Hace unos días, recibí una llamada de la sección de Opinión de este periódico pidiéndome un artículo sobre la problemática que plantea el desarrollo estatutario. Respondí que no creía ser la persona indicada para hacerlo, atendido a mi posición crítica frente al Estatut, pero, ante la insistencia, accedí a ello tras pensar que, si doy la tabarra a los lectores semana tras semana sobre los más variados temas, no puedo hurtar el cuerpo ante una cuestión comprometida. Así que, aceptado el envite, me dispongo a afrontarla sin modificar mi punto de vista inicial, a saber, que el Estatut de Catalunya constituye un grave error, desde el punto de vista de los intereses generales del Estado español, por introducir --aunque sea de modo embrionario-- unos mecanismos de bilateralidad impropios de un Estado federal --que, a fin de cuentas, es un Estado unitario-- y típicos de una confederación. Esta bilateralidad, aceptable quizá como estación de paso para quienes aspiran a una Catalunya independiente, no conviene a España, no solo porque su probable extensión a más autonomías provocaría --al hacerse efectiva-- la erosión irreversible del Estado, sino por una cuestión de intereses, pues ¿qué ganaría con ello? Introducir un factor de desestabilización permanente, ya que la bilateralidad solo conduce a la confederación o a la disolución.
Sentado este punto de partida, entro en materia. La situación actual viene definida por dos hechos contradictorios: Primero, el Estatut es una ley aprobada con escrupulosa observancia de los trámites prescritos y que, por tanto, ha de ser cumplida por todos (la ley es autónoma y heterónoma; o sea, vincula tanto a quien la da como a quien la recibe). Segundo, el Estatut --con independencia de que esté siendo cuestionado ante el Tribunal Constitucional-- es objeto de una reticente interpretación, cuando no de una frontal inobservancia, por parte de la Administración central del Estado. Dicho en plata: el Gobierno o incumple o da largas. El incumplimiento se advierte en el impulso de nuevas leyes que desconocen el Estatut (leyes de dependencia, adopciones, del libro, de defensa de la competencia, de violencia en el deporte, etcétera); y el dar largas se manifiesta en la decisión del Gobierno central de posponer el desarrollo del Estatut (cerca de 30 leyes, de las que 20 son orgánicas) hasta después de las elecciones generales del 2008. La razón alegada es la inseguridad que genera la amenaza de una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, pero la razón de fondo --y ahí radica la gravedad de la situación generada-- está en el temor a la reacción del electorado español, pues la estrella electoral del PSOE comenzó a oscurecerse cuando el Estatut llegó al Congreso.
Ante esta situación endiablada, es lógico que el conseller Castells no esconda las graves dificultades del momento, aunque rechace el alarmismo, y que el president Pujol alerte acerca de que las dificultades serán enormes. Yo, por mi parte, soy aún más pesimista: creo que la decisión del presidente Zapatero de excluir de sus prioridades legislativas los traspasos a la Generalitat constituye la primera prueba de que este Estatut no será jamás objeto de desarrollo pleno. Me fundo, para opinar así, en una convicción característica de quienes trabajamos con leyes: la escasa eficacia de estas cuando no son expresión de una convicción social dominante. Me explico. Hace unos días sostuve, en estas mismas páginas, que ciertos aspectos de la ley de partidos son --en la práctica-- de imposible aplicación en el País Vasco, atendido al hecho de que una mayoría de los vascos no respaldan sus normas. ¿Alguien imagina --por ejemplo-- que el lendakari
Ibarretxe pueda ser condenado en virtud de dicha ley? Está claro que no. Pues bien, por idéntica razón afirmo que el Estatut de Catalunya nunca será objeto de desarrollo pleno, por comportar una modificación directa del sistema jurídico general de España --es decir, del Estado--, que no ha sido aceptada --por considerarla útil y necesaria-- por la mayoría de los ciudadanos españoles. Se me objetará que el Parlamento español aprobó el Estatut y que estas son las reglas de la democracia. Sí, pero también aprobó la ley de partidos, y ya hemos visto lo que sucede. El voluntarismo juega, en derecho, muy malas pasadas. Lo que, no obstante, sí debe admitirse es la responsabilidad que incumbe al presidente Zapatero por haber impulsado un texto que, más allá de la oposición cerril del PP, era mirado con desconfianza por la práctica totalidad de la derecha y buena parte de su propio partido.
Tal vez no se ponderó suficientemente esta resistencia. Un observador tan lúcido como Enric Juliana ha escrito hace poco que "el Estado español, uno de los más antiguos del Viejo Continente, dispone de unos engranajes muy sólidos, pero su alma es débil". Yo, por mi parte, considero que sucede justamente lo contrario: el Estado español ha sido tradicionalmente débil y, de hecho, no llegó nunca a fraguar como un auténtico Estado unitario y centralista (no logró consolidar ni la unidad de caja), por lo que necesitó --a lo largo del siglo XX-- la ortopedia de dos dictaduras. Pero, en cambio, la nación española, la España que se siente española, es un enfermo con una mala salud de hierro, que ha superado crisis tremendas y que no va precisamente a autodestruirse cuando está --en un mundo globalizado en el que tan trascendentes resultan las áreas culturales-- ante uno de los momentos más esperanzadores de su compleja historia. Así las cosas, es justo que me pregunten qué salida veo a esta situación. No se la veo, por lo que entiendo que se va a plantear --no más allá del 2008-- un auténtico y gravísimo conflicto institucional que solo admitirá dos soluciones: o construimos entre todos un auténtico Estado federal o reconocemos el derecho de autodeterminación que deje abierto a Catalunya el camino de su independencia.
He repetido tanto, últimamente, que la única alternativa realista ante el secular problema catalán es el Estado federal o la autodeterminación de Catalunya, que puede pasarme como al tonto del pueblo, condenado a reiterar siempre la misma gracia. No me importa, aunque admito que nadie suele compartir mi punto de vista. Pero las razones de mis objetores no me convencen, pues todas ellas giran en torno a la idea de que España nunca permitirá la independencia de Catalunya. Yo no lo veo así, pues el hastío que provoca una reivindicación indefinida, así como el riesgo de que la búsqueda de un marco satisfactorio para Catalunya convierta el Estado en un galimatías ingobernable, superan las indudables ventajas que derivarían de una implicación cordial e ilusionada de Catalunya en un proyecto español sinceramente compartido. Y, por otra parte, la España de hoy --con Madrid a la cabeza-- no es tampoco la España de la Restauración, ni tan siquiera la del franquismo. Pasqual Maragall, que tiene una rara capacidad de intuición, escribió hace tiempo que "Madrid se ha ido". Creo que, en algún sentido, tenía razón. Ahora bien, para afrontar de una manera pacífica la disyuntiva apuntada --Estado federal o autodeterminación-- sería preciso hacerlo como las parejas civilizadas en las que ha prevalecido el desamor y optan por poner fin a su convivencia prescindiendo del concepto de culpa. No hay que buscar culpables. Las culpas siempre se reparten. Es preferible pensar que entre todos la mataron y ella sola se murió.
Termino, no sin dejar antes constancia de que cuanto antecede ha sido escrito desde la preocupación por el interés general de España, para mí prioritario; desde el respeto a Catalunya, a la que jamás negaré su derecho a ir por libre si se siente incómoda en la casa común española; y desde la lealtad a aquellos con los que he compartido algún proyecto, pues creo que la crítica es una forma superior de compromiso.
Juan-José López Burniol, notario.