¿Es creíble una Unión Suramericana de Naciones?

Por Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca (EL MUNDO, 02/06/08):

Hace sólo unos días, se firmó el enésimo tratado para crear otro sistema más de cooperación de Suramérica. La anterior iniciativa se llamaba Comunidad Suramericana de Naciones (2004); la nueva que la sustituye se llama Unión Suramericana de Naciones (UNASUR, 23-5-2008). El presidente brasileño Lula da Silva puso como espejo de la iniciativa a la Unión Europea y trató de engatusar a su homólogo boliviano, Evo Morales, señalando a Cochabamba como la futura capital de la nueva experiencia unificadora, comparándola con Bruselas en el marco de la exitosa UE.

Lo previsible es que no haya sorpresas y que esa iniciativa se la termine llevando consigo el tiempo. Desde las iniciativas bolivarianas de panamericanismo, cuyo mejor y más constante ejemplo es la Organización de Estados Americanos, a UNASUR hay una espesa sopa de letras. Conviene aclarar que los dirigentes de aquel continente crean, ingresan, simultanean y se retiran de unas y otras organizaciones con facilidad. Despilfarran sus energías con floridas palabras sin dar pruebas de voluntad real de compartir soberanía. Con la misma facilidad que se increpan sus jefes de Estado y amenazan de guerra por toda Suramérica (febrero-marzo), se firman tratados de unidad eterna cuyos propósitos no van a cumplir (mayo).

La Comunidad Andina no impidió que se desataran el pasado febrero graves incidentes armados entre dos de sus cuatro socios. Colombia atacó por tierra y aire el territorio ecuatoriano que albergaba campamentos del grupo terrorista de las FARC. Es un hecho ilícito usar la fuerza contra un Estado, no respetar su soberanía territorial y, por consiguiente, Colombia violó el derecho internacional (art. 2.4 de la Carta de la ONU), aun usando la fuerza de forma limitada y focalizada en el grupo terrorista en un ataque de ida y vuelta. La violación fue un hecho grave, pero no ha perdurado en el tiempo (no hubo invasión con permanencia de tropas) y Colombia ha reconocido su ilícito.

Pero la violación del Derecho internacional por parte de Ecuador (y la conducta de Venezuela no difiere nada) no fue menor. Ecuador, como cualquier Estado, tiene derecho a ejercer con plenitud y exclusividad su soberanía territorial sobre las personas y cosas que se encuentren en su territorio. Pero la soberanía territorial es también una fuente de obligaciones internacionales: Ecuador, Venezuela y todo aquel que no sea un Estado gamberro tiene el deber de impedir en su territorio la formación de expediciones hostiles contra otros gobiernos (Res. 2625 de 1970).

La Corte Internacional de Justicia ha proclamado la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que se utilice su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de otros estados. Un Estado serio debe proteger en su territorio también los derechos de los demás, y, en concreto, no puede utilizar ni dejar utilizar a terceros (grupos terroristas u otros Estados) su territorio de manera que esa utilización tenga por finalidad o por efecto atentar contra el Derecho a la integridad e inviolabilidad de Colombia. La soberanía no es absoluta, tiene límites y obligaciones.

Colombia tiene derecho a defenderse dentro de su territorio de los grupos terroristas formados en los años 60, como las FARC y el ELN. Y tiene derecho legítimo, con los límites del mismo Derecho Internacional, a usar la fuerza y el código penal contra quienes quieren imponer su voluntad mediante el asesinato y el secuestro al margen de las urnas. Cierto es que en Colombia todavía hay iniquidad, desigualdad y miseria para una parte de la población, aunque bastante inferior que la que siguen soportando los ecuatorianos y venezolanos; pero también lo es que el conflicto armado y el narcotráfico han contribuido a aquella situación y la han corrompido hasta enmarañarlo todo de forma casi irresoluble.

El conflicto parecía beneficiar a bastantes, sobre todo a los narcotraficantes, que encontraron en las FARC su brazo armado para vigilarles los cultivos de droga -pues han llegado a controlar el 40% de los municipios- a cambio del pago de armas y sumas ingentes de dinero. Los campesinos han sido las principales víctimas: trabajaban para los narcoguerrilleros que les aseguraban así el pancomer, aunque también les han obligado a sumarse a sus filas. Y como han sido el blanco de los paramilitares, millones de ellos han desembarcado en los últimos años como refugiados en Bogotá, sin medios para sobrevivir y cayendo en la delincuencia.

También hay que señalar que al existir conflicto armado, las Fuerzas Armadas cobraban un plus y ni se han dado la suficiente prisa ni han estado nunca convenientemente entrenadas y pertrechadas.Aun así, sus efectivos han cobrabado siempre menos que los paramilitares y con frecuencia han tenido que soportar las críticas de una ejemplar prensa libre y de organismos de derechos humanos y del poder judicial que, con riesgo para sus vidas, no han dejado nunca de denunciar sus excesos.

Como las Fuerzas Armadas estaban poco motivadas y debían respetar los derechos humanos, hubo guerra sucia y se permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia -los paramilitares- toda suerte de matanzas.Las AUC, que defendían a los grandes ganaderos y hacendados, estaban formadas por quienes abandonaban el Ejército, pero también desertaban los narcoguerrilleros de las FARC y del ELN, atraídos por un mayor sueldo y el derecho al botín.

El presidente Uribe ha logrado su desmovilización con el incentivo, eso sí, de no indagar sobre su pasado criminal y su fortuna, de exoneración de toda responsabilidad penal, así como de la promesa de una reinserción social y política, escandalosa para cualquier demócrata. Con la ingente ayuda financiera y asistencia técnica de EEUU desde la época de Clinton, tras el convencimiento del nexo de las FARC con la producción de droga, el Plan Colombia ha formado al Ejército y se han fumigado campos de cultivo de droga, recuperando el control de amplios territorios en una lucha no siempre escrupulosa con los derechos humanos. Asimismo, se ha reducido la fuerza y moral de los narcoterroristas y se ha puesto en evidencia su falta de escrúpulos ideológicos: ha bastado poner precios astronómicos a las cabezas de los cabecillas terroristas para que se maten entre sí o se entreguen antes de que les maten sus subordinados y cobren la recompensa.

A pesar de los sufrimientos y pobreza que los grupos terroristas han provocado, Colombia posee una sociedad civil bien formada en todos los ámbitos, culta, con un dominio envidiable de la lengua española, muy sensible a los derechos humanos y que no ha decaído en su dignidad a pesar de las brutalidades y decenas de miles de muertos en medio siglo de conflicto. Existen evidentes deficiencias, pero el país tiene una Administración por encima de la media en Latinoamérica, algunas dignas universidades públicas y privadas y el Estado colombiano, a pesar de todo lo sucedido, se ha esforzado en mantenerse en la senda democrática y ha dado pruebas ejemplares de generosidad y perdón (con el M-19 y los paramilitares).

Quienes con frecuencia visitamos y trabajamos en Colombia hemos visto en los últimos años lo que supone recuperar la libertad y la seguridad para la ciudadanía. Por ello, ¿cómo dar crédito al Tratado de UNASUR cuando dos estados socios y vecinos (Ecuador y Venezuela desde 1999) prestan ayuda a los grupos terroristas colombianos? La proclama de integración de las naciones sudamericanas choca con la existencia de estados gamberros en la zona, de estados que viven al margen del Derecho Internacional y que no dejan vivir en paz al pueblo colombiano, su vecino y socio.

Para los estados de Latinoamérica, la soberanía es una noción absoluta, megalómana, que no se puede subordinar a ningún valor, ya sea la paz, los derechos humanos, la democracia, la inclusión social o la igualdad de oportunidades. Su concepción de la soberanía es la que circuló entre la Edad Media al siglo XIX. La sacralización de la soberanía por parte de estos dirigentes es una cortina de humo para seguir manteniendo la brecha de miseria material e intelectual de sus pueblos. Los repetitivos ensayos integracionistas nacen muertos por la persistente tendencia a ignorarlos al día siguiente aferrándose a la irrestricta soberanía e independencia, eje central del nuevo Tratado UNASUR.

En la UE hay una renuncia a ejercer unilateralmente determinados derechos soberanos por parte de los gobiernos, parlamentos, regiones y municipios, y se transfiere su ejercicio a las instituciones comunitarias. La mayoría de las decisiones se pueden tomar por mayoría cualificada; la norma europea tiene primacía sobre el derecho interno y se aplica directa e inmediatamente. Hay un Tribunal de Justicia con competencia exclusiva para declarar quién cumple o no, con autoridad sobre los estados y los particulares.UNASUR, en cambio, nace ligado al consenso y al derecho de veto, con instituciones sin poderes decisorios, sin Tribunal, con la prerrogativa de cada Estado a autorizar en su Parlamento cada norma… Más de lo mismo. ¿Servirá UNASUR para erradicar la ayuda al terrorismo y pacificar a su socio, Colombia? Entonces habrá valido la pena el viaje, aunque desde Cochabamba nunca se alcance a ver Bruselas.