Garoña no es más que el síntoma, muy evidente eso sí, del mal que aqueja a la política energética en nuestro país, que no es otro que un alarmante déficit de planificación que amenaza con devenir en crónico, y que deteriora exponencialmente los márgenes de competitividad de nuestra economía a medida que el resto de países de nuestro entorno van consolidando sus procesos de transición y definiendo las características de su dieta energética en el horizonte 2050 con sus hitos intermedios 2030 y 2040.
El Acuerdo del Clima de París ha servido muy especialmente para dar carta de globalidad, sustentada mediante un instrumento vinculante, a las razones ambientales que aconsejan cuantificar y acelerar muchas de las decisiones que ya venían formando parte de las políticas de países y de empresas en relación con sus estrategias energéticas, que incorporaban cálculos de rentabilidad y de oportunidad a la vista de la evidencia declinante de las reservas de recursos fósiles y del cualitativo salto en la curva de aprendizaje de las llamadas energías renovables.
Consciente de la necesidad de abordar una amplia reflexión que habría de preceder al ulterior debate social y político con que debería gestionarse la reconsideración del modelo energético alumbrado en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, ampliamente desbordada por la realidad tecnológica sólo un lustro después, el primer Gobierno Zapatero encargó al profesor Pérez Arriaga la elaboración de un libro blanco con el que iniciar la tarea. Desafortunadamente aquel trabajo no llegó ni tan siquiera a hacerse público, y así se perdió una primera oportunidad de encarar el proceso.
Ya en la legislatura iniciada en 2008, concluida anticipadamente en 2011, el Gobierno Socialista decidió acometer una reforma transversal de carácter financiero, productivo y medioambiental, bajo el paraguas de la Ley de Economía Sostenible, la cual incluía un paquete energético que apuntaba cotas ciertamente ambiciosas en su definición inicial de intenciones pero que finalmente, en la ausencia de un consenso suficiente respecto a aquella auténtica ley ómnibus, acabo diluyéndose en un modesto catálogo de medidas de alcance menor. De aquel intrincado recorrido de la Ley finalmente aprobada en 2011, derivaron la prórroga de la licencia de funcionamiento para la central nuclear de Garoña limitada hasta 2013, y la aprobación del plan para la reconversión económica de la zona, revocados ambos por Mariano Rajoy tras su mayoría absoluta en las elecciones generales, quien también decidió hacer oídos sordos a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Cambio Climático.
En 2013 el PSOE celebra una conferencia política cuyo objetivo principal era el de definir un nuevo proyecto de país tras las lecciones aprendidas de la crisis. Conscientes del papel central de la energía como elemento sistémico de la estructura económica y productiva, se constituyó un grupo de expertos que trabajó durante meses en la elaboración de un documento técnico sobre el cual sustentar la propuesta que finalmente incorporó la resolución final de aquella conferencia: una concienzuda auditoría regulatoria del sistema para contar con un diagnóstico certero como punto de partida, una revisión integral del modelo del mercado eléctrico, y una posición concreta respecto a un nuevo mix energético y cómo instrumentarlo, fueron los tres pilares sobre los que los socialistas asentamos el modelo energético con el cual incorporar a España a un proceso que hoy se demuestra irreversible.
Por el contrario, la Ley del Sector Eléctrico de 2013 apadrinada por el PP, que contó con la oposición del Grupo Parlamentario Socialista en su tramitación, no sólo no avanzó en la dirección que venían marcando los países de nuestro entorno, muy singularmente en los casos de Alemania, Francia y Reino Unido, sino que haciendo gala de una desconcertante miopía decidió anclarse en el modelo de la Ley del 97, desoyendo las voces que clamaban por superar la caduca estructura del siglo XX para entrar de lleno en la realidad tecnológica del nuevo milenio.
Es evidente que acumulamos ya demasiados años de retraso y no pocos errores de calado en nuestro haber como país, pero quizás esta sea la razón principal que debería llevarnos a la convicción de que no podemos permitirnos perder más tiempo, y la contumacia de los hechos nos reafirma tanto en nuestros diagnósticos como en nuestras propuestas:
1.- Sigue siendo imprescindible una auditoría regulatoria del sistema para enfrentar con datos objetivos los verdaderos costes del mismo, sus ineficiencias y sus carencias.
2.- El mundo vive una nueva realidad tecnológica que no podemos obviar como país. Nuestro mercado energético, diseñado para regular un patrón de generación con tecnologías del siglo pasado, se presenta como anacrónico e inservible para unas tecnologías de generación radicalmente distintas que están desplazando a sus predecesoras a velocidad de vértigo.
3.- Hemos transitado de un limitado reparto de actores, en el cual los gobiernos tenían un solo interlocutor energético agrupado en UNESA, a una socialización del sector con la incorporación de una multiplicidad de interlocutores, sin que institucionalmente se haya producido una adecuación a esta nueva realidad. Bien al contrario, la reacción ha consistido en colocar toda suerte de barreras legales encaminadas a dificultar o impedir el derecho ciudadano a la autogeneración.
4.- El ahorro y la eficiencia han adquirido protagonismo propio en la planificación energética, hasta tal punto que presiden hoy la jerarquía de objetivos sociales, económicos y ambientales, adentrándonos así en una perspectiva que pone en cuestión el binomio clásico que ligaba consumo a crecimiento, lo que nos lleva a reconsiderar los parámetros de seguridad de suministro en relación con la potencia instalada. No será posible cumplir con los objetivos de renovables sin reequilibrarlos con el desalojo de potencia convencional, y ahí la senda de desnuclearización en los 40 años de vida útil se convierte en una oportunidad.
5.- La consideración del acceso a la energía como un derecho de ciudadanía nos obliga a repensar la relación entre consumidores y proveedores. El derecho a un suministro básico no se compadece en absoluto con una respuesta asistencial a las necesidades de la población más vulnerable, y la dualidad actual entre tarifa regulada y mercado libre se demuestra fracasada. El propio sistema debe garantizar un suministro sujeto a tarifa fija establecida con carácter general para primera vivienda, indisponible para las empresas suministradoras y blindado por parte de la Administración, quedando la energía consumida por encima de ese umbral vinculada a los precios que fije el mercado.
6.- Nuestra descomunal dependencia exterior sigue siendo el talón de Aquiles de la economía y un lastre imposible de compensar para la competitividad de las empresas. Para abordar con ciertas garantías una estrategia que nos libere de esta losa, será imprescindible hacerlo desde una visión integrada del sistema energético en la cual el transporte adquiere un protagonismo fundamental. Ni que decir tiene que sería también una utopía el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones si previamente no pensamos en una planificación conectada de ambos subsectores.
7.- Y todo ello debe hacerse bajo la premisa de que la transición energética ha de ser ante todo justa, y para eso la capacidad de planificación de la cual son titulares los Gobiernos se revela como la mejor herramienta para conjurar los riesgos que se derivarían para colectivos sociales y territorios especialmente vulnerables por su elevada dependencia de las tecnologías convencionales, para consolidarlas como destinatarias prioritarias de las tecnologías de entrada.
Ciertamente resulta mucho más sencillo hacer el relato de las ideas que llevarlas a la práctica, pero no es menos verdad que nunca llegaremos si antes no decidimos a dónde queremos ir.
Hugo Morán es el secretario federal del PSOE para la transición ecológica de la economía.