La crisis por la COVID‑19 dejará a muchos actores, públicos y privados, cargados de deudas insostenibles. Todavía estamos en la fase «prekeynesiana» (shock de oferta con shock de demanda derivado) de lo que probablemente será una depresión global. Pero una vez superada la peor amenaza del virus, habrá una combinación de ahorro precautorio de los particulares y renuencia de las empresas a comprometer gastos en capital, lo que profundizará la caída de la demanda agregada: fase keynesiana. Es probable que la única herramienta capaz de cubrir la diferencia entre la producción potencial y la efectiva sea el estímulo fiscal financiado con déficit, y monetizado donde sea posible.
Por ser Estados Unidos el emisor de la principal moneda de reserva del mundo, el gobierno federal puede emitir deuda y monetizarla con menos restricciones que en otros países. La política económica adoptada hasta ahora en respuesta a la crisis (la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus, CARES) destina 2,3 billones de dólares a programas de complementación de ingresos, subsidios, préstamos, compras de activos y provisión de garantías. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley «sólo» aumentará el déficit federal en 1,7 billones de dólares durante la próxima década. La diferencia refleja los 454 000 millones de dólares reservados para financiar garantías de instrumentos crediticios de emergencia creados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el supuesto de que esas garantías nunca serán necesarias.
Ojalá fuera así. Hace poco la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (controlada por los demócratas) aprobó otro paquete fiscal por tres billones de dólares, y es probable que el Senado sancione alguna forma del proyecto, tras lo cual pueden venir más medidas de estímulo. Los legisladores se están dando cuenta de que incluso en Estados Unidos, muchos gobiernos de nivel estatal y local sólo podrán enfrentar la crisis apelando al endeudamiento y a garantías crediticias o transferencias directas desde el gobierno federal.
Lo que vale para Estados Unidos, vale en todas partes: los programas oficiales de apoyo a la actividad económica provocarán una explosión de la deuda pública y de la deuda privada en posesión del sector público. En la eurozona se avecina una crisis existencial, por un controvertido fallo reciente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y por la negativa de los ocho estados miembros de la Nueva Liga Hanseática a contemplar la mutualización de deudas públicas. El nuevo mecanismo de ayuda de la Unión Europea contra la crisis de la pandemia (con un presupuesto de 240 000 millones de euros/263 000 millones de dólares) es migajas, apenas el 2% del PIB de la eurozona. Si Italia no recibe más apoyo de la UE, es posible que pronto se vea en la desagradable situación de tener que elegir entre abandonar a la fuerza la eurozona o quedarse y no poder implementar el estímulo fiscal que necesita.
Es verdad que una nueva propuesta francoalemana prevé un fondo de recuperación europeo por 500 000 millones de euros (el 3,6% del PIB de la UE), para cuya financiación la UE acudirá a los mercados de capitales (su presupuesto anual apenas supera el 1% del PIB del bloque). No está claro cuánto hay de adicional en estos fondos y en cuántos años se gastarán. Si se proveyeran a los estados miembros con dificultades fiscales como subvenciones (la opción preferida por los gobiernos francés y alemán), sería una mutualización de deudas, con la posibilidad que eso supone de un veto de la Nueva Liga Hanseática. Pero si en vez de eso la Comisión Europea proveyera el dinero a los estados miembros como préstamos con condiciones de mercado, Italia podría verse obligada a salir pronto de la eurozona.
Felizmente, puede haber otra salida. En la mayoría de las economías avanzadas, es probable que buena parte de la deuda privada adicional acumulada durante la crisis termine en posesión de entidades públicas (incluidos los bancos centrales), y la mayor parte nunca se devolverá. Para proteger su independencia y legitimidad política, los bancos centrales no deben asumir el papel fiscal del gobierno. Pero es evidente que las deudas de pequeñas y medianas empresas por la COVID‑19 tendrán que perdonarse (y el tesoro nacional tendrá que compensar al banco central por las pérdidas sufridas).
En el caso de empresas que cotizan en bolsa, la deuda con acreedores públicos debería convertirse en acciones preferenciales sin derecho a voto (eso minimizará la impresión de que la pandemia ha inaugurado una nueva era de planificación central), y aquí también, el tesoro nacional tendrá que indemnizar al banco central por posibles pérdidas. Y toda nueva emisión de deuda pública también debería incluir una opción de conversión en instrumentos patrimoniales; estos pueden representar derechos sobre una parte del excedente fiscal primario o tener tipos de interés atados al crecimiento del PIB.
Pero los países pobres no tendrán esta opción. Según la Brookings Institution, los mercados emergentes y los países en desarrollo ya tienen alrededor de once billones de dólares de deuda externa, y el costo de servicio este año asciende a 3,9 billones de dólares. En abril, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron un mínimo alivio de deuda a muchos de estos países, y el G20 acordó una suspensión temporal en los pagos de deuda oficial, gesto que fue seguido por cientos de acreedores privados.
Pero estas formas de ayuda son insuficientes y tardías. Lo cierto es que la mayoría de estas deudas no tendrían que haberse emitido nunca. El modo correcto de transferir recursos a países de bajos ingresos es a través de subvenciones; fue el único mecanismo incluido en el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y con la crisis del coronavirus, esos países las necesitan más que nunca.
En el marco de la iniciativa de 1996 para países pobres muy endeudados (HIPC) del FMI y del Banco Mundial, unos 36 países recibieron un alivio de deuda total o parcial. Es hora de volver a esa idea, comenzando por una ronda integral de perdones de deudas para los países más pobres del mundo. Este jubileo selectivo debe incluir deudas con el FMI, el Banco Mundial, otros organismos multilaterales, acreedores soberanos, entidades oficiales (por ejemplo, empresas estatales) y acreedores privados.
La deuda es un instrumento peligroso. El mundo lleva demasiado tiempo usándola para esquivar decisiones difíciles pero inevitables. En medio de una crisis global inédita, algo tiene que cambiar.
Willem H. Buiter, a former chief economist at Citigroup, is a visiting professor at Columbia University. Traducción: Esteban Flamini.