Erdogan y la transición democrática turca

Como subraya el último informe del Parlamento Europeo, Ankara no cumple todavía con los criterios políticos de Copenhague, aunque más de 80 artículos de su Constitución han sido enmendados desde que la Cumbre de Helsinki (1999) declaró a Turquía candidata oficial a la adhesión a la UE. Quedan aún dos puntos espinosos por reformar: la libertad de expresión y de organización, y la democratización de las Fuerzas Armadas, que aún siguen interviniendo en la política. De hecho, Turquía es el miembro fundador del Consejo de Europa más condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones de los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y son ya 12 los partidos políticos ilegalizados que han acudido al Tribunal de Estrasburgo, que condenó a Turquía en cuatro de los cinco casos examinados hasta ahora. Turquía es también el miembro fundador que ha sufrido más golpes de Estado (1960 y 1980) e intervenciones militares (1971 y 1997) en los últimos 50 años.

El Ejército turco se considera garante de la República moderna, fundada sobre las ruinas del Imperio Otomano por Mustafá Kemal Atatürk y sus compañeros, impregnados de las ideas de la revolución francesa. El laicismo y el republicanismo son los valores fundamentales que el kemalismo destacó para dar legitimidad al nuevo régimen frente a la autoridad del sultán. Por eso el Ejército ve a los conservadores religiosos como “enemigos internos” desde esa época e interviene en la política cada vez que le parece oportuno para alejarles del poder.

Otra característica de la República Turca es su unitarismo centralista, copiado igualmente del Estado-nación francés para impedir la división del territorio que le quedó tras la desintegración del Imperio Otomano. El Ejército ve como “separatistas” a los kurdos que piden autonomía o federalismo y se apoya en el artículo 68 de la Constitución, que prevé el cierre de los partidos políticos que actúen contra “la unidad territorial y nacional del Estado” aunque no recurran a la violencia.

No es de extrañar que el Ejército, como única voluntad constituyente del país hasta ahora, haya creado mecanismos de control directo o indirecto del sistema político como el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) o el Tribunal Constitucional (TC). El CSN, órgano constitucional integrado por miembros del Gobierno y generales del Estado Mayor, tuvo un papel importante en el llamado “golpe posmoderno” de 1997. Su Secretaría General, encabezada por un general e integrada por funcionarios militares y civiles, controló la burocracia hasta las enmiendas constitucionales de 2003.

La Secretaría General del CSN -encabezada por el actual Jefe del Estado Mayor- rechazó en 2000 la mayoría de las reformas propuestas en el informe del comité interministerial de “criterios políticos de Copenhague”, presidido por un diplomático. La Secretaría General distinguía dos categorías de criterios políticos en su documento del 11 de mayo de 2000, y recomendaba negociar con la UE lo que calificó como “demandas injustas en contra de la unidad de Turquía” para que no “figuren más en los informes de la Comisión”. Tanto las emisiones de televisión en kurdo como el reconocimiento de la identidad kurda son “propuestas que favorecen el separatismo”, según el citado documento, que acusó al comité europeo de no haber tomado en consideración las condiciones “especiales” de Turquía.

El Ejército se considera pro-occidental y también reformista, puesto que Atatürk hizo cambios de gran envergadura para modernizar la sociedad turca. No obstante, la democracia no cabe en su concepto de reformismo, puesto que éste procede de la era de los nacionalismos y extremismos. Ahora bien, también era posible interpretar el reformismo de Atatürk de una manera pragmática para sentar las bases de la democracia. Pero nadie lo hizo porque poco después comenzó la II Guerra Mundial, seguida de la guerra fría. Turquía formó parte de la OTAN gracias a su Ejército, como un aliado imprescindible.

La Unión Europea es, por tanto, la primera organización que exige a Turquía el cumplimiento de unos criterios democráticos sin tolerar sus “condiciones especiales”, y también la primera a la que se opone el Ejército. Son muchos los generales -la mayoría de ellos procesados en el caso Ergenekon- que han pronunciado discursos en contra de la adhesión a la UE, acusándola de querer dividir al país. Si bien no llega a declarar oficialmente su rechazo a la Unión, el Ejército se resiste, para empezar, a su propia democratización.

El acceso al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan en las elecciones de noviembre de 2002 fue un buen pretexto para otra intervención del Ejército en la política turca con el fin de “salvaguardar el laicismo”. Acabamos de conocer, gracias a lo publicado por el diario Taraf, la existencia de documentos de un supuesto plan militar llamado Balyoz (Mazo) que, según el rotativo, suponía la base para un golpe de Estado que iba a llevarse a cabo en 2003.

El llamado “golpe virtual” del Estado Mayor de abril de 2007 abrió una brecha en el frente laico: los demócratas liberales y reformistas apoyaron a Erdogan en las elecciones generales anticipadas que supusieron una gran victoria del AKP, para aprobar una nueva Constitución civil y democrática. Tras unos meses de discusión sobre un texto constitucional preparado por un grupo de académicos, Erdogan sólo impulsó una enmienda para levantar la prohibición del velo islámico en las universidades. Ese error le costó un proceso de ilegalización para su partido.

La anulación de la enmienda constitucional sobre el velo puede ser interpretada como limitación de la voluntad popular, o usurpación del poder legislativo por parte del TC. En cuanto al proceso posterior para intentar clausurar el AKP, tanto la presentación como la admisión de la demanda de cierre contra un partido político que no recurre a la violencia no son aceptables en una democracia. Si la decisión final de no ilegalizar al AKP limitó los daños políticos, el carácter de advertencia que tuvieron los matices de la sentencia dejó tocado seriamente al partido gobernante.

De hecho, el establishment laico (militares, jueces y altos funcionarios) que no está dispuesto a la democratización de las instituciones que le permiten eliminar a sus enemigos internos, pretende que un partido declarado por el TC como “un foco de actividades contra el laicismo” no puede seguir impulsando una nueva Constitución. El AKP parece haberse dado por vencido en esta legislatura y ha decidido posponer la elaboración de una nueva Constitución para después de las elecciones generales de 2011. Es una segunda decepción para los demócratas reformistas que respaldaron al AKP para enmendar algunos artículos de la actual Constitución con el fin de impulsar la denominada política de “apertura democrática”, que también parece haber sido bloqueada.

Así, no es de extrañar que una de las reformas constitucionales que vuelve a estar en la agenda política turca sea el cumplimiento de los Criterios de Venecia, que sólo autorizan la prohibición de los partidos políticos que tengan vínculos orgánicos con la violencia y el terrorismo, como ocurre con Batasuna en España. El AKP debe reformar los artículos relativos a la ilegalización de los partidos políticos para asegurar no sólo la representación de los partidos democráticos kurdos en el Parlamento, sino también su propia supervivencia en el Estado turco.

Por todo ello no sería sorprendente que la limitación de la jurisdicción militar también formase parte de la futura reforma constitucional. La enmienda del artículo 145 de la Constitución es una necesidad urgente tras la reciente sentencia del TC que anulaba la ley que permitía que los militares fueran sometidos a juicios civiles y limitaba el poder de los tribunales castrenses. Y es que los procesos judiciales abiertos en estos momentos contra tramas golpistas militares como Ergenekon o Balyoz, son fundamentales para la transición democrática turca.

Akin Özçer, columnista político y ex diplomático turco.