Entre la Constitución y la calle

Por Reyes Mate, filósofo y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EL PERIÓDICO, 10/06/06):

Si se trata de exigir al Gobierno que respete en el proceso de paz los derechos de las víctimas, más eficaz es pedir aclaraciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la mención de las víctimas en la Constitución que manifestarse de nuevo con lemas que respiran manipulación política. La concentración anunciada para la jornada de hoy en Madrid sirve los intereses de un partido político, mientras que la propuesta de que la Constitución hable de las víctimas puede ser la ocasión para aclarar definitivamente si tanto discurso sobre víctimas es mera retórica o va en serio.
Una mención de las víctimas en la Carta Magna puede tener dos sentidos bien distintos. Puede expresar la solidaridad del pueblo español con las víctimas, acompañándolas en su dolor; en ese caso no se diría nada nuevo que no esté ya en el espíritu de la Constitución.
Otra cosa muy distinta sería si lo que se pretende es reconocer la responsabilidad del pueblo español por los daños causados a las víctimas. Si así fuera, las víctimas aparecerían no ya como objetos de solidaridad, sino como sujetos de una injusticia que exige justicia al pueblo español. Dado que el daño que hace el terrorismo etarra a las víctimas es doble, doble sería la expresión de la responsabilidad a que se compromete la Constitución. La víctima sufre, en primer lugar, un daño personal (muerte, mutilación) que exige reparación en la medida de lo posible. En el fondo, ese daño que se hace a la persona es irreparable. Nadie puede devolver la vida arrebatada ni los miembros mutilados ni los días convertidos en noches en alguno de esos macabros zulos. Pero hay que hacer lo que se pueda para aliviar el sufrimiento en la víctima y en los suyos. También hay un daño político: quien mata está dando a entender que el asesinado no cuenta en la sociedad con la que sueña ese pueblo vasco al que sirve. Hacer justicia significa entonces reconocer públicamente a esas víctimas como miembros plenos de una sociedad vasca democrática.
El reconocimiento por parte del pueblo soberano de una deuda pendiente con víctimas de la que tiene que responder con reparación y reconocimiento sería una notable novedad no solo para el tratamiento de las víctimas, sino para la comprensión de la política. En efecto, si nos hacemos cargo de las injusticias hechas a las víctimas del terrorismo, estamos obligados a preguntarnos ¿por qué mencionar solo a las víctimas del terrorismo?, ¿acaso no hay más víctimas que esperan su turno para que se les haga justicia?, ¿por qué unas injusticias tendrían que prescribir y otras no?

LAS PREGUNTAS no son gratuitas. Vivimos en un momento en que las víctimas del pasado han salido de su invisibilidad y plantean a la buena conciencia del pueblo soberano preguntas que hacen tambalear viejas seguridades. Miremos a la vecina Francia, tierra de la Gran Revolución y de la igualdad republicana. Hace unos años los descendientes de esclavos conmovieron la conciencia francesa al recordar que mientras en la metrópoli se exaltaban los valores republicanos, en las colonias se practicaba la trata de esclavos. Aprobaron una ley que en su primer artículo reconocía que el esclavismo practicado por la República Francesa desde el siglo XVII al XIX constituye un crimen contra la humanidad. Los franceses del siglo XXI tienen que cargar con la responsabilidad de sus abuelos en los siglos pasados.
¿Está pensando Rodríguez Zapatero en este tipo de responsabilidades cuando habla de colocar ante los ojos del pueblo español, sujeto del poder constitucional, el hecho de las víctimas? Todo invita a pensar que lo que pretende es hacer un gesto de solidaridad con las víctimas del terrorismo reciente, sin meterse en más berenjenales. Lo que no puede impedir es que por esa puerta acabe entrando la memoria de las víctimas sobre cuyo olvido se ha construido la realidad que el pueblo español de la Constitución ha recibido en herencia con la obligación de gestionarla debidamente. Esa memoria de largo alcance ya está llamando a la puerta. Hace unos años, Gabriel García Márquez y otros intelectuales protestaron ante la Unión Europea por el visado que exigían a quienes venían de Colombia: “Somos los hijos o los nietos de los esclavos y siervos injustamente sometidos por España. Expliquen a sus socios europeos que ustedes tienen con nosotros una obligación a la que no pueden dar la espalda”, decían. Que hace cinco años alguien viniera a la España democrática con facturas de hace cinco siglos sonaba a broma. Hoy ya no. Si tanto pesan ya las víctimas de un pasado lejano, mucho más las que no son contemporáneas.

LAS VÍCTIMAS del terrorismo están en su derecho al denunciar cualquier planteamiento que implícitamente suponga olvidar, es decir, pasar página. Y una forma de olvido es tomar a Batasuna por interlocutor honorable aduciendo que así nos aseguramos la permanencia del alto el fuego. La honorabilidad solo les puede venir de un distanciamiento de la violencia ya ejercida. Es inevitable, por tanto, exigir arrepentimiento o, si se prefiere, condenar la violencia que han secundado. Joseba Permach afirmó recientemente que ellos no estaban “para condenar la violencia, sino para acabar con ella”. Lo que tiene que entender es que para acabar con ella tiene que condenarla, es decir, tiene que reconocer que con ella cometió una injusticia. En eso consiste tomarse en serio a las víctimas.
La mención en la Constitución de las víctimas debería despejar las dudas que a veces transmite la política del Gobierno y también dejar en evidencia a quienes solo buscan aprovecharse de ellas.