Enmienda constitucional

Reza el dicho norteamericano: «Una constitución es buena si el país prospera bajo ella», dando a entender que, si no prospera, es mala. Máxima que ellos, con ese pragmatismo que les caracteriza, han llevado a la práctica no cambiando de constitución cada poco, como hemos hecho los españoles, sino conservando el texto original firmado en Filadelfia hace 235 años, con «enmiendas» que lo han ido completando y puliendo. Es como han logrado unir continuidad con modernidad, es decir, estabilidad. Lo que nos ha faltado a nosotros.

Pienso que los cambios a punto de introducirse en la Constitución española de 1978 son más una enmienda que una reforma. Las principales objeciones que se alzan contra ellos son la prisa y la falta de consenso. Sobre la primera, diría que el problema ha sido más bien la tardanza. El Gobierno se ha dormido durante más de un año, sin hacer las reformas estructurales que le había pedido Bruselas, y ahora, ya con el agua al cuello, no ha tenido más remedio que echar mano nada menos que de la Constitución para evitar que nos ahoguemos. Solo eso muestra hasta qué punto llegó su improvisación e incapacidad. Pero tiempo habrá de ajustar cuentas con él el 20 de noviembre. Lo importante ahora es que no hay ni un minuto más que perder ante unos mercados al acecho y un pacto franco-alemán que intenta salvar la comunidad imponiendo normas más estrictas a todos sus miembros, en especial a aquellos que ponen en peligro a los demás gastando más de lo que tienen, entre los que nos encontrábamos. Hay que hacerlo, y, además, ya. En otro caso, se nos negarán el estatuto de socio fiable y la ayuda correspondiente.

La segunda objeción a la reforma es de más calado: no se pactó entre todos los partidos, sino solo entre los dos mayores, faltándole aquel aroma de consenso que presidió la Constitución del 78 y era su mayor encanto. «La Pactada» la apodaron, con admiración, después de tantas constituciones impuestas por la mayoría dominante en cada momento, que las dejaba inservibles cuando esta cambiaba.

«¡Se ha roto el pacto democrático!», claman hoy los críticos. A primera vista es verdad. Pero si examinamos desapasionadamente lo ocurrido en España durante las últimas décadas nos daremos cuenta de que ese pacto fue roto hace mucho tiempo. Diría incluso desde que entró en vigor la Constitución de 1978. Fue esta generosa hasta el extremo de convertirse en pródiga. Tras una etapa de férreo centralismo y mísera libertad, abrió la mano no ya con las mayorías, sino también con las minorías para que pudieran desarrollarse a sus anchas. Su pacto de Estado se fundaba en la bienintencionada idea de que nadie sabe mejor que los ciudadanos y las comunidades lo que es mejor para ellos y para el conjunto de la nación. Si quisiéramos reducirlo a una fórmula político-matemática diríamos «el desarrollo de las autonomías equivale al desarrollo del Estado». Pero ese pacto no se ha cumplido, y no por parte del Estado, sino de las autonomías, que bajo la inspiración de Cataluña y el País Vasco no se han contentado con ser autonómicas, sino que buscan convertirse en entes soberanos o para-soberanos. Algo no previsto en la Constitución. Como tampoco que el Estado sea el proveedor del máximo bienestar, aportándole lo menos posible, tal como lo entienden los ciudadanos. Esto no era lo convenido. Esto no podía mantenerse a la larga excepto con el aumento indefinido de la deuda pública y privada. Pues incluso la deuda tiene un límite: el que imponen los acreedores cuando sospechan que no se les podrá pagar. Es el límite al que hemos llegado los españoles, griegos, portugueses e italianos. Sin que esta abundante compañía sirva de mucho. Al revés, tantos países en bancarrota de facto no hacen más que agravar la situación. Ya no son solo esos países los que están en peligro. Es la entera comunidad. Es cuando Merkel y Sarkozy se han puesto de acuerdo para enviar un ultimátum a los morosos: os salvamos si estáis dispuestos a salvaros.

Salvarse significa cambiar de estilo de vida. No podemos, personal, municipal, autonómica y estatalmente, gastar más de lo que producimos. Si queremos salvar el Estado del Bienestar, tenemos que reducirlo de tamaño. Pretender mantenerlo en su tamaño actual es peor que ilusorio: es suicida Pero es lo que pretenden una izquierda que vive más en el siglo XX que en el XXI, sin percatarse del enorme cambio acontecido, y unos jóvenes que ven totalmente cerrado su horizonte personal.

En nuestro caso, la situación se agrava por nuestras circunstancias especiales. Los nacionalistas han sido los más críticos con la medida, y Duran i Lleida ha roto su imagen de templanza y hombre de Estado con la metáfora apocalíptica de «choque de trenes», mientras Erkoreka advertía que «cuando se aplica el rodillo algo empieza a fallar en el sistema democrático». Y pueden imaginarse las diatribas de los más montaraces. Lo que hay al fondo de ello es indignación, aunque no legítima: CiU y PNV se habían acostumbrado a sacar provecho de la rivalidad entre los dos grandes partidos para sus intereses particulares. Que no coincidían exactamente con los de España, pues, como ellos mismos reconocen, se sienten antes vascos y catalanes que españoles. Nada de extraño que vean en ese pacto PSOE-PP la amenaza de un acuerdo más amplio para reconducir la Constitución a su sentido original de una sola Nación y distintas nacionalidades, con autonomías no soberanas. En el momento en que eso se produzca, se acabará su chantaje. Que eso es lo que realmente les preocupa lo demuestra su intento de introducir en el paquete de reformas constitucionales «la autonomía financiera de los parlamentos autonómicos», propuesta por CiU, y nada menos que «el derecho a la autodeterminación», propuesto por el PNV. Como ven, quieren sacar tajada hasta en el último minuto y de todas las formas posibles. Pero tampoco hay que tomárselo a mal. Si no lo hicieran, no serían nacionalistas. Lo grave es que socialistas y populares vienen actuando como si no lo fueran, concentrando sus fuerzas en combatirse entre ellos y dando a los nacionalistas unas ventajas que ni por su número ni por su actitud merecen.

Lo más curioso es que esta reforma que tanto revuelo ha armado, si peca de algo, es de quedarse corta. Aparte de referirse a un solo punto del texto constitucional —el del déficit de las administraciones del Estado—, no lo concreta —dejándolo para una futura ley orgánica—, lo alarga hasta el 2020 —¡cuán largo me lo fiáis! — y, encima, prevé casos en que puede dejar de aplicarse, como la «recesión económica y situaciones de emergencia extraordinaria», que permitirían suspender su aplicación ya hoy. O sea, que estamos más ante un listado de buenas intenciones que ante férreas e inmediatas realidades. Así que solo falta añadir que, siendo este el primer encuentro entre socialistas y populares, sería una lástima que fuese también el último. Pues queda todavía mucha tela por cortar en la Constitución y otros campos para que España pueda considerarse un país serio, sólido y fiable.

Lo malo es que los españoles seguimos en nuestro juego favorito: hacernos la guerra unos a otros. Hasta ahora, eran el PSOE y el PP los que se peleaban. Ahora son los nacionalistas, conservadores donde los haya, unidos a una izquierda antediluviana, quienes han declarado la guerra a los dos grandes partidos. El caso es pelearse. Recuerda la fábula de las liebres y los perros perseguidores. También a nosotros puede ocurrimos que, discutiendo, llegue la crisis y nos meriende.

José María Carrascal, periodista.

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