Entre el péndulo y el embudo

Por Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ex ministro de Coordinación Legislativa y de Educación con UCD (EL PAÍS, 19/09/06):

Con permiso de los constitucionalistas, me temo que en España hay leyes superiores a la Constitución. Cierto que no aparecen en el boletín. Pero rigen nuestra convivencia. De entre ellas destacan la del péndulo y la del embudo.

El péndulo se manifiesta entre nosotros, al menos, desde principios del siglo XIX. Viene a ser un endemismo hispano. Es un padecimiento insidioso y recurrente: una especie de trastorno circular, ducha escocesa de ortodoxias alternativas, siempre impositivas, que reclaman adhesión incondicional.

Larra describió el péndulo en un artículo de 1834, Ventajas de las cosas a medio hacer. En 1808 -escribió- España “no podía ser feliz sino bajo la ilustrada dominación del dispensador supremo de la dicha de los pueblos” (Bonaparte). “Poco después, toda su bienandanza debía consistir en manejarse por sí sola. El año 14 era indudable que sólo su legítimo Rey y su legítima libertad la podían conducir a la dicha. Hasta el año 19 el orden y la paz, la gloria y la ventura sólo podían apoyarse en la santa Inquisición. El año 20 ya se averiguó que aquella dicha no era la verdadera. El año 23 se vio felizmente restituida a la felicidad verdadera; entonces sólo podía esperarla de aquellos mismos franceses, los únicos que el año 8 podían hacerla feliz, y que el año 9 sólo podían hacerla desgraciada. En aquel año 23 recibió, pues, su verdadera dicha del absolutismo: entonces abrió los ojos por cuarta vez, y vio cómo había de ser feliz. Y por fin, el año 34, abre los ojos por quinta vez, y se convence de una manera irrecusable de que su felicidad sólo puede depender de la representación nacional”.

Durante el XIX el vaivén pendular se hace visible en las constituciones antagónicas, según el color del partido en el poder. Pasamos de periodos ominosos a gloriosos en un santiamén; del absolutismo al régimen constitucional; de la monarquía a la república. La Constitución más duradera, la de 1876, era ya fantasmagoría a principios del siglo XX. Tras la lenta disolución del canovismo, el tejer y destejer se manifestó con dictaduras, nueva república y cruenta Guerra Civil por medio.

La generación a la que pertenezco tuvo que soportar, tras la Guerra Civil, demasiados absurdos, presentados como dogmas: leyes fundamentales permanentes e inalterables por su propia naturaleza, un caudillo entronizado por la gracia de Dios, amén de innumerables ruedas de molino que deglutir y celebraciones tan impositivas como los XXV años de la paz de Franco.

Tras su muerte, nosotros consideramos estéril encadenarnos para siempre a la Guerra Civil. Quisimos mirar hacia delante, propugnar amnistía, consenso y reconciliación en una transición que fue nuestro más alto empeño. Así nació la Constitución de 1978. Gobiernos de distinto signo, entre 1978 y 2000, contuvieron con energía ciclópea las presiones de la inercia pendular sobre las placas tectónicas de nuestra convivencia.

Con el siglo XXI las actitudes cambiaron. Asomó la política del trágala y el ¡chúpate ésa! de unos grupos políticos frente a otros. De nuestras entrañas volvió a surgir humeante el géiser reprimido de odios cainitas entre azules y rojos, católicos y anticlericales. En una palabra, resurgió el péndulo.

El insidioso péndulo viene potenciado por otra ley -también sin boletín- que es la acreditada ley del embudo: para mí lo ancho, para ti lo estrecho. Quien busque un paradigma que presencie un debate sobre el estado de la nación. Maravilla, en efecto, ese virtuosismo en el método Ollendorf, ese dominio del “más eres tú”; ese no perdonar la mínima al adversario, esa admirable autosatisfacción con todo lo que nosotros hacemos, junto con la nanométrica abominación de los errores contrarios.

Se practica el “embudo cruzado” cuando un partido A exige comisión de investigación en Galicia, por ejemplo, sobre incendios forestales, frente al Gobierno del partido B, que la rechaza airado. Y mientras, ese mismo partido B reclama en Valencia lo que él mismo deniega en Galicia, por ejemplo investigar un accidente de metro con muertos. Absurdo compensado por el hecho de que el partido B niegue en Galicia lo que con ardor solicita en Valencia.

En el último par de años el péndulo y el embudo han formado potente coalición y simbiosis. Parece que hemos iniciado una contrarreloj para barrenar lo que la transición tuvo de transacción.

De momento caen los tabúes de la transición. Se remodelan las narrativas. Emerge como arcadia feliz la II República y como infierno sin paliativos los cuarenta años de franquismo. Ahora se va a poner a la Iglesia católica en su sitio. No conoce límites la euforia expansionista de los nuevos estatutos. Mondo se queda el Estado. Como alguien dijo, es cosa residual. De añadidura vamos a recuperar la memoria histórica adormecida -“¿Por ley?”. “Sí, señor, no faltaba más”-.

El boletín del Congreso del 8 de septiembre pasado publica un proyecto que “reconoce y amplía derechos”, conocido como ley de”la memoria histórica”. En pocos artículos, España se sitúa una vez más en la vanguardia. Otros países no dieron estos pasos audaces. No han aprobado leyes para depurar su pasado nazi, fascista o colaboracionista. Son países tibios por naturaleza, capaces de caer en aberraciones como las grandes coaliciones entre socialdemócratas y democristianos, o las cohabitaciones entre socialistas, gaullistas y liberales.

Pero nosotros seguiremos creando derechos. Pronto todo el mundo gozará de un inédito “derecho a la reparación de su memoria personal y familiar”. Difícil encontrar algo semejante en el derecho comparado. Es un derecho de enorme originalidad, inimaginable para Papiniano, Windscheid o Kelsen. Es un nuevo derecho moral. De dinero, ni un duro.

En su declaración no intervendrán los jueces. Es lógico. Los jueces en el fondo no hacen más que entorpecer los buenos designios de los políticos con formalidades absurdas, tales como cosas juzgadas, prescripciones, seguridad jurídica y otras así. Además, son independientes y muy conservadores. Mejor que instruya estos expedientes una comisión interministerial de confianza, que pueda discernir a quién hay que restaurarle la memoria y quién la tiene más que restaurada.

Como clave de esta construcción, funcionará un consejo de cinco prestigios de las ciencias sociales (artículo 5.1), independientes, claro está, elegidos por el Congreso por mayoría de 3/5. Este oráculo declarará que ciertas actuaciones pretéritas de nuestros antepasados fueron “manifiestamente injustas”. Los iusnaturalistas saltarán de gozo con este ejemplo inesperado del eterno resurgir del derecho natural.

Mi admiración va hacia esos expertos sociales que habrán de decidir, sin prueba contradictoria, qué conductas pretéritas fueron “injustas” de modo “manifiesto”. Asombrará que se pongan de acuerdo sobre asuntos tan espinosos, en un país en el que ignoramos a ciencia cierta cosas mucho más sencillas, como cuántos asistieron a una manifestación, cuántas hectáreas ardieron un verano o por qué se produjo un accidente.

Pese a su novedad, este derecho hunde sus raíces en conceptos jurídicos muy antiguos. Pues de modo implícito se van a reactivar tradicionales principios de culpa que se creían arrumbados. Repárese que se dirá que hubo injusticia manifiesta, pero no quién la cometió (artículo 7.3). O sea, vale decir el pecado pero no el pecador. Ítem más. La averiguación de la culpa tiene una cierta raigambre bíblica. Al ocultar el nombre de los responsables (que no se han podido defender), nos acercamos a un cierto concepto de culpa colectiva: si por nuestro padre Adán pecamos todos, por la guerra y régimen de Franco pecaron también todos… los del PP. Muy hábil.

Pero con todo, lo más estupefaciente es que ese “derecho” nace, no para reabrir enconos, sino para “cerrar heridas todavía abiertas en los españoles” y profundizar el espíritu de “reencuentro” y “concordia” de la transición. Gran sorpresa. Imagínese el lector si los alemanes y franceses tras dos cruentas guerras hubieran seguido este camino de reconciliación, qué bien estarían y qué poca Europa habría.

Aquí de momento no se han empezado a “cerrar heridas”. Más bien se ha iniciado la guerra de las esquelas: unos asesinados por la represión franquista, otros por las hordas marxistas. Éste es el modo de reencontrarnos. ¿Qué pasará después?

Si el método funciona, podríamos recomendarlo como bálsamo de Fierabrás a palestinos e israelíes, o a chiíes y suníes para que se amansen. Menester fuera exportarlo al cono sur americano o quizá a Rusia, donde hay un filón inexplorado de la época del padrecito Stalin, o a China ahora que se conmemora al Gran Timonel, con cientos de miles de muertos a sus espaldas. O quizá sea una buena idea para la transición al postcastrismo en Cuba. O, para no ir tan lejos, alguien podría introducirlo en un nuevo Estatuto vasco y llegar con la tuneladora balsámica hasta las guerras carlistas. Incluso podría ocurrir que en unos años otro oráculo nombrado por el Parlamento vasco considerara manifiestamente injusto haber perseguido a quienes sólo luchaban por la independencia de Euskalerría.

Pero ¿y si no funciona? ¿Y si es una ocurrencia? ¿Qué sucedería? Pues que de la mano del péndulo una vez más iríamos hacia nuestra felicidad verdadera. Este Estado se consolidaría como residuo, seguramente tóxico. Nuestra Constitución, de sabático, resultaría el residuo que dejen libres los nuevos estatutos. Residuos todos en espera de honorable incineración. Y resonaría sobre nuestras conciencias la voz de Ortega cuando escribió en 1920 que España es sólo la “polvareda que queda cuando por la gran ruta histórica ha pasado galopando un gran pueblo”.