El resultado de las elecciones del 9 de marzo plantea más interrogantes de los que resuelve. Tras su ajustada victoria, los socialistas se encuentran entre la espada y la pared. Zapatero no puede recurrir a los partidos de izquierda a fin de formar la mayoría parlamentaria necesaria, porque el electorado de estos partidos optó por dar su voto al PSOE para evitar una victoria del PP. La bipolarización de los votos entre el PSOE y el PP ha situado al PNV y a CiU en una posición de fuerza para exigir que se les transfieran más competencias y recursos a cambio de su apoyo al nuevo Gobierno socialista.
Los problemas a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo, sin embargo, son más profundos que la simple geometría parlamentaria o el hecho de que tendrá que salvar el bache que atraviesa en la actualidad la economía internacional. El primero de esos problemas reside en el carácter de la oposición conservadora. Desde las elecciones de 2004, el PP adoptó una estrategia de desgaste del Gobierno socialista, estrategia que no respetó las reglas de la oposición democrática, y una retórica que sobrepasó los límites del debate parlamentario. En lo que se puede considerar una campaña electoral casi permanente, el PP pasó del Parlamento y, en su lugar, sacó a sus huestes a la calle para manifestar su disconformidad con respecto a la política antiterrorista, la política territorial y las nuevas leyes sociales introducidas por el Gobierno socialista. El PP se opuso e hizo campaña en contra de la negociación del Gobierno con ETA, algo que rompía con una tradición política bien asentada; se unió a la Iglesia en contra de las progresistas reformas sociales llevadas a cabo por el Gobierno de Zapatero, y obstaculizó toda nueva transferencia de competencias que rebasara el principio de subsidiariedad administrativa, de ahí su cruzada en contra del Estatuto catalán.
El PP recabó ayuda para su campaña en contra del Gobierno de Zapatero en el seno del propio Estado y de sus organismos, con lo que politizó unas instituciones de las que se espera que permanezcan al margen de las políticas de partido. En muchas cuestiones, el PP no ocupó el espacio del centro-derecha en el espectro político, sino que se situó a la derecha del mismo, reduciendo así sus posibilidades de una victoria electoral. La polarización política consiguiente ha supuesto un deterioro de la democracia española.
En realidad, la conducta del PP parece sugerir que el partido no ha interiorizado las normas básicas de la democracia parlamentaria ni el discurso centrista que dice representar. Asimismo, da a entender que el PP no se ha enfrentado a su pasado a fin de poner al descubierto cier-tas culturas y mentalidades residuales del franquismo y deshacerse de ellas. Un fallo éste que no es sino una consecuencia del elitismo que guió la transición a la democracia y que permitió que la derecha eludiera su pasado. La ausencia de democracia interna, vital para la articulación de unas estrategias basadas en unos contextos políticos en cambio constante, dificulta la renovación del PP. La escasa ventaja electoral alcanzada por el PSOE y la fuerza del voto del PP en sus bastiones puede anular toda tentación por parte de su directiva de cambiar de estrategia o de formar un equipo directivo más moderado.
La renuencia del PP a todo consenso dificultará que Zapatero pueda llevar a cabo su programa progresista. Si concede mayores competencias y recursos a una o más de las comunidades históricas a fin de ganarse el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas, ahondará aún más la polarización cultivada por el PP. Por encima de esto, la propia arquitectura del Estado español constituye el segundo de los problemas de fondo que limitarán a su nuevo Gobierno. La nación se ha convertido en el campo de batalla de los partidos políticos. Conforme al discurso que el PP lanza a los medios, España se está desintegrando; cunde el separatismo y el Gobierno es cómplice del suicidio colectivo del país. En unos tiempos de inmigración masiva y de globalización -o "glocalización", término utilizado por Alvin Tofler para referirse a la necesidad de los pueblos de afirmar sus identidades locales-, este tipo de polémica no se circunscribe al caso español. El terreno sobre el que se asientan los conceptos de nación y de identidad no deja de moverse. Basta con fijarse en el Reino (Des)Unido, en Bélgica o en Italia.
Si ahondamos en la identidad plural de España, encontramos una especie de "empate" entre la identidad española y las otras identidades, la catalana y la vasca en particular. La dictadura de Franco intentó destruir esta dualidad, imponiendo una sola identidad. Por eso en la nueva democracia fue aún más intensa la expresión de la diferencia. Y la celebración de la pluralidad ha sido una fuente de vitalidad cultural. El problema surge cuando algunas élites políticas pretenden imponer no sólo una jerarquía de identidades, sino casi una identidad exclusiva, ya sea española o regional. Sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles se siente cómoda con la coexistencia de dos, tres y hasta cuatro identidades.
El sistema de comunidades autónomas establecido en la Constitución, todavía a la sombra de la dictadura franquista, exacerbó el problema. Las autonomías han obtenido una serie extraordinaria de recursos y de competencias a lo largo de los últimos treinta años. Se reconoció el carácter especial de las comunidades históricas, pero esto dio lugar a una asimetría entre ellas que llegó a convertirse en un motivo de resentimiento, en especial con respecto a los catalanes. La ampliación de las transferencias a todas las comunidades dio origen a una dinámica competitiva alimentada por el agravio comparativo. Las élites políticas regionales no podían pasar por alto ese afán de ponerse al mismo nivel de las otras o de aventajarlas, porque surgieron redes de intereses financieros, comerciales, sociales y culturales que no sólo las presionaron a diferenciar su identidad y su historia de las de las otras regiones, sino también a arrancar más recursos y competencias al Estado, un proceso que corre el riesgo de terminar convirtiéndose en una causa perdida.
Se trata de un federalismo competitivo, más que cooperativo. Se echan en falta los mecanismos de responsabilidad conjunta que caracterizan a los Estados federales. No se toman decisiones conjuntas a nivel nacional, de modo que no se fomenta que los Gobiernos regionales piensen en términos nacionales. En el Senado español apenas hay representación autonómica, y, sin embargo, el deseo de Zapatero de reformarlo para que refleje la importancia de las autonomías se topa con la oposición del PP. Con el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso, esta reforma sigue siendo imposible.
El Gobierno de Zapatero se enfrenta así a unos retos aún mayores que los de los últimos cuatro años. No obstante, y pese al PP, si lleva a cabo la última tanda de transferencias posibles en el marco de la Constitución, puede crear una mayoría parlamentaria funcional.
Parece que el PNV se muestra más proclive a cooperar, escarmentado tras la pérdida de votos sufrida en las últimas elecciones, unos votos de los que se beneficiaron los socialistas vascos. Tanto es así que Ibarretxe podría acabar cediendo a las presiones de su propio partido para que retrase el referéndum de autodeterminación a cambio de más competencias. Y por encima de todo esto, el nuevo Gobierno socialista tiene a su alcance el premio más codiciado de la España democrática: el desmantelamiento de ETA mediante mecanismos legales y de seguridad.
Sebastian Balfour, catedrático emérito en la London School of Economics and Political Science. Es autor (con Alejandro Quiroga) de España reinventada. Nación e identidad desde la transición (2007). Traducción de Pilar Vázquez.