¿Cómo se acaba con una era de violencia? No es un título de manual ni una reflexión de autoayuda. Es una sincera pregunta que busca respuestas y pide complicidades. Y las busca y las pide porque quien suscribe no tiene esas respuestas. Al menos no en los parámetros que impone la dinámica política, sus exigencias y sus dificultades para afrontar riesgos y componer posturas más allá de las servidumbres partidistas.
Por más que formalmente se sostengan discursos éticos, la triste verdad es que la paz en Euskadi no es en sí misma una prioridad para todos los agentes políticos implicados. No se me entienda mal; no creo que haya quien desde una perspectiva ética humanista o política sana prefiera la confrontación violenta. El problema en Euskadi hoy es que el final de la violencia es un hecho tan asumido por la propia sociedad vasca que parece haber dejado de ser una prioridad cerrar formalmente ese sumidero. Y aparecen otras prioridades diversas que son solo una: cómo salir reforzado a un nuevo escenario político para las próximas décadas.
Desde esa perspectiva se entiende, por ejemplo, que el Gobierno español anuncie su nueva política penitenciaria afirmando que nada cambia al tiempo que describe sus modificaciones. Con ese movimiento, admite que hay un terreno de juego en el que se puede trabajar y que es parte del proceso de liquidación de la violencia. Pero no está dispuesto a volver contra sí a una opinión pública alimentada en la convicción de que el final de esta pugna solo será legítimo por aplastamiento.
Se entiende, también, que la valoración de esa iniciativa fuera más positiva -aunque sin entusiasmo- entre el PNV y el PSOE que en las filas de la izquierda aberzale. En materia de presos, la estrategia de equiparar la consecución de la paz con apretar filas en torno a sí misma y al colectivo es el modo en que Amaiur construye su base electoral de izquierda independentista. Aun a costa de que sus representantes sostengan públicamente lo que en privado ya tienen interiorizado: que no ha lugar a una amnistía en los términos en los que se postula desde el colectivo de presos vascos. Pero ese reconocimiento también tendría un coste de cohesión en su ámbito sociopolítico, alimentado a su vez en la convicción de que al error político acumulado durante décadas no puede seguir el abandono sin más de quienes practicaron la vía político-militar.
Enfrascados en esta dinámica llega la visita del equipo de verificadores del alto el fuego que encabeza Ram Manikkalingam. Es significativa la valoración de su trabajo por el portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor. Calificó su gestión de «imparcial, objetiva y digna de mérito» en las fechas en las que el comité anunciaba la disposición de ETA a dialogar con el Gobierno español sobre desarme. Luego llegaría el comunicado de la propia organización para confirmar este extremo e incluir a los presos en la línea de comunicación que el Gobierno de Rajoy sigue manteniendo en stand by.
En este contexto, la valoración de Pastor es parte del abandono del discurso de firmeza en lugar de diálogo que los socialistas vascos asumieron en su pacto de gobierno con el PP. La ruptura de este nace de la imposibilidad de que el PSE planifique su futuro desde el seguidismo de la política económica y de pacificación de Rajoy. Al menos si aspira a tener algo que decir y a alguien que le escuche en Euskadi.
No ha sido tan condescendiente con los verificadores el PNV, que ha optado por el silencio tras sus encuentros con la comisión. Discreción y menos titulares son su consigna y, esta vez, han salido de los encuentros con la sensación de que esta visita no tenía nada nuevo que contar. Y eso es un problema. Es un problema en tanto que la labor de verificación debería ser un ejercicio, como decía Pastor, imparcial y digno de mérito por sí mismo como argumentos para el reconocimiento de esa función entre las partes. Si necesita visibilizarse sin que haya motivo novedoso que lo justifique empieza a tener un problema de sostenibilidad.
Llegados a este punto, es importante que no se pierdan enfoques. La victoria democrática no consiste en dejar por el camino a todos los que hayan pretendido mediar y propiciar escenarios de paz con mayor o menor acierto.
Si ha de haber un desarme y una desaparición de ETA -y ha de haber ambos- estos serán tanto más rápidos y efectivos cuanto antes se acometa con el conocimiento directo del Gobierno español. Para eso hay que sentar unas bases y procedimientos que requieren abrir una comunicación. Pero el hecho de que hoy, con lo que llueve en materia de fricción, a Rajoy no le interese abrir ese melón no implica que lo pueda tener en el refrigerador sine die. Tampoco le aprieta, recién iniciada la legislatura, el calendario electoral. Salvo el vasco, claro. ETA pide ayuda para reciclar su ferretería y hablar con ella es un procedimiento, no un premio. Y en el proceso habrá tiempo de hacerle ver que su futuro es no ser nada. Como todos los fantasmas cuando se les quita la sábana.
Iñaki González, periodista.