia un modelo energético renovable, caben dos actitudes. Una, esperar a que otros hagan los desarrollos para luego adquirir su tecnología. La otra, la que históricamente ha convertido en líderes a los países más desarrollados, aprovechar la gran oportunidad que para la economía y el empleo supone participar en primera línea del desarrollo, convirtiéndonos en exportadores de tecnología, equipos e instalaciones. En este momento, podemos adoptar con éxito la segunda de las opciones. España, por primera vez en su historia, ocupa una posición de liderazgo en un sector industrial y tecnológico de gran y creciente importancia mundial. El sector de renovables da empleo en nuestro país a 120.000 personas, genera el 1% del PIB e invierte en I+D el 2,67% de su contribución al PIB; más del doble de la media nacional. España es líder mundial en tecnología solar termoeléctrica, que da empleo a 25.000 personas, la inmensa mayoría en las regiones con mayor índice de paro, y permite ahorrar gravosas importaciones de combustibles fósiles. Las empresas españolas construyen más plantas termosolares fuera que dentro de España, manteniendo en nuestro país las actividades de mayor valor añadido, con el consiguiente desarrollo de otros sectores, el pago de impuestos, la generación de empleo y la exportación de tecnología avanzada.

En las últimas semanas se ha producido un intenso debate en torno al «déficit tarifario» del sistema eléctrico, que se ha utilizado para atacar a las energías renovables y culpabilizarlas del mismo.

Pero ¿qué es el déficit tarifario? Consiste en la diferencia entre los precios de venta de la energía que producen las grandes empresas eléctricas y lo que cobran de los consumidores. Esto se puede deber a que las grandes eléctricas venden la energía muy cara o a que los consumidores pagan poco por ella. En este caso, la causa está en el precio de venta y los costes de producción que se reconocen, y no en el precio que paga el consumidor. Esta diferencia ha generado un déficit acumulado de más de 24.000 millones de euros, cuyo origen se encuentra en una regulación inadecuada derivada de la ley del Sector Eléctrico, y que ha crecido hasta convertirse en uno más de los grandes temas a resolver por el nuevo Gobierno. El precio de venta está inflado por el sobreprecio al que se están vendiendo las energías hidráulica y nuclear. Estas se promovieron para buscar una mayor independencia energética y no depender de los precios del petróleo. Pero por un error en la ley a la que me he referido antes se han estado vendiendo a precios correlacionados con el petróleo, sin que usen ni este combustible ni el gas natural. Han vendido su energía a precios muy altos, beneficiándose de la subida del petróleo y produciendo la paradoja de que a mayor precio del petróleo más cara se venden la hidráulica y la nuclear en España.

Esta circunstancia es la que ha producido en los últimos años el déficit de 24.000 millones de euros. Por supuesto, esto no habría pasado si el anterior Gobierno hubiese atajado el problema hace ocho años (no cabe duda de que el sobreprecio de la opa sobre Endesa también afecta). Existen formas para resolver el problema, partiendo de que no es justo seguir subiendo la tarifa como se ha hecho en los últimos años, pero tampoco lo es no pagar lo que se adeuda. No es serio proponer quitas ni leyes que cambien las reglas de juego bajo las que los inversores, de forma legítima y de buena fe, tomaron sus decisiones para invertir en base a las expectativas que el marco legal establecía. Fruto de esa protección de las inversiones, se establecieron unas compensaciones a las empresas eléctricas para pasar de las leyes antiguas a la situación actual. Esas compensaciones se llaman costes de transición a la competencia, o CTC. Costes que estas grandes empresas han cobrado, pero que increíblemente lo han hecho en un exceso de más de 3.000 millones de euros. Por tanto, la primera medida para resolver el déficit es que de la cifra que se les debe a las grandes empresas eléctricas se descuente lo que han cobrado de más por los CTC. En segundo lugar, las grandes eléctricas deben ser tratadas como el resto de españoles a los que deben dinero las administraciones públicas. A todos ellos, según acaba de resolver con acierto el Gobierno, no se le pagan los gastos financieros del retraso por encima del precio legal del dinero, mientras que a las eléctricas sí se les está haciendo. Estos gastos se pueden cuantificar en 5.000 millones de euros, lo que también se reduciría de la deuda pendiente de cobro.

En tercer lugar, debe cambiarse el sistema retributivo de la hidráulica y la nuclear para que no se correlacionen con el petróleo. La nuclear española, a pesar de la recuperación de la inversión por sus propietarios, aún recibe un 42% más que la francesa y un 62% más de lo que se estimó para Alemania antes de suspender el programa nuclear. Este apartado se puede valorar en 3.000 millones de euros anuales de menor déficit (estos son los beneficios caídos del cielo, o «windfall profits»).

En cuarto lugar, debe establecerse un canon a las concesiones hidroeléctricas, al igual que el que se paga por el espectro radioeléctrico, evitando que, como ocurre ahora, el uso del agua de los cauces públicos sea gratis. Igual medida puede tomarse con los ingresos extraordinarios derivados del sistema de pagos por emisiones de CO2.

Con todo ello y otras medidas de menor importancia, se puede resolver el problema del déficit sin aumentar la factura de los consumidores y sin moratoria de renovables. Resolver el problema no consiste en que paguen todos, justos y pecadores; máxime cuando la solar termoeléctrica no ha contribuido a producir este déficit y, además, ya ha contribuido a resolverlo en más de 1.200 millones de euros mediante el acuerdo con el anterior Gobierno que se plasmó en el Real Decreto 1614/2010 de 7 de diciembre. ¿Y las renovables?; ¿son realmente caras? Debe considerarse que el conjunto de la generación eléctrica en nuestro país tiene procedencia diversa porque así se ha decidido y comprometido en el seno de la Unión Europea. Cada tecnología debe ser remunerada según sus costes y grado de madurez. El pago de unos precios como los que reciben la nuclear o la hidráulica, muy por encima de sus costes, es una subvención injustificada.

Las energías renovables están reduciendo rápidamente sus costes, recorriendo una curva de aprendizaje que hará que en pocos años no solo generen los beneficios indirectos que compensan los mayores costes, sino que estos costes serán menores que los de lo obtenido de combustibles fósiles. Según un informe reciente de la Asociación de Academias de Ciencias de Europa, la generación termoeléctrica alcanzará costes menores que la de origen fósil en la próxima década. Este hecho está haciendo que numerosos países promuevan la construcción de plantas termosolares y que empresas españolas lleven a cabo muchos de los proyectos. Para que sigamos aprovechando esta oportunidad, es imprescindible una regulación que permita la construcción en España de plantas en las que las empresas puedan demostrar los avances en su tecnología. Atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, un grave error.

Por Felipe Benjumea Llorente, presidente de Abengoa.

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