Hace unos días la prensa española se hacía eco de unas declaraciones del senador Carles Mulet en Twitter, a propósito de ciertas preguntas dirigidas al Ejecutivo por su grupo político, Compromís, en relación con la asistencia religiosa en centros sanitarios. En realidad, más que «en relación con» habría que decir «contra» la asistencia religiosa. Desde luego, a nadie puede extrañar que Mulet se refiera a esta cuestión en términos chocantes: por ejemplo, comparando la asistencia espiritual con un vicio («Quien tenga vicios que se los pague»). El ilustre senador tiene una tendencia conocida a buscar notoriedad a toda costa, aunque eso implique convertir el debate parlamentario en un circo. Basta recordar su camiseta anti-Montoro con un personaje de los Simpson, o su acto de romper una fotografía de Susana Díaz mientras exclamaba «Qué asco de señora». Eso da una primera idea de la seriedad de sus planteamientos también en esta materia.
Pero lo preocupante no es el histrionismo expresivo de Mulet sino la reafirmación de sus ideas por parte de Compromís en una nota de prensa posterior. Ciertamente, el lenguaje utilizado por esta última es algo más digno que el de su representante, pero denota la misma clase de confusiones sobre el fondo del asunto. Porque, si hay un ámbito en el que la asistencia espiritual pueda justificarse de manera plena, ese es, desde luego, el hospitalario. Si alguien no lo entiende, más allá de la dimensión estrictamente jurídica del asunto, es porque nunca ha vivido de cerca el padecimiento de una persona próxima en una situación grave de salud, porque carece de todo sentido de la empatía, o porque tiene la sensibilidad emocional del granito. Veamos brevemente el argumentario utilizado por Compromís (y la ignorancia que revela respecto a los derechos humanos implicados).
Uno de los principales argumentos utilizados es la aconfesionalidad del Estado, que no tendría que pagar por algo que «no forma parte de la medicina moderna», y que consiste en actividades a las que se considera «interferencias mitológicas o mágicas». Además, se alega que la asistencia religiosa católica supone un trato discriminatorio para las demás religiones, y que no forma parte del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Olvida Compromís, sin embargo, que el derecho a la asistencia religiosa sí es parte integral del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto que se reconoce a todos los ciudadanos en el artículo 16 de la propia Constitución. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que desarrolla ese artículo, indica con claridad que la libertad religiosa comprende el derecho de toda persona a recibir asistencia religiosa de su propia confesión (y a no recibir asistencia religiosa contraria a sus propias convicciones). Y, para que ese derecho sea real y efectivo, impone a los poderes públicos el deber de adoptar «las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos», incluidos -nominalmente- los hospitalarios (art. 2 LOLR).
Nada extraño hay en esto. Es lo que cuadra con el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga de manera general a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona sean reales y efectivas. España ha querido crear, por mandato constitucional, un Estado social de derecho, un sistema de protección jurídica activa, en el que las autoridades garantizan que los derechos humanos pueden ejercerse verdaderamente, y no un Estado en el que las libertades se reconocen solamente sobre el papel. La asistencia religiosa no es, como afirma Compromís en su nota de prensa, un «privilegio» de las religiones. Es un aspecto muy importante de la tutela de un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución (y por el derecho internacional).
No es la situación española, por lo demás, un caso aislado. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de países civilizados posee sistemas de asistencia espiritual en los hospitales, pagados con fondos públicos. Esto incluye a Francia, donde la laicidad es uno de los rasgos esenciales que definen al Estado. Es lo natural: una cosa es que el Estado no tenga religión oficial -lo cual es muy razonable- y otra que imponga la ausencia de religión a sus ciudadanos. Cuando estos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en la que no pueden buscar asistencia religiosa por sí mismos, dedicar dinero público a garantizar ese aspecto de su libertad religiosa es lo que se espera de un sistema eficaz de garantía de las libertades. Y es también lo que reclama un elemental sentido de la compasión.
Resulta paradójico que esto no lo entienda una formación política como Compromís, tan preocupada por el bienestar animal, y que está impulsando el gasto público en iniciativas como la creación de parques caninos o casas de adopción de animales. O quizá es simplemente revelador de una mentalidad que tiende a marginar a quien no piensa igual: no se trataría de proteger la libertad de todos sino sólo la de quienes son afines ideológicamente. Como la religión sería para ellos algo «mágico» o «mitológico», es decir irracional, habría que considerarla (Mulet dixit) un «vicio» que cada uno debe pagar de su bolsillo. Como quien se gasta el dinero en tabaco.
Resulta también sorprendente la concepción de la igualdad que tiene Compromís. Como la asistencia religiosa en hospitales -afirman- solamente beneficia a la Iglesia Católica, para ellos la solución «lógica» no sería extender ese aspecto de la garantía de la libertad religiosa a las demás confesiones, sino eliminarlo para todas, incluida la católica naturalmente. Es decir, una igualdad restrictiva en vez de una igualdad que promueve la libertad. No hace falta explicar mucho más.
Sí vale la pena explicar, en cambio, que la Iglesia Católica nunca ha deseado una situación privilegiada en esta materia. De hecho, la asistencia religiosa en hospitales es un derecho que se garantiza a los miembros de cualquier confesión religiosa en España. Por una cuestión de números, soluciones como las de capillas en hospitales o capellanes a tiempo completo pueden resultar adecuadas para los católicos y desproporcionadas para otras religiones. Aunque ciertamente el Estado español podría hacer mucho más para contribuir -también económicamente- a la asistencia espiritual que proporcionan otras confesiones. En materia de igualdad religiosa hay mucho que avanzar.
Y debo decir que la Iglesia Católica nunca ha querido ser un freno para ese avance. Durante los doce años que he sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia como experto independiente, siempre he visto a los representantes de la Iglesia Católica apoyar toda iniciativa dirigida a la equiparación de los demás en derechos derivados de la libertad religiosa. Los problemas han venido por parte de gobiernos, socialistas o populares, casi siempre reacios a tomarse en serio y a invertir en desarrollo efectivo de la no discriminación en materia religiosa. Precisamente lo que muchos quisiéramos esperar del nuevo Gobierno es un interés auténtico en la promoción de los derechos fundamentales de todos, con independencia de sus opciones personales en materia religiosa. No una igualdad restrictiva al modo Compromís, sino igualdad en un alto grado de garantía y promoción de la libertad.
Javier Martínez-Torrón es Catedrático de la Universidad Complutense.