Es hora de pactar, señorías

Lo más importante de las elecciones del 9 de marzo ha sido la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema político, traducida en una alta participación electoral. Como en ocasiones anteriores, al barruntar la posibilidad de una crisis en su estabilidad, la gente ha acudido más a las urnas, y no se ha dejado arrastrar, como en otros países, por el pesimismo abstencionista. Una muestra de la salud del sistema democrático en España es el hecho de que la mayoría de las personas estiman que su voto decide efectivamente los dilemas. Posiblemente, el recurso a las urnas para superar el desafío del golpismo y del terrorismo etarra en los años ochenta está en el origen de esa confianza en las elecciones, lo que constituye algo muy valioso.

El resultado electoral ha servido para comprobar que el Estado constitucional no está en crisis, y que goza de un apoyo homogéneo en todas las Comunidades Autónomas, por lo que en esto, efectivamente, el pueblo español aparece como nación política, poniendo una vez más en crisis las teorías de un Estado artificial, cárcel de las nacionalidades. Los partidos que se identificaban con la Constitución de 1978, y que en todo caso, proponían su reforma en congruencia con sus principios básicos, han mantenido o incrementado sus apoyos electorales, mientras que los partidarios de abrir un nuevo proceso constituyente han perdido, incluso dramáticamente, votos.

Me parece que el solvente balance electoral de CiU, en comparación con otras formaciones nacionalistas, debe tener relación con su identificación originaria con la Constitución, cosa que la coalición nacionalista catalana hizo recientemente visible cuando enmendó el Estatut, junto con otros partidos, para adaptarlo al ordenamiento constitucional. En contraste, la intención de desbordar el actual marco constitucional con planes o propuestas para reconocer múltiples soberanías en España se ha saldado negativamente.

Partidos que en 1978 no aprobaron el texto constitucional, 30 años después llegaron a pensar que era posible abrir un nuevo proceso constituyente, contra toda evidencia histórica. Porque si en ese tiempo España se ha convertido en uno de los países más flexibles y dinámicos de la Unión Europea, sería sumamente extraño que el mismo Estado constitucional que lo ha posibilitado, resulte lo contrario en orden a garantizar el autogobierno regional, y más específicamente, el de las nacionalidades, donde los partidos nacionalistas son relevantes.

A diferencia de hace cuatro años, José Luis Rodríguez Zapatero no va a recibir sus votos para acceder a la presidencia del Gobierno. Mientras los distintos nacionalistas se ubican en este escenario nuevo, el presidente Zapatero no obtiene sino ventajas al salir elegido con sus propios votos.

Con la elección de los nuevos representantes y del nuevo Gobierno, es lógico que el debate sobre los problemas comience con la cuenta a cero. Dada la ferocidad de las acusaciones de la oposición durante la pasada legislatura, la idea de empezar con una estrategia diferente, como se adivina por los nombramientos y advertencias de Rajoy, encontrará resistencias. Aunque el liderazgo de Rajoy tenga continuidad como persona, el sentido profundo de una elección democrática, implica la superación del discurso del pasado. Esta capacidad de renovación de las ideas, aunque permanezcan las personas, nos sitúa en el núcleo de la cultura política liberal: el adversario no es un enemigo, en contra de lo que sostenía Carl Schmitt, el más sistemático crítico del liberalismo, cuyas teorías han inspirado las estrategias informativas de los neoconservadores norteamericanos, así como sus equivalentes mediáticos españoles, responsables de la crispación. Si se produce un distanciamiento de la oposición de Rajoy de esas influencias del pasado, parece razonable suponer que su reacción, si ésta tiene lugar, será contemplada por los demás partidos, como un desafío a la autonomía de la política democrática.

Estas consideraciones de moral política podrán ser aplicadas porque las circunstancias las hacen necesarias. Durante la campaña electoral, los electores han manifestado su cansancio y su irritación por el clima de desquiciamiento político. Además, la diferente coyuntura económica obligará a los actores políticos a innovar sus actitudes. El discurso político tendrá que abrirse paso gracias a su coherencia, y en una fase en la que el gasto público no podrá como antes atender a todos los problemas, el establecimiento de prioridades volverá a ser el elemento básico con el que los ciudadanos valorarán la credibilidad de líderes y programas.

En los momentos más aciagos de la anterior legislatura se ha añorado el consenso. Convendría que ese término tuviese una precisión conceptual, pues a veces es un refugio para que el disenso sea sofocado, algo dañino para la democracia. Ahora me interesa apuntar que el consenso tiene en el liberalismo que procede de David Hume y otros autores anglosajones sus primeros desarrollos. Es lo opuesto al jacobinismo, que en su sentido amplio significa imponer los criterios, bien porque tienen razón, bien porque son verdaderos. Dos apuntes más: nuestra transición no fue jacobina, y por el contrario, el neoconservadurismo (y asimilados) sí lo ha sido.

De acuerdo con este análisis, el consenso es un clima previo de convivencia política, en el que no cabe el concepto schmitiano de enemigo, y que desde la perspectiva de la adopción de acuerdos, significa que con ese proceder se resuelven problemas por el concurso de una gran mayoría, dado que cada corriente ideológica, fracasó anteriormente al intentarlo por separado. Esto supone que el consenso comprende unos pocos y aquilatados asuntos, siendo muy conveniente que el debate y el disenso aumenten en las Cámaras parlamentarias. Es decir, lo contrario de la anterior legislatura.

El terrorismo y el desarrollo del Estado autonómico son claramente dos apartados necesitados de consenso. Y poco más: incluso la política sobre la Unión Europea requiere en todo caso un previo e intenso debate para incrementar nuestra conciencia sobre algo tan decisivo para nosotros.

Pero en la anterior legislatura no sólo no existió acuerdo alguno sobre esos dos temas delicados, sino que tampoco el disenso existente ocasionó una respuesta institucional adecuada. Se movilizó a la población contraria a la negociación con ETA y se propusieron extrañas consultas nacionales para impedir la aprobación del Estatut, y sin embargo, no se recurrió a la moción de censura, cosa que con un nivel de discrepancia menor hicieron Felipe González y Antonio Hernández Mancha.

Tal vez las reformas constitucionales previstas para la pasada legislatura encuentren ahora el necesario consenso. La que afecta al Senado corregiría algunos de los defectos de nuestro sistema político. Los trabajos hechos en distintas épocas por esa Cámara y por el Consejo de Estado abordan la falta de funcionalidad de un Estado cuyas Comunidades Autónomas no pueden decidir directamente nada en el Senado como poder legislativo estatal. Es, pues, necesario institucionalizar las relaciones entre ellas con el Estado en sede parlamentaria, como en los modernos países descentralizados, pues la conocida teoría del «bloque de la constitucionalidad» se ha mostrado como una ideología, y su aplicación política, ha conducido a intentar gobernarlo mediante la disciplina partidaria.

Las tensiones del modelo autonómico se absorberán cada vez con más dificultades por el sistema de partidos políticos. El disenso territorial existe incluso entre comunidades gobernadas por un mismo partido, como se puede advertir por las diferencias en intereses como el agua, los planes de infraestructuras, la financiación de los servicios o las definiciones estatutarias. Se han estudiado diferentes modelos para que el Senado sirva de cauce para la expresión del pluralismo territorial y para que los conflictos se resuelvan votando en la institución adecuada. Si se consiguiera, en ese caso, como en los demás, el consenso abriría nuevos espacios para el disenso democrático.

Juan José Laborda, ex presidente del Senado.