Érase una vez un Estado de derecho

Hace casi trescientos años que el filósofo británico Edmund Burke escribió aquella frase de "lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada"

En España, en 2024, no se trata de hombres buenos y malos, pero sí de hombres que creen en el Estado de derecho y en el valor de las reglas del juego democrático. Y de hombres que, simplemente, creen en el poder, en cualquier clase de poder, a cualquier precio.

Si algo caracterizó la primera legislatura de Pedro Sánchez, la del denominado Gobierno Frankenstein, fue el desmontaje ordenado, metódico, como las piezas de un mecano, de la mayor parte de las instituciones de nuestro sistema concebidas como contrapesos del poder.

La Fiscalía General del Estado fue entregada, sin disimulo, a una ministra de su Gobierno y, posteriormente, al Fiscal de la "desviación de poder". Una figura, como saben los juristas, próxima a la prevaricación. La Fiscalía General ha tocado, definitivamente, fondo. A estas alturas, ni está, ni se la espera.

En 2018 Edmundo Bal fue purgado en la Abogacía del Estado, por negarse a rebajar los escritos de acusación del procés. Desde entonces, la Abogacía del Estado es la Abogacía del Gobierno y sus socios.

Hay otros varios y graves ejemplos. Pero el más sombrío es sin duda el del Tribunal Constitucional, con la conversión en magistrados de personas del núcleo duro del presidente. Este Tribunal Constitucional del 7 a 4, del que nadie espera la aplicación de la ley, sino decisiones de oportunidad política.

Las instituciones se han visto invadidas por un poder viscoso, como una ameba, deseoso de ocuparlo todo.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, que trae de la mano la imprescindible despolitización del sistema de designación de sus Consejeros, según reclama la UE, ha pasado a convertirse en cuestión de Estado. O de supervivencia del Estado.

Cuando se acercaban las elecciones del 23-J comentábamos entre un grupo de abogados el enorme destrozo sufrido por el sistema democrático a lo largo de la legislatura y lo improbable que sería que el Estado de derecho sobreviviera a un segundo mandato de Pedro Sánchez.

Aquellos temores se vieron multiplicados por la ruleta rusa que puso sobre la mesa el resultado electoral. En realidad, desde esa misma noche, todos estábamos seguros de que el candidato jugaría a esa ruleta y no dudaría en poner la pistola con la bala en las sienes del Estado.

Pero ni los pactos ya suscritos por el Partido Socialista con el de Carles Puigdemont, ni las nuevas concesiones que irán goteando en los próximos meses quitarían el sueño a nadie, si los controles democráticos del poder no estuvieran esparcidos por el suelo.

Por supuesto que un Gobierno, y el Parlamento que le sustenta, basado en la aritmética parlamentaria, representan con absoluta legitimidad democrática a la soberanía popular. Pero, naturalmente, con el imperativo de ejercer esta soberanía dentro del perímetro de la legalidad constitucional.

El Estado de derecho es patrimonio de todos. De esta generación, de la siguiente y de la siguiente. También de los que aún no han nacido. Y, por supuesto, es patrimonio de los que lucharon por conquistarlo, para todos, durante los años oscuros de la Dictadura.

Nadie sentiría ninguna inquietud por la ruptura constitucional que habrá de entrañar la proyectada amnistía a la casta política que sostiene al Gobierno, si tuviéramos la certeza de que su texto habría de afrontar primeramente el filtro de un análisis jurídico, riguroso y leal de constitucionalidad, hecho por jueces de verdad.

Sin embargo, no va a ser así. Nadie confía en este Tribunal Constitucional, como nadie esperaría ecuanimidad en un Real Madrid-Barca arbitrado por Negreira. Por eso, las miradas de la mayoría, y también los temores del Gobierno y sus socios, están puestos en la Justicia Europea. El proceso de desmantelamiento de nuestro Estado de derecho está tan avanzado, que ya nadie cree en su capacidad de autogestionarse.

Pero, probablemente, mucha mayor magnitud que el proyecto de amnistía tiene la cuestión del denominado lawfare. y la creación de comisiones parlamentarias cuyas conclusiones, de acuerdo con los pactos suscritos por el PSOE con Puigdemont, "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El párrafo parece sacado de una soflama de Hugo Chávez y transmite un desiderátum, inequívocamente bananero, de sometimiento del Poder Judicial al Poder Político del momento.

No solo de sus sentencias y resoluciones, sino también de la suerte que hayan de correr los magistrados que las dictaron o aquéllos que tienen asuntos en curso relacionados con los socios del Gobierno. O también, naturalmente, la suerte de los fiscales y magistrados que hayan de proponer y plantear, en los próximos meses, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la dudosísima compatibilidad con el Derecho Europeo del texto de la Ley de Amnistía.

Es un aviso a navegantes en toda regla, bolivariano y tercermundista, pero lanzado en plena Europa.

El 10 de diciembre de 2009 la jueza venezolana María Lourdes Afiuni fue detenida y encarcelada por haber acordado la libertad de un empresario que llevaba dos años en prisión preventiva y había superado los plazos máximos establecidos en la ley.

No existía ninguna orden judicial que respaldara su detención, pero el hecho es que fue detenida y encarcelada. Al día siguiente, el presidente Chávez apareció en la televisión pública, calificándola de "bandida" y pidiendo que fuera condenada a 30 años de cárcel en nombre de la "dignidad del país".

Pocos días después, Naciones Unidas calificaba la detención de "golpe del presidente venezolano a la independencia de los magistrados y abogados en el país". Amnistía Internacional y Human Rights Watch también reclamaron, repetidamente, su libertad. Diez años después, y ya bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, la jueza Afiuni fue condenada a 10 años. Naciones Unidas solicitó de nuevo su liberación, sin ningún éxito.

En marzo de 2023, Afiuni fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos por la Asociación Alemana de Jueces (DRB), y su caso se ha convertido en un símbolo mundial de la degeneración que puede alcanzar un sistema cuando se desprecia y somete a la independencia judicial.

Esta cita puede parecer exagerada, pero no lo es. El caso español entraña una especial perversidad, que empequeñece al venezolano. Los propios acusados, o los socios de los acusados, decidirán sobre sus sentencias y qué hacer con los jueces que las dictaron. Ni a Hugo Chávez se le habría ocurrido algo así.

En 2022 nuestro Estado de derecho ocupaba el lugar decimonoveno, entre 128 países en el ranking anual que elabora la World Justice Project, (WJP Rule of Law Index) por delante de países como Francia, Estados Unidos o Italia.

No hay ni una gota de fundamento en esta caza de brujas, diferente del pago prometido por el Gobierno a sus socios. La separación de poderes es consustancial al concepto de Estado Democrático. Interferir, amedrentar o arrojar jueces a la hoguera para pagar apoyos políticos, o para asegurarse la aplicación impune de leyes contrarias al ordenamiento constitucional, es un juego político miserable.

El Estado de derecho se ha puesto en venta, por un precio de siete votos, como aquellas treinta monedas por las que vendieron a Cristo. Es, sin duda, del mayor reto de nuestro sistema de libertades, desde el golpe del 23 F. Probablemente, mucho más peligroso que aquel, porque ahora los autores actúan desde el poder y golpean con el Boletín Oficial del Estado.

En los primeros días de noviembre de 2023, el conocimiento público de los pactos alcanzados entre el PSOE y Junts provocó una reacción formidable y sin precedentes en el mundo del Derecho.

Asociaciones de Jueces y de Fiscales, de todas las tendencias, colegios de abogados y también las principales firmas jurídicas del país, incluyendo a varias internacionales, emitieron duros comunicados de condena y encendieron las luces de alarma, sobre la dimensión enorme de la emergencia que encara el Estado.

Por supuesto que la sociedad, atónita, también se movilizó, y en las semanas siguientes se produjeron manifestaciones masivas en toda España. Fue una explosión ciudadana rotunda, basada en la defensa del Derecho y de los valores democráticos.

Pero hay que seguir adelante. Hagamos como decía Edmund Burke.

Diego Cabezuela Sancho es abogado.

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