No puede negarse que el president José Montilla está cumpliendo con el papel institucional de su cargo, a la vez que demuestra su lealtad y conformidad con el marco jurídico y constitucional vigente. No podía ser de otro modo, ya que es el que corresponde y se espera de quien ostenta la máxima representación de Catalunya.
Ahora hace dos años, advirtió en Madrid del peligro de desafección de los ciudadanos de Catalunya respecto de España y las instituciones comunes, si seguía el menosprecio del Estado hacia Catalunya por lo que se refiere a las infraestructuras y la falta de una financiación que hiciera justicia a la aportación de los catalanes al PIB estatal. No parece que se le hiciera demasiado caso. Hace unos días, en un acto de homenaje a Ernest Lluch con motivo del noveno aniversario de su asesinato por ETA, advirtió del malestar que provoca que tres años y medio después de haber sido aprobado en referendo el Estatut de Catalunya, un texto que recibió el apoyo mayoritario (el 89%) del Parlament, que fue aprobado por las Cortes españolas y que, sancionado por el jefe del Estado, se convirtió en ley orgánica, aún esté pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en respuesta al recurso de anticonstitucionalidad interpuesto por el PP.
El pasado día 26 de noviembre, 12 periódicos catalanes publicaban un editorial conjunto en el que denunciaban la situación de impasse del Estatut aún pendiente de la sentencia de un tribunal en situación de anormalidad por la no renovación de sus miembros que han acabado mandato o por recusación o defunción. Recordaba el editorial que la piedra de toque de la sentencia puede ser la definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, el derecho y el deber de conocer la lengua catalana, la articulación del poder judicial en Catalunya y las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Desde luego, la consecuencia real de una sentencia adversa afecta al propio espíritu abierto e integrador de la Constitución, niega la España plural –en la que no parecen creer ni determinados sectores del PSOE ni, por supuesto, el PP, que ha impulsado el recurso– y, en suma, pone en riesgo el marco de convivencia español. Ni qué decir tiene que el editorial suscitó inmediatamente la adhesión de la sociedad civil y las instituciones catalanas y del propio president de la Generalitat, que así lo manifestaba en Madrid el 30 de noviembre, recordando, al mismo tiempo, su fidelidad constitucional.
Dada la reacción de la Brunete mediática al editorial conjunto, podemos temer que las previsiones más pesimistas puedan cumplirse y que la convivencia quede, en consecuencia, gravemente alterada. Y es que la ceguera política del españolismo más recalcitrante parece no tener límites. Tampoco la falta de sentido de Estado del PP tiene límites, a pesar de que sus dirigentes afirmen que quieren aproximarse a las aspiraciones e inquietudes de los ciudadanos de Catalunya. Sin duda, esas afirmaciones son una broma de mal gusto, puesto que, al mismo tiempo que pretenden cautivar a nuevos votantes en Catalunya, siguen utilizando el anticatalanismo más burdo para obtener una buena cosecha electoral en el resto del Estado al afirmar que España se rompe ante los supuestos privilegios que el Estatut concede a Catalunya. Si realmente sus intenciones son sinceras, lo tienen fácil: retirar el recurso.
No son momentos, pues, para bromas. Nos jugamos en ello el Estatut, la convivencia y el reconocimiento de Catalunya dentro de una España que será plural o entrará en un proceso de involución que acabará con el propio espíritu de la Constitución de 1978. Pero es poco probable que esos sectores rectifiquen. Al contrario, se rasgan las vestiduras por lo que denominan una presión inaceptable sobre el TC, olvidando que este está sometido a presiones políticas desde el mismo momento en el que son nombrados sus componentes.
La amplia adhesión mostrada por la sociedad civil al editorial conjunto recomienda dar un paso más. Con altura de miras, sin pretender réditos partidistas, sería necesaria una declaración institucional que, reconociendo el liderazgo asumido por la presidencia de la Generalitat, pusiera de manifiesto el apoyo claro y explícito de los partidos políticos a los contenidos del editorial en unos momentos en los que la dignidad de Catalunya y la convivencia están en juego. Probablemente serviría de muy poco de puertas afuera, pero constataría la unión entre los ciudadanos y sus representantes y sería, al mismo tiempo, una advertencia para aquellos que piensan que se puede jugar impunemente con los derechos y las aspiraciones de los ciudadanos de Catalunya con una interpretación restrictiva y excluyente del texto constitucional.
Quedaría constancia de la advertencia y nadie podría alegar deslealtad si en el futuro se incrementa la desafección o se cuestiona un marco constitucional que se utiliza para recortar los niveles de autogobierno. Una advertencia que quizá serviría para poner una pizca de sensatez en algunos de los que ponen en riesgo la convivencia.
Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.