¿Es el Gobierno el único responsable?

Desde que se mostró la crisis económica con toda su crudeza, gran parte de las responsabilidades se han repartido entre la gestión del Gobierno y los mercados internacionales. Seguramente, cuando en el futuro echemos la vista atrás, en el relato de la crisis figurarán algunos de estos argumentos. Pero habrá más protagonistas. Y si quieren salir bien retratados, deben comenzar a asumir sus responsabilidades.

Si por algo se caracterizan los últimos meses es por la enorme confusión que hay en el debate público. No es casual este desconcierto. Si hay un bien preciado en los mercados es la información. Los problemas surgen cuando ésta no está distribuida de forma uniforme. Es decir, cuando un grupo de gente sabe más que los demás. Entonces se genera lo que los economistas llaman “problemas de información asimétrica”.

Las consecuencias son dos. Por un lado, aquellos que tienen mayores conocimientos pueden utilizar éstos en beneficio propio. De tal forma que se pueden generar abusos. Por otro, las responsabilidades se diluyen, y uno no sabe muy bien quién es responsable de quién. En el mejor de los casos, las culpas se repartirán entre todos los implicados. Aunque siempre existirá la tentación de asignar la responsabilidad de los problemas a otros.

Es cierto que el Gobierno tiene un gran peso en la gestión de la crisis. A él le corresponde presentar análisis precisos de la situación, anunciar de forma clara los objetivos que persigue y relatar los instrumentos y políticas que va a utilizar para ello. No siempre lo ha realizado con éxito. Las distintas voces sobre la política fiscal o la rectificación de sus propios documentos no ayudan a arrojar luz a su gestión. Pero no es el único responsable y son muchos los que contribuyen y alimentan la confusión, en muchas ocasiones, buscando réditos.

Resulta sorprendente leer muchas de las recomendaciones y análisis que vienen haciendo en los últimos meses las empresas y los organismos internacionales que trabajan en el mercado económico mundial. No sólo no fueron capaces de anticipar la crisis, sino que además siguen sosteniendo los mismos principios que nos condujeron a ella.

En estos análisis, los economistas están jugando un papel muy relevante y, al mismo tiempo, cuestionable. Así, muestran un excesivo énfasis en proponer medidas que afectan a los trabajadores y a los Gobiernos y, en cambio, hablan muy poco de los empresarios. Además, en muchas ocasiones, presentan sus propuestas como si fueran soluciones técnicas cuando, en realidad, son juicios de opinión.

Otros responsables de la confusión son los agentes sociales. Por un lado, la persona que representa en estos momentos a la patronal española no es, precisamente, un ejemplo de gestión. Esto resta mucha credibilidad a las propuestas de los empresarios. Por otro, los sindicatos parecen más preocupados por aquellos trabajadores que tienen un contrato estable. No resulta de utilidad practicar el buenismo en el mercado laboral. Y tampoco es suficiente con decir que se quiere acabar con el empleo precario, esperando que la desaparición de determinados tipos de contratos tenga efectos taumatúrgicos. Decir que “el Gobierno parece una pandilla de aficionados” añade mucha confusión al debate.

Los terceros actores en grado de responsabilidad son las comunidades autónomas. En estos momentos representan un porcentaje muy relevante de nuestro gasto público y algunos dirigentes regionales no muestran una visión estratégica. Por ejemplo, el presidente de la Comunidad Valenciana ha decidido gastarse cientos de millones de euros en eventos que duran un fin de semana. Mientras tanto, tiene una de las tasas de fracaso escolar más alta de España y el porcentaje de desempleados es también de los más elevados. Si hay un lugar donde es necesario cambiar el modelo de crecimiento económico es la Comunidad Valenciana. En cambio, su política económica está muy alejada de este objetivo. ¿Qué credibilidad transmite a los mercados este tipo de decisiones?

Finalmente, si hay alguien que agita la confusión es la oposición. Es cierto que su trabajo es controlar la acción del Gobierno. No obstante, si tuviesen tan claro qué ha pasado, cuáles son los objetivos y qué políticas deben implementarse, ya lo habrían anunciado. Además, algunas de las declaraciones del Partido Popular invitan a pensar que la claridad en el debate revelaría la impopularidad de su proyecto. Quizás sea la única oportunidad que tenga el PP de acceder al poder. No tienen una estrategia definida y sus propuestas son impopulares. Así que, si difuminan la acción del Gobierno, nadie percibirá sus defectos.

Si todos estos actores agitan la confusión es porque para ellos sus propios intereses son más prioritarios que la salida de la crisis. Además, con ello trasladan toda la responsabilidad de la situación actual al Ejecutivo socialista. Pero, parafraseando a John F. Kennedy en su discurso inaugural de 1961: no nos preguntemos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino qué podemos hacer todos juntos. De esta crisis sólo saldremos con la colaboración de todos, y comenzar a asumir cada uno su responsabilidad puede ser un primer paso.

Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.