El mismo día en que falleció a los 90 años don Eduardo García de Enterría, todos los medios de comunicación estaban repitiendo constantemente la noticia de la muerte en Argentina del padre de Tata Martino, el nuevo entrenador del Barcelona. Sobre Enterría, en lo que yo vi o escuché, ni una palabra. Con todos los respetos para el señor Martino, ese dato es un síntoma claro de la escala de valores culturales –para nada ajenos a los morales– que domina en nuestra sociedad.
Porque Enterría ha sido, como fue Ortega en el campo de la filosofía y el ensayo de la primera mitad de siglo XX, quien ha marcado, ya en su segunda mitad, un antes y un después en el campo del derecho público español, tanto por su rigor científico, como por asentar el derecho sobre bases democráticas. En efecto, García de Enterría amplió el campo estricto del derecho administrativo al englobarlo en un derecho público general, ya sobre bases constitucionales, que anticiparon lo que debía ser la Constitución.
Cuando en 1962 asistí como estudiante a su célebre conferencia en la Facultad de Derecho de Barcelona sobre La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, de la que comprendí muy poco, no podía sospechar que los conceptos técnico-jurídicos que desgranaba aquel todavía joven profesor estaban socavando las bases de la dictadura y sentando los principios de un Estado de derecho.
Antes, Enterría ya había contribuido a la redacción de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, hoy todavía vigente, y, en 1950, a sus 27 años, había fundado y dirigido de hecho la Revista de Administración Pública, la famosa RAP, que desde su primer número sorprende por su calidad y modernidad, insólitas en aquella España oficial tan al margen de la cultura europea. Lo mismo puede decirse más tarde, en 1970, de su gran libro sobre el control de la potestad reglamentaria y la legislación-delegada, fundamentado con gran rigor técnico, cuyo antecedente estaba en la doctrina emanada de unas sentencias del Tribunal Supremo que habían aceptado las tesis mantenidas por el abogado Enterría ante dicho Tribunal.
Así pues, ya antes de la Constitución, García de Enterría había contribuido a sentar algunas de sus bases, al influir en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Además, había creado una vasta escuela, cuyos primeros integrantes fueron Alejandro Nieto, los hermanos Martín-Retortillo, Parada, Tomás-Ramón Fernández, Gómez-Ferrer, Sainz Moreno y Santamaría Pastor, a los que siguieron, en una generación posterior, entre otros, Tomás de la Quadra, José Luis Carro, Sosa Wagner, Martín Rebollo, Muñoz Machado y Luciano Parejo, todos ellos, a su vez, con innumerables discípulos. Una escuela que ha resultado fundamental en estos años de democracia. Tampoco puede olvidarse la labor de Enterría al frente de la Editorial Civitas, que elevó notablemente el nivel de nuestra cultura jurídica, así como su influencia sobre miles de estudiantes –y de profesionales– con su Curso de Derecho Administrativo, del que es autor junto con Tomás-Ramón Fernández.
La ocasión más relevante que tuvo Enterría de aplicar sus amplios conocimientos fue durante el proceso constituyente y los primeros años de desarrollo democrático. Dos cuestiones fundamentales le obsesionaron: la naturaleza y la función del derecho entendido, al modo de Kelsen, como ordenamiento; y el control jurisdiccional y la responsabilidad de los poderes públicos. Ambos, problemas básicos de todo Estado constitucional.
Ello lo trató, primero, en su artículo “La Constitución como norma jurídica” (1979), de influencia decisiva para constitucionalizar todo el ordenamiento; segundo, en su artículo “La posición jurídica del TC en el sistema español” (1981), que sentó doctrina sobre una materia entonces poco conocida. En estos años también se ocupó en numerosos trabajos del sistema autonómico, introdujo las técnicas del federalismo cooperativo y presidió la comisión jurídica que enderezó el desarrollo estatutario. A mediados de los ochenta se preocupó de estudiar la integración del sistema de fuentes español en la Unión Europea, materia sobre la cual ha reflexionado por escrito en numerosas ocasiones, así como la posición de los derechos fundamentales y la responsabilidad estatal en el marco del derecho de la Unión.
Por tanto, García de Enterría, en el campo del derecho, lo ha sido todo: catedrático de universidad, alto funcionario (letrado del Consejo de Estado), director de dos revistas jurídicas (además de la RAP, también de la REDA), editor de prestigio, maestro de una amplísima escuela e, incluso, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primer español que ocupó este cargo.
Pero, por encima de todo, Enterría ha sido un jurista que siempre se adelantó a su tiempo como fruto de su profundo bagaje teórico, una variada experiencia práctica, una curiosidad insaciable, una obstinada capacidad de trabajo y, además, una responsabilidad moral en mejorar la sociedad mediante los criterios de justicia que derivan de los valores de libertad e igualdad. El constitucionalismo tiene con él una deuda impagable.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.