Desde que, el pasado 27 de junio, el Parlamento vasco aprobó la ley de consulta y el presidente del Gobierno, así como 50 diputados del PP, la impugnaron ante el Tribunal Constitucional, hablar de política en Euskadi es hablar de estrategias electorales. No, además, de cualesquiera, sino de unas que podrían conducir, por primera vez en 30 años, al cambio de hegemonías partidarias y a la alternancia en el Gobierno vasco. Así de grave se le planteó la situación al nacionalismo, y así de esperanzadora a los socialistas, a partir del momento en que, tras la victoria de estos en las últimas elecciones generales, la ciudadanía comenzó a vislumbrar que lo que hasta entonces se consideraba inalcanzable --el sorpasso del PSE respecto del PNV-- se había puesto al alcance de la mano.
Ante esta posibilidad de pérdida de la hegemonía, el nacionalismo vasco y, en concreto, el PNV, liderado, esta vez en solitario, por el lendakari Ibarretxe, han echado mano del argumento que más réditos les ha dado en el pasado, sobre todo en las elecciones del 2001: la confrontación con Madrid. Así, aunque no se haya fraguado en esta ocasión una alianza explícita entre populares y socialistas, como aquella que sellaron, con un simbólico apretón de manos, Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, el empeño de los jeltzales consiste en rastrear y desvelar todas las pistas ocultas que la hagan verosímil a los ojos del electorado. Entre esas pistas, ninguna, sin duda, más significativa que la confluencia de intereses que delataría la citada impugnación conjunta de la ley de consulta ante el Tribunal Constitucional y que constituiría el anticipo del pacto que ambas formaciones estarían preparando, de manera secreta y vergonzante, para el día siguiente de las elecciones.
No es este el único indicio de la coalición constitucionalista que denuncia el PNV. Se ha añadido, los últimos días, otro que maneja con habilidad el partido jeltzale, consciente de la repercusión que puede tener --o así lo cree-- en su potencial electorado. Se trata del acuerdo al que la pasada semana llegaron el presidente del Gobierno y el del Partido Popular en materia de política antiterrorista. Como es sabido, este acuerdo apuesta, aunque sin nombrarla, por la "derrota" de ETA y deja fuera del horizonte la idea de un "final dialogado de la violencia". El PNV ha denunciado ya el acuerdo como una vuelta al excluyente Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado en diciembre del 2000, y, por lo que a Zapatero y los socialistas se refiere, como una traición al compromiso que estos han mantenido históricamente con el diálogo como instrumento imprescindible para acabar con la violencia etarra. Los jeltzales han anunciado ya que, si este punto no se corrige, el Gobierno no podrá contar con ellos en una política antiterrorista compartida.
El rechazo del PNV tiene, sin duda, connotaciones electorales. En unos comicios de los que la izquierda aberzale estará, con toda probabilidad, ausente, la apuesta del PNV por un "final dialogado" es un guiño más a ese sector del electorado que se encontrará huérfano de representación. El PNV aparecería así, en esta materia tan sensible, como el abanderado del diálogo frente a la intransigencia de un supuesto bloque constitucionalista. En esta postura, hay algo más que puro electoralismo. Late en el fondo una convicción, por así decirlo, inercial que los jeltzales se niegan a someter a cualquier consideración crítica.
Para el PNV, promotor, como se sabe, a través del lendakari Ardanza, del Pacto de Ajuria-Enea, en este acuerdo se plasmó la que habría de considerarse postura definitiva e inamovible de la democracia en materia de política antiterrorista. Más aún, en una interpretación claramente reduccionista del sentido global del pacto, el punto 10 representaría, según él, algo así como su quintaesencia. De este modo, el "final dialogado", que en el pacto no fue sino una eventualidad condicionada tanto a las circunstancias externas del momento (inicio de las conversaciones de Argel) como a la disposición subjetiva de los etarras ("clara e inequívoca voluntad de abandonar la violencia") se ha convertido, para el PNV, en un objetivo irrenunciable, una especie de fórmula mágica o mantra que, solo con pronunciarse, produciría los efectos deseados.
Confunde el PNV, combinando interés electoral con sincera convicción, el fin de cualquier política antiterrorista --acabar con ETA-- con el medio --el diálogo--, que puede demostrarse eficaz o, por el contrario, contraproducente, según las circunstancias de cada momento.
Ahora bien, es muy posible que el PNV, al error conceptual que comete al interpretar el punto 10 del Pacto de Ajuria-Enea, esté añadiendo, en esta ocasión, otro de carácter táctico o electoral. No está, en efecto, del todo claro que el electorado del PNV comparta con su partido esta obstinada disposición al diálogo. Gran parte de él cree, más bien, que, a día de hoy, solo una acción policial y judicial sostenida puede producir el desistimiento definitivo de la banda terrorista.
José Luis Zubizarreta, escritor.