Los programas estatales para apoyar a los jubilados están en problemas en todos los países, debido al aumento de la expectativa de vida y la creciente proporción de jubilados en relación con los contribuyentes tributarios. El problema empeorará en los años venideros, cuando la tendencia demográfica adversa aumente la carga fiscal de proporcionar fondos para pensiones y atención de salud.
El problema es particular y diferenciado en los Estados Unidos, ya que su sistema de “fideicomiso” para la financiación de la Seguridad Social creará una crisis cuando se agote. Si bien las opciones que habrá en ese momento serán diferentes de las que enfrenten otros gobiernos, las políticas para evitar la crisis estadounidense son relevantes para otros países que deban hacer frente al envejecimiento de sus poblaciones.
Así funciona el sistema estadounidense: por ley, un impuesto de nómina se destina exclusivamente a financiar beneficios para jubilados. Tanto empleadores como empleados pagan un 6,2% de sus ganancias en efectivo hasta un máximo individual de $128.000, monto que aumenta cada año con los salarios promedio. Estos fondos tributados se depositan en un Fideicomiso de Seguridad Social e invierten en bonos del gobierno.
Las personas individuales tienen derecho a recibir beneficios a la edad de 67 años según los pagos tributarios de nómina que haya realizado en su vida activa, con la opción de recibir beneficios reducidos actuarialmente tan pronto como a los 62 años, o esperar hasta cumplir 72 años para un aumento actuarial. Los beneficios anuales se elevan con las ganancias promedio de la vida de la persona, siguiendo un calendario que indica que la proporción de beneficios a ganancias pasadas baje a medida que esas ganancias aumentan.
Debido al envejecimiento de la población, el nivel total de beneficios aumenta más rápidamente que los ingresos por impuestos. En 2010, los ingresos tributarios a la Seguridad Social fueron de $545 mil millones y los beneficios pagados, $577 mil millones. Puesto que los intereses en los bonos acumulados hasta entonces fueron de $108 mil millones, el tamaño total del fideicomiso se elevó en $76 mil millones. Seis años más tarde, en 2016, los ingresos tributarios llegaron a los $679 mil millones y los beneficios ascendieron a $769 mil millones. El déficit de caja resultante fue de $90 mil millones, casi igual al interés de ese año, dejando el tamaño del fideicomiso relativamente sin cambios.
Desde 2016, los pagos de beneficios han superado la combinación de los fideicomisos y el interés, causando el declive del balance del fideicomiso. Mirando hacia el porvenir, los actuarios de la Seguridad Social estiman que continuará el descenso anual del fideicomiso hasta alcanzar cero en 2034, en que ya no tendrá ingresos por intereses. Puesto que solo se pueden pagar beneficios procedentes del fideicomiso, tendrán que irse reduciendo de manera proporcional a los impuestos que se reciban ese año.
Si el Congreso no cambia las leyes, los actuarios predicen que los beneficios se tendrían que reducir inmediatamente en 2034 en un 21%. Como alternativa para evitar esta reducción, se podría elevar el impuesto a un 26,5% desde un 12,4% combinado a cerca de un 16%.
Si bien es difícil predecir lo que haga un futuro Congreso, encuentro difícil de creer que una mayoría pueda votar reducir el nivel de beneficios en un 21% o elevar en un 26% el nivel del impuesto en nómina pagado por todos los empleadores y empleados.
La alternativa más probable sería usar los ingresos tributarios generales sobre la renta para mantener el nivel de beneficios, lo que exigiría un aumento del impuesto a la renta personal en cerca de un 10%. Esta estrategia cambiaría la carga del programa de Seguridad Social a hogares de mayores ingresos, que pagan la mayor parte de los impuestos a la renta personal. Esto explicaría por qué los políticos de centroizquierda no intentan evitar la crisis futura de la Seguridad Social.
La crisis de 2034 se podría prevenir aumentando la edad de jubilación estándar de la Seguridad Social, como lo hiciera EE.UU. en 1983. En ese entonces, el Congreso acordó de manera bipartisana elevar gradualmente la edad de jubilación estándar de 65 a 67 años. Desde entonces, la expectativa de vida para alguien de esa edad ha subido tres años. El Congreso ahora podría votar para elevar la edad de jubilación estándar de la Seguridad Social en otros tres años, de 67 a 70. Puesto que la expectativa de vida a los 67 años es cerca de 17 años adicionales, un aumento de tres años de la edad para recibir beneficios completos equivaldría a una reducción del 17% en beneficios totales recibidos en la vida de esa persona, casi suficiente para compensar la reducción de los ingresos tributados. Sería incluso mejor ajustar cada año la edad de jubilación anual para el aumento actuarial en la expectativa de vida.
Una estrategia alternativa para afrontar el creciente costo de los beneficios de jubilación sería abandonar el actual sistema de “pay as you go” (PAYG), añadiendo un componente de inversión. En lugar de invertir los ingresos del impuesto de nómina de un 12,4% en bonos de gobierno, se podría invertir una parte importante en valores, como hacen los sistemas de pensiones corporativos. El fideicomiso crecería más rápidamente y se evitaría la crisis.
Si bien el sistema de fideicomiso en Estados Unidos crea la perspectiva de una crisis cuando se agote, las fórmulas para evitar ese resultado ayudarían a otros países que hoy usan sistemas PAYG, elevando la edad para recibir beneficios completos o combinando el sistema actual con un componente de inversión en valores. Mientras más pronto se las adopte, más viable será la situación fiscal y más fiables los beneficios futuros.
Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan’s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush's Foreign Intelligence Advisory Board, and, in 2009, was appointed to President Obama's Economic Recovery Advisory Board. Currently, he is on the board of directors of the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, and the Group of 30, a non-profit, international body that seeks greater understanding of global economic issues. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.