Tras bastantes años de una relativa estabilidad de precios, la inflación ha vuelto a ser un problema muy relevante; y, naturalmente, las políticas anti-inflacionarias que los bancos centrales o los gobiernos deberían aplicar tanto para reducir la tasa de crecimiento del nivel de precios como para paliar los costes que este fenómeno genera a la mayoría de la gente son objeto de amplio debate. Mucho se ha escrito y opinado sobre el tema, pero sorprende la falta de rigor de buena parte de los razonamientos. Y, sin un diagnóstico preciso, resulta muy difícil aplicar las políticas adecuadas.
La primera equivocación es, seguramente, definir la inflación como el alza generalizada de los precios de bienes y servicios de una economía, y no como lo que realmente es: una pérdida del valor del dinero, que hace que una unidad monetaria tenga menor poder adquisitivo, debida a un exceso de la oferta sobre la demanda de dinero. Aparentemente es lo mismo, pero realmente no lo es. Veamos un caso bien conocido. El gobierno ofrece una ayuda al consumo de un determinado bien (un subsidio al consumo de gasolina o una reducción del IVA aplicado a determinados productos, por ejemplo). Ahora los compradores pagan menos por dichos productos, sin duda, y pueden pensar que, gracias a estas medidas, la inflación es algo menor. Falso, sin embargo. Tras aplicar esas medidas los precios son los mismos. La diferencia está en la cuantía que pagan quienes consumen estos bienes a la Hacienda pública. Es decir, a consecuencia de esta política se genera una transferencia de renta en favor de aquéllos; pero no se reduce la inflación (en realidad, sería incluso posible que los precios se elevaran, ya que al haber subsidios o reducciones de impuestos a las ventas hay un incentivo para que se incremente la demanda y los vendedores pueden intentar subir los precios de sus productos). Cabe concluir, por tanto, que estas medidas suponen una ayuda a determinados grupos de la población; pero esto no significa que la tasa de inflación sea menor.
Otra posible estrategia de un gobierno es el control directo de ciertos precios, prohibiendo su aumento o limitando éste a una cifra arbitraria inferior a la que determinarían su oferta y demanda. Tales controles pueden aplicarse a muchos bienes y servicios; por ejemplo, a los arrendamientos de vivienda. Pero esta medida resulta especialmente perjudicial para la economía, porque, además de forzar una transferencia de rentas -en este caso, de los vendedores a los compradores- distorsiona el mercado y, normalmente, acaba generando escasez en determinados sectores, cuya duración puede ser larga ante las expectativas de incertidumbre que generan. Y el mercado de la vivienda en alquiler que acabo de mencionar es un caso muy conocido. No es, ciertamente, la forma más eficiente para combatir el alza de los precios en este sector.
Los errores a la hora de analizar la inflación no terminan aquí, desde luego. Es fácil encontrar en el debate político y económico muchos otros razonamientos equivocados. Como bastante gente piensa que la razón por la que suben los precios es el crecimiento de los costes, se argumenta a menudo que el control de los salarios y los beneficios de las empresas puede ser la mejor fórmula para reducir la tasa de inflación. Y esto lleva a una curiosa controversia sobre quién es el culpable de tal aumento de los precios, ¿los trabajadores o los empresarios? Y prosigue el razonamiento: si los salarios reales caen y los beneficios aumentan, ¿qué duda cabe de que son las empresas las causantes de la inflación? La idea, sin embargo, es por completo absurda.
Diferencias por sectores
Es muy posible que un alza del nivel general de precios vaya acompañada de un aumento de los beneficios empresariales en ciertos sectores. Pero esos mayores beneficios serían consecuencia de la inflación, no su causa. El origen se encuentra en una mayor capacidad de ciertas empresas para adaptar al alza los precios de venta de sus productos frente a subidas menores en la remuneración de sus inputs (los salarios o el coste del capital). Una de las características más importantes de la inflación es lo que en teoría económica se denomina el "efecto Cantillon", que se refiere al crecimiento no uniforme de los precios -especialmente, en el corto plazo- en un proceso inflacionario; es decir, el hecho evidente de que la variación de los precios puede -y suele- ser diferente en los diversos sectores de una economía. Y esto tiene efectos en la distribución de la renta.
Sabemos que, por lo general, los acreedores e inversores en renta fija son los que resultan más perjudicados por la inflación, sobre todo en sus primeras etapas, antes de que los tipos de interés se reajusten al alza; que la subida de los precios de venta de los bienes y los servicios casi siempre antecede a la de los tipos de interés; y que puede preceder también al alza de los salarios. Lo cual permite explicar mayores beneficios a corto plazo. Pero deducir de esto que un aumento de los beneficios de las empresas genera inflación no tiene sentido alguno. Mal está que determinados políticos usen ciertas teorías, por absurdas que resulten, para justificar sus estrategias. Pero que haya incluso algún economista que pueda defender tales ideas resulta tan llamativo como preocupante.
Francisco Cabrillo, Catedrático de Economía en la Universidad Complutense. Fundación Civismo.