Equidad y sostenibilidad

Nuestra sociedad es de las más envejecidas del mundo, por muy infecunda y longeva. De ahí el debate público -que va para largo- sobre sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas, al que conviene añadir la cuestión de si son justas y equitativas.

En cuanto a si son suficientes, bien podrían serlo en su gran mayoría. El grueso de nuestros jubilados vivirían exclusivamente de ellas (más del 80%, según escuché a una diputada de la comisión del Pacto de Toledo), y ahorrarían dinero desde el pase al retiro hasta fallecer, según prestigiosos economistas como Antón Costas. A esto ayuda el que la inmensa mayoría de ellos no gasten en alquiler de vivienda, por ser de su propiedad, que no pocos perciban rendimientos de activos que poseen, y que todos puedan gozar de prestaciones públicas (sanidad, dependencia, servicios y productos a precio subsidiado para jubilados) que equivalen a renta adicional. Eso sí, que el 75% a 85% de las pensiones fuesen suficientes implicaría que hay de 1,5 a 2,5 millones de jubilados y viudas cuya pensión no lo es. Por ello, en materia de “suficiencia”, el esfuerzo público debe centrarse en los jubilados con pensión baja y escaso patrimonio.

A mitad de camino entre el ángulo de suficiencia y el de equidad/justicia, recordemos que la pensión del español recién jubilado es de las más altas de Europa en relación a su último salario en activo, la llamada tasa de sustitución. Esto indicaría que nuestras pensiones -en media- no son bajas para el nivel de vida de España. Y que si hay un problema de equidad en ellas, en general no sería por escasas. Si fuesen en media muy generosas en relación a lo cotizado, como indicaría la tasa de sustitución, habría inequidad respecto a cotizantes y contribuyentes, que las pagan con el sudor de su frente y el vaciamiento de sus bolsillos. Otra vía de medir si nuestras pensiones son generosas o mezquinas es calcular su tasa interna de rentabilidad (TIR), computando lo cotizado hasta la jubilación y lo que, por esperanza de vida, percibiría cada jubilado hasta morir. Así sabríamos si cada pensión concreta equivale a un rendimiento del 2%, el 5% o lo que sea, en relación a lo cotizado en la vida activa. Si la TIR media individual de las pensiones, de cobro garantizado por el Estado, fuera alta o baja en relación a la de otros activos financieros e inversiones sin riesgo, cabría concluir que tales pensiones son demasiado altas o bajas, respecto a lo que se cotiza. Un caso extremo de pensiones generosas, de TIR infinita, es el de las no contributivas.

Una de las mayores inequidades de nuestro sistema es que no cuenta para la pensión lo cotizado en toda la vida laboral, sino solo en los últimos años. Por ello, si dos personas cotizaron lo mismo en total, pero una estuvo en paro los años previos a jubilarse, cobra menos pensión que la otra. Asimismo, con las pensiones topadas hasta un máximo hay personas que cotizaron más que otras, pero todas acaban cobrando igual pensión máxima. Esto no es injusto, es lo siguiente. Todas las pensiones deberían tener la misma TIR teórica, por equidad, en su modelo básico. Si luego hay X pensiones de jubilación demasiado bajas por suficiencia, que se complementen con cargo a los programas públicos contra la pobreza, que deben ayudar a quienes lo necesiten, de cualquier edad. Pero no con cargo al sistema de Seguridad Social, pues lo desfiguran y abocan al déficit. Estos programas deben ayudar a quienes no perciben (apenas) rentas ni poseen (apenas) patrimonio, porque sólo ellos son pobres. Ah, una inequidad más: las pensiones de viudedad de personas sin hijos, cuyo fin histórico era evitar la miseria de las mujeres que enviudaban sin haber trabajado, por dedicarse a criar niños, van perdiendo su sentido en la sociedad moderna, pero cuestan muchos millones a los cotizantes.

Y en materia de sostenibilidad, con cada vez menos españoles en edad activa por nuestra bajísima natalidad, y más jubilados, el sistema tiende a deteriorarse más cada año, de forma estructural. ¿Puede solucionar esto la inmigración extranjera? Bien gestionada, puede ser parte de la solución. Pero en ningún país occidental lo ha sido del todo y, políticamente, es un tema con ángulos espinosos. También posponer la edad de jubilación debe ser parte de la solución porque envejecemos más lentamente que antaño, pero tampoco puede ser toda la solución, por los modelos retributivos tradicionales con la edad y por el desgaste que se da, en cualquier caso, al cumplir años.

Asimismo, hay que facilitar el ahorro privado para la jubilación. Pero, sobre todo, de cara al largo plazo, necesitamos muchos más nacimientos en España, y no sólo por las pensiones. Cada nueva generación de compatriotas es un 35% a 40% menos numerosa que la anterior. Con eso, además de las pensiones, está en riesgo todo, y a la larga nuestra continuidad como sociedad.

Finalmente, a caballo entre sostenibilidad y equidad, una de las mayores inequidades del sistema, y mala señal para su sostenibilidad, es la falta de un plus apreciable en pensiones por cada hijo que se tuvo. Quien tuvo más hijos aportó más a que el sistema de pensiones (y todo) sea viable, pero pudo ahorrar menos. Hace poco se introdujeron pluses del 5%, 10% y 15% para jubiladas con dos, tres y cuatro o más hijos, respectivamente. Eso va en la buena dirección, pero se queda muy corto: el plus es bajo para lo aportado y ningunea la contribución del padre. Además, las mujeres que no cotizaron sólo perciben ese extra si enviudan, se trata igual a las mujeres sin hijos y con un hijo, y a las que tuvieron cuatro, cinco o más.

Necesitamos profundizar en esa línea, junto con más medidas a favor de la natalidad, y trabajar selectivamente en reducir las bolsas de inequidad e insuficiencia del sistema de pensiones. Seguir haciendo lo contrario nos expone al riesgo de dañar la economía y de fractura intergeneracional, si los políticos se pasan de frenada favoreciendo a los muchos votantes jubilados, y a una España decrépita y menguante por falta de jóvenes, en la que no sólo peligrarán las pensiones de jubilación.

Alejandro Macarrón Larumbe es ingeniero y consultor empresarial, y director de la Fundación Renacimiento Demográfico.

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