Entre la integración y la impunidad

El 23 de febrero, mientras culminaba la Cumbre del Grupo de Río en Playa del Carmen, México, en la que participaron 32 de los 33 presidentes de América Latina -todos menos Porfirio Lobo, presidente de Honduras- en La Habana moría, tras una huelga de hambre de 85 días, el opositor Orlando Zapata Tamayo, injustamente encarcelado desde la primavera de 2003. La muerte de Zapata fue una buena muestra de los dilemas que deberá enfrentar en el futuro la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELC), anunciada en la cumbre mexicana.

La diversidad ideológica y política de la América Latina del siglo XXI es constatable en las distintas maneras en que los Gobiernos de la región imaginan dicha comunidad. El presidente de México, Felipe Calderón, uno de los principales impulsores de la nueva entidad, dijo que la comunidad sería una alianza de “democracias” que comparten valores de “justicia” y “libertad”. En cambio, el presidente Raúl Castro -el único de los líderes allí reunidos que no llegó al poder por medio del triunfo en unas elecciones competidas- afirmó que la condición para la pertenencia a la comunidad sería la de ser un Estado “independiente” y respetuoso del sistema político adoptado por cada país.

La declaración de Castro equivale al reconocimiento, por parte de La Habana, de que todos los países latinoamericanos son “independientes”, a pesar de ser capitalistas y democráticos -lo cual contradice medio siglo de caracterización de América Latina como región neocolonial, dominada por Estados Unidos-. Pero también implica una interpretación de la CELC, incompatible con la de la mayoría de los Gobiernos de la región, que entiende la misma como una comunidad de naciones soberanas, pero también democráticas. Varios líderes latinoamericanos, como Felipe Calderón, Óscar Arias, Álvaro Uribe, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, incluyeron la defensa de los derechos humanos como una de las prioridades de la CELC.

Aunque el proyecto del nuevo foro multilateral se origina, fundamentalmente, en la convergencia de dos agendas geopolíticas -la de la ampliación del Grupo de Río impulsada por Brasil y la de la búsqueda de una mayor inserción de México en Latinoamérica- cada bloque subregional se suma al mismo desde su propia perspectiva ideológica. La mayoría interamericana, por ejemplo, no piensa que la CELC sea una alternativa o una entidad rival de la OEA, sino un foro diferente, que podría servir para la solución de conflictos, ante los que la OEA, por su dependencia de Estados Unidos, se muestra impotente. Los cinco Gobiernos bolivarianos (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba yNicaragua), en cambio, piensan que la CELC servirá para “enterrar” a la OEA.

La falta de consenso en torno a la funcionalidad de la nueva instancia fue perceptible en la posición de los presidentes latinoamericanos ante Honduras. Unos eran partidarios de reconocer el Gobierno de Porfirio Lobo, otros no. Lo curioso es que los bolivarianos -quienes más presionaron a favor de la defensa del Gobierno de Evo Morales, cuando los conatos de golpe de Estado en Bolivia, en 2006 y 2008, o a favor del Gobierno de Manuel Zelaya, cuando el golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009- son los más interesados en que la CELC disponga de mecanismos eficaces para rechazar la interrupción de Gobiernos constitucionales. La nueva comunidad, según esos Gobiernos, no sería únicamente un foro de defensa de las soberanías nacionales, sino de limitación de las mismas en caso de amenaza al orden democrático.

Es ahí donde el dilema entre integración e impunidad, en América Latina, se presenta con todas sus aristas. Si la CELC será un organismo con capacidad para sancionar a un gobierno surgido de un golpe de Estado, ¿por qué carecería de la misma capacidad para sancionar a Gobiernos que violen los derechos humanos? ¿Bajo qué figura del derecho internacional podría presentarse lo primero como sanción legítima y multilateral y lo segundo como intromisión en asuntos internos? Sólo renunciando a toda forma de calificación o reconocimiento de la legitimidad de los Gobiernos o excluyendo la democracia y los derechos humanos de la agenda multilateral esa comunidad podría mantener “unidos” a los 33 presidentes de la región.

Dos argumentos frecuentes en contra del tratamiento de los temas de democracia y derechos humanos en foros bilaterales o multilaterales son que existen muchos tipos de democracias y que en todos los países del mundo se violan los derechos humanos. Ambos argumentos son ciertos y, precisamente por serlo, permiten sostener que el debate sobre la democracia y los derechos humanos es inevitable y necesario en dichos foros, por la cada vez mayor interconexión global de las políticas internas y externas y la útil colaboración regional en áreas de interés común.

Desde esta perspectiva, podría imaginarse que en las proyectadas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se debatirán las violaciones de derechos humanos en cualquier país del continente: en México o en Colombia, en Honduras o en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba. A juzgar por las últimas décadas, algunos países de la región estarían dispuestos a sostener esos debates en un foro regional, pero otros no, ya que consideran “injerencia” los “juicios de valor” sobre cualquier sistema político latinoamericano, aunque provengan de otro Gobierno latinoamericano.

En las dos últimas décadas, cada vez que un Gobierno de la zona criticó la violación de derechos humanos en Cuba, la reacción de La Habana fue acusar a dicho Gobierno de “lacayo del imperio” y movilizar a las izquierdas radicales en su contra, utilizando las embajadas cubanas en las capitales de la región. La exclusión de Estados Unidos y Canadá del nuevo foro hace más difícil la acusación de “complicidad con el imperio”, pero no imposible. En todo caso, la mayoría de los Gobiernos de la región quiere ahorrarse la furia de las izquierdas procubanas y prefiere callar cuando La Habana deja morir a un preso político.

América Latina se encuentra, pues, en una encrucijada entre integración e impunidad. Si el continente escoge el camino de la integración, mirando al otro lado cada vez que un Gobierno viola los derechos humanos, es probable que logre avanzar en un esquema pragmático de colaboración migratoria, comercial, cultural, sanitaria, educativa o contra el narcotráfico, siempre necesaria en una región tan pobre, inequitativa e incomunicada. Pero si ese esquema deja fuera o instrumenta, unilateralmente, el asunto vital de los derechos civiles y políticos -en una zona del mundo donde el autoritarismo sigue vivo, a pesar de las últimas transiciones- la integración podría convertirse en un pretexto para la impunidad.

Rafael Rojas, historiador cubano y exiliado en México. Ha ganado el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.