Es España, no el Rey Emérito quien debe reaccionar

Hace unos días, la veterana periodista Pilar Urbano (Valencia, 1940) escribió un artículo en estas mismas páginas en el que instaba al Rey Juan Carlos a abandonar su título de Rey y el que ha sido su hogar durante más de medio siglo.

Lo hacía -como viene siendo costumbre en estos últimos tiempos- con el salvífico propósito de proteger y preservar la Corona y a quien hoy la ciñe, objetivo que cuenta con la aprobación de numerosos enemigos de la institución y –por lo que estoy constatando- no pocas almas cándidas, ajenas a las perversas consecuencias que esta proposición encierra.

Desde que España descarriló un infausto 11 de marzo y se alterase de manera criminal el curso natural de su recorrido histórico como nación, el Espíritu de la Transición sufrió un golpe tan mortal como el de los centenares de víctimas que perdieron la vida en aquella trágica y soleada mañana. No hubo un día en que el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero, nuestro particular presidente por accidente, no tuviese como objetivo deslegitimar el proceso de reconciliación nacional impulsado por Don Juan Carlos y reabrir las heridas de nuestra última guerra civil, a la que los representantes de ambos bandos -aún vivos en no pocos casos- pusieron punto final con rúbrica de la Carta Magna de 1978. Los rencores personales y traumas familiares del jefe del gobierno marcaron la hoja de ruta por la que se ha hecho transitar al país en un ánimo revanchista sin otro propósito que el retorno a un tiempo perdido que tuvo en la crueldad y las peores pasiones humanas sus logros más infamantes.

Quien escribe fue testigo directo de la admiración sin precedentes que la culminación de este proceso de concordia despertó en todas las instancias de EEUU, desde las políticas a las académicas pasando por los medios de comunicación, que dedicaron al inédito caso español una atención preferencial que sirvió de guía y modelo en la siguiente oleada de democratizaciones (la cuarta) desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La España próspera, que llegaría desde la pobreza extrema de la posguerra a ser la octava potencia industrial del mundo (gracias a un modelo que la China actual parece haber calcado) seguía estando sin embargo aislada y ajena a las realidades internacionales.

De ahí que, tras impulsar y culminar el nada fácil proceso arriba descrito, Juan Carlos I tuvo como objetivo ponerla en el mapa integrándola en las organizaciones y foros internacionales de referencia. Si en la primera parte el Rey contó con la inestimable ayuda de Torcuato Fernández-Miranda y de Adolfo Suárez, en la segunda estuvo acompañado por la no menos valiosa figura de Felipe González. De todo ello saldría una Constitución que brindaba amparo y espacio más que suficientes para los seculares anhelos históricos de todos los españoles, cuyo refrendo obtuvo por inmensa mayoría, junto a la homologación de la comunidad internacional, que nos dio entrada en sus estructuras políticas, económicas y militares.

No contento con tan señalados logros, la incesante labor de Diplomacia Permanente llevada a cabo por Don Juan Carlos llevó a España, a su cultura y a sus empresas a todos los puntos del globo, labor de la que nuestro país se ha beneficiado hasta límites que no somos conscientes. El remate a esta ingente tarea por recuperar nuestra posición perdida en la dictadura fue el impulso de lo que ahora conocemos como Comunidad Iberoamericana de Naciones, nuestra versión de la Commonwealth británica, y recordatorio de que la España peninsular es –además– cabeza de otras Españas, lo que nos convierte en buque insignia de una flota cada vez más potente en términos culturales, demográficos, económicos y también políticos (les avanzo que tardaremos menos de lo que imaginamos en ver a un inquilino del Despacho Oval cuya lengua materna sea la misma que la nuestra, a pesar de las crecientes cortapisas que aquí se aplican para utilizarla).

Para nuestra desgracia, siempre habrá una parte de nuestros compatriotas a los que no les gusta España tal y como es, y siguen pretendiendo suscribir una enmienda a la totalidad de nuestra historia, tradiciones y creencias, para que España sea lo que nunca ha sido y que estimo nunca llegará a ser por mucho que se empeñen. De ahí que, a la manifiesta deslealtad de los nacionalismos regionales y su chantaje a los distintos gobiernos de la nación apalancándose en sus exiguas minorías parlamentarias –en clara traición al pacto constitucional del 78– viniera a unirse con posterioridad el revanchismo zapaterista y su propósito de reescribir un capítulo que –por el bien y con la anuencia de todos– se había decidido dar por cerrado.

Pero el veneno del rencor se ha ido propagando como una plaga desde entonces, hasta el punto de que ha situado el debate político y social en el marco referencial de un episodio ocurrido cerca de un siglo atrás, en circunstancias que en nada podrían asemejarse a las actuales falseando episodios incuestionables como la exaltación de una república cuyos desmanes propiciaron las más calamitosas consecuencias. A ese empeño inútil vienen dedicándose cuantiosas energías y recursos propagandísticos con una hoja de ruta cristalina que algunos parecen querer ignorar.

La condena revisionista del franquismo, conseguida de facto hace ya años, alcanza una nueva dimensión en el novedoso propósito de someter a Juan Carlos I a un campaña de desprestigio que borre toda huella de sus impagables logros y beneficios para todos nosotros (impagables –conviene remarcar– también en términos económicos, si tomáramos como referencia el el salario los ejecutivos de cualquier empresa internacionalmente competitiva).

Se acogen quienes quieren destruir la gigantesca figura del Monarca, a la tan hipócrita como inmisericorde tarea de relatar comportamientos de índole íntima de una persona condicionada en sus elecciones vitales no por la inclinación natural sino por las que su especialísimo rango imponían entonces, lo que haría siempre más justificable conductas que en nada afectan al desarrollo de sus funciones. Es precisamente esta disociación entre lo personal y lo profesional la que permite al resto de estamentos sociales ocultar celosamente episodios de similar naturaleza, y hace que estos ataques sean de una hipocresía que se me antoja particularmente repugnante. El otro flanco continuado de los ataques, se centra en las supuestas acciones del Rey en el plano económico, que le habrían reportado unos rendimientos ajenos a la dotación presupuestaria asignada a la Corona, tema tan recurrente en las conversaciones públicas y privadas como ayuno de elementos probatorios.

Las informaciones de una falsa princesa, ambiciosa y hábil cortesana, quien –junto a otros dos nada recomendables sujetos– propaga unas extrañas grabaciones contra el ahora Rey Emérito, lejos de ser tratadas con las debidas cautelas o como la confirmación del resentimiento de la susodicha dama por no haber obtenido los resultados ansiados de su circunstancial proximidad al Monarca, gozan por el contrario de una credibilidad instantánea debido el caldo de cultivo que se lleva cociendo a fuego lento en el puchero. Con independencia de la falta de humanidad, el sufrimiento y la humillación pública que tan graves denuncias causan a terceras personas afectadas, nada de esto se entiende sin saber que forma parte de un plan de largo alcance, que pasa en última instancia por derrocar la monarquía, con un guión escrito de antemano que se va entregando por episodios dignos de una serie de Netflix.

Considerar al Rey no ya heredero del régimen de Franco, sino un rey franquista, autor de una ficción democrática ejecutada al alimón por miembros del propio régimen y unos jóvenes socialistas a sueldo de poderes fácticos internacionales componen la trama de la primera temporada, cuyos efectos en la audiencia buscan el progresivo silenciamiento de la figura de Juan Carlos I, hasta llegar a hacerla tan innombrable como la de Franco. Nada bueno es atribuible a quien propició la etapa más larga de paz y prosperidad a España por no gozar durante su régimen de libertades políticas, y tampoco será posible con quien nos las anunció en su discurso de proclamación como Rey y a la postre nos las trajo. Si la aparentemente intachable conducta familiar de Franco no pudo compensar la ausencia de libertad de expresión, tampoco los errores y debilidades humanas podrán paliar la indignación hacia quien nos la ha devuelto.

Una vez logrado este propósito, entraremos en la siguiente entrega de la serie, protagonizada ya por una monarquía cada vez más debilitada, tanto por su cada vez menor número de integrantes (los guionistas tienen previsto que Don Juan Carlos ni siquiera pueda vivir en España –ya nos lo ha adelantado la entrañable columnista política de la Transición– como por los efectos de la implacable lupa con la que una sociedad entregada a un puritanismo ajeno a nuestra tradición, juzga cada uno de sus gestos y la totalidad de sus conductas.

La firme defensa de la Constitución llevada a cabo por Felipe VI en su célebre discurso de octubre, le ha convertido en un obstáculo para el desmembramiento de España, (la figura de un Rey parando –por tercera vez– un nuevo intento de golpe de Estado en 40 años de democracia alargaría innecesariamente el desenlace) lo que hace inevitable que las secuencias se aceleren para asegurar su desaparición en la última temporada de la serie, cuyo guión tendría que culminar con el feliz advenimiento de la Tercera República Federal española, referéndums correspondientes de por medio, claro está.

Nos aguardan episodios trepidantes. Los intereses particulares, la hipocresía, la estulticia, la ingratitud y la ignorancia van camino de abrazarse para saltar al unísono al vacío con voluntad de arrastrarnos a todos. No descarten colaboraciones espontáneas, apariciones estelares sorprendentes o cameos del todo imprevistos a lo largo de los próximos capítulos. No habrá reparo en dilapidar el activo que representa –hoy más si cabe– formar parte de una de las pocas naciones que ha marcado el devenir de la Historia, ni en jugarse a la ruleta más de medio siglo de crecimiento y bienestar social constantes.

No. No es Don Juan Carlos quien debe reaccionar. Es el pueblo español quien tiene en su mano hacer oídos sordos a los utópicos cantos de sirena, optar por no escuchar nunca más el “No es esto” de los siempre bien intencionados intelectuales regeneracionistas (que volverán a salir huyendo a la primera señal) y mirar el futuro con esperanza y determinación. No les quepa duda de que nadie nos otorgará un nuevo Oscar por este remake barato de Volver a empezar que todavía estamos a tiempo de impedir.

Antonio Camuñas es abogado, consultor y consejero de EL ESPAÑOL.

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