Enfermos de pasado

El grito más repetido fue «¡No pasarán!». Pero ¿quién no tiene que pasar? ¿Acaso el PP, instalado en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y con pocas posibilidades de ser desplazado? Si se dirigía a las fuerzas del franquismo, es extraño, porque prácticamente no existen, y es difícil que puedan recuperarse, salvo que se cometan tantas torpezas que se les permita resucitar.

Todo esto para evitar que un magistrado sea sometido a procesos penales como cualquier otro ciudadano, para lo que se han establecido algunas falsas verdades elementales sin posibilidad de prueba. La primera, que el Tribunal Supremo, ocupado por magistrados presuntamente franquistas, estaría en una operación prevaricadora para retirar de la carrera judicial al magistrado. ¿Una segunda conspiración como la del 11-M? ¿La tecnología de El Mundo ha terminado por ser contagiosa? La realidad es más sencilla. Baltasar Garzón tiene abiertas tres causas que determinarán si prevaricó al abrir un proceso penal que escapaba a sus competencias; conocer si el cobro simultáneo de sus honorarios y unos extras dotados por el Banco Santander y Cepsa a la Universidad Juan Carlos I de Nueva York significó cohecho y si unas escuchas generalizadas a todos los abogados de la trama Gürtel fueron ilegales. No es tan complicado de entender.

Para negar la legitimidad de estos juicios se ha establecido de antemano la inocencia del juez y la certeza de que son un pretexto para liquidarlo. Se establece la ecuación falsa de que Garzón es el único que ha querido defender los derechos de las víctimas del franquismo y está siendo castigado por ello. Para apuntalar ese diagnóstico se establece que no puede haber impunidad con el franquismo, que la ley de amnistía fue nefasta, al igual que detestable se presenta ahora la transición española. Demasiado incluso para gentes sencillas e inocentes.
El pasado puede ser motor de unas víctimas que no han encontrado reparación. Ese es uno de los fracasos más sonados del presidente Zapatero: destapar el pasado y no saber cerrar con dignidad sus aspectos más insoportables. Nada que objetar a las víctimas, que tienen derecho a una satisfacción que no les tiene que dar un juez providencial, sino el Estado de derecho: pero la reclamación tiene que ir dirigida al Gobierno. Y resulta que son los socialistas, que no han sido capaces de hacer sus deberes, los que se ponen al frente de las manifestaciones para que los que acuden a ellas no se den cuenta de que ha sido el Gobierno quien les ha fallado estrepitosamente.
En un momento en el que la socialdemocracia europea está a punto de ser declarada pieza de museo por su propia incapacidad, resucitar el franquismo como enemigo de referencia es una tentación elemental. Entre otras cosas, porque resistir y atacar lo que no existe es de gran comodidad. ¿De verdad la foto casposa de medio centenar de falangistas jubilados y niñatos faltones puede ser símbolo de amenaza para nuestro sistema de convivencia?
Ser antifranquista en el año 2010 es sobre todo un ejercicio estético, exento de riesgo y emocionalmente suficiente para quien no tenga proyectos políticos de futuro. Hablar de la debilidad de la transición es una falacia de quienes no son capaces de verbalizar un solo proyecto que haya sido aparcado por las limitaciones pactadas con las fuerzas reaccionarias del antiguo régimen. Achacar los déficits de nuestra democracia a cosa distinta de la falta de capacidad de nuestra clase dirigente –sobre todo en los últimos 15 años– no es más que una justificación de una generación de líderes mediocres sin capacidad de dibujar un proyecto estratégico para adecuar nuestra democracia a la globalización. Y, entonces, el franquismo aparece en forma de ensoñación, pretendidamente actualizada, para aliviarse de la necesidad de dar una respuesta inteligente y progresista a las pavorosas crisis que padecemos.

Existen algunos enfermos de pasado; son fundamentalmente quienes no tienen proyectos de futuro. Utilizar a las víctimas es un viejo recurso. Ocurrió en la anterior legislatura con las víctimas de ETA, a las que el PP jaleó y azuzó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora se pretende que las víctimas del franquismo, que en mayor o menor grado es toda una sociedad que fue secuestrada, se rebelen contra el pasado, pretendiendo ajustar cuentas judiciales con quienes ya están muertos.
El pasado como señuelo tiene poco recorrido cuando hay confianza en el futuro. Lo preocupante es que cuestionar las instituciones, denunciar teorías de la conspiración y utilizar periódicos respetables como instrumentos de agit-prop haya dejado de ser un monopolio de la derecha irresponsable y reaccionaria.
Solo falta ver la reacción del Supremo, al que personas y grupos que debieran ser responsables están arrojando al descrédito solo para conseguir que un juez estrella con una carrera llena de episodios controvertidos pueda ser el único español que no tenga que responder ante la ley. Un objetivo muy justito para un coste demasiado grande.

Carlos Carnicero, periodista.