Parece que las etiquetas de la DGT llevaran toda la vida ahí, en los parabrisas de nuestros coches y, sin embargo, estos distintivos, que clasifican los vehículos en función de sus niveles de contaminación, sólo viajan con nosotros desde hace cuatro años.
Pocas iniciativas de esta naturaleza, y que impactan tanto en nuestra cotidianidad, han sido tan bien acogidas. Los ciudadanos, pero también las Administraciones y nosotros, el sector, hemos puesto de nuestra parte durante estos años para incorporar este sistema, que ha demostrado ser útil y capaz de dar respuesta a aquello para lo que fue creado: discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente.
Y la clave es esa: se han vuelto cotidianas. En algunas ciudades se está ya utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él; en otras, según se tenga una etiqueta u otra, se podrá circular solo por determinadas zonas o nos costará más o menos estacionar.
De este modo, los consumidores tienen ya muy en cuenta la etiqueta que 'vestirá' su vehículo nuevo o usado a la hora de adquirirlo, porque de ello dependerá también el uso que pueda darle.
En definitiva, el sistema de etiquetado vigente está facilitando un mayor conocimiento del potencial contaminante de los vehículos, contribuyendo a una toma de decisiones más informada por parte de los ciudadanos y a un planeamiento más eficaz de las políticas públicas medioambientales.
Por eso, la revisión del etiquetado, que actualmente está abordando la DGT, a petición del Gobierno, que lo incluía en el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Automoción para adecuarlo a la entrada de nuevas tecnologías y “consensuada con el sector y con el resto de los agentes involucrados”, debería hacerse de forma muy escrupulosa y sin poner en peligro ni el gran trabajo que ya se ha hecho ni la necesaria seguridad jurídica.
Porque, cabe preguntarse si es el mejor momento para hacer un cambio así, habiendo pasado tan poco tiempo desde la puesta en marcha de las etiquetas, siendo ahora cuando la ciudadanía y las Administraciones las empiezan a interiorizar y sin que haya habido cambios tecnológicos de calado que justifiquen la revisión integral a la que se apunta. Uno de los objetivos que tenemos como sociedad, en el que trabaja el Gobierno y el sector, es impulsar la descarbonización de la movilidad.
En ese gran objetivo, con tantas variantes y ramificaciones, las etiquetas también están poniendo su granito de arena, porque están acelerando la llegada a nuestras carreteras de las tecnologías más eficientes: eléctricos, híbridos enchufables e híbridos.
Son estas tecnologías las que con más cuidado hay que tratar en la actualización que se está trabajando ahora y que será realidad dentro de un par de meses. De ello dependerá también el que las etiquetas sigan siendo ese acelerador de la descarbonización.
Preocupa el tratamiento que se le pueda dar a los híbridos enchufables (actualmente englobados dentro de las etiquetas CERO), porque un enfoque errado tiraría por tierra la relevancia que esta tecnología está adquiriendo.
Se ha convertido, por precio, prestaciones o por su accesibilidad a las Zonas de Bajas Emisiones, en la puerta de entrada natural de muchos conductores hacia el vehículo 100% eléctrico. Esto está teniendo su reflejo en el mercado, porque las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables crecen un 241,3% en lo que va de año y ya suponen el 3% de todas las ventas.
El papel del actual sistema de etiquetas va más allá en otro aspecto muy relevante: nos marca el camino a seguir para avanzar en la necesaria renovación del parque. Gracias a las etiquetas medioambientales podemos visibilizar la gravedad del problema: el 40% del parque actual de turismos y todoterrenos de nuestro país no tiene distintivo medioambiental, es decir, que engloba principalmente a los vehículos más antiguos (modelos de gasolina anteriores a enero de 2000 y diésel anteriores a 2006).
¿Es, pues, el mejor momento para cambiar las etiquetas medioambientales? Desde mi punto de vista, habrá contextos más favorables.
La entrada en vigor en 2025 de la normativa europea de emisiones Euro 7, así como la futura aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, unidos al actual escenario de incertidumbre o a la clara falta de puntos de recarga de vehículos cero emisiones, justifican que la actualización integral del sistema no se produzca ahora.
Por ejemplo, la ley mencionada establece que las ciudades con más de 50.000 habitantes tendrán que incorporar Zonas de Bajas Emisiones no más tarde de 2023. Por ello, dicho horizonte quizá sería el más adecuado para evaluar un cambio en las etiquetas, centrándose en la evidencia empírica y la madurez tecnológica de los vehículos de cero emisiones netas.
En esta ocasión, abogamos por la continuidad del actual sistema de etiquetas basado, como he detallado, en los principios de utilidad, gradualismo, frente a ajustes rápidos y frecuentes, o coherencia en Europa, frente a soluciones nacionales no armonizadas.
Y, sobre todo, por la estabilidad, porque si bien el acompañamiento entre tecnología y regulación debe ser siempre vigilado, el uso final del sistema por los consumidores hace imprescindible la existencia de periodos de vigencia suficientemente largos capaces de garantizar su adecuada comprensión y la incorporación final a las decisiones de compra.
A la necesaria certidumbre para la ciudadanía y los actores empresariales se suma (no puedo dejar de mencionarlo) el impacto de la crisis sanitaria sobre el sector, que ha paralizado durante meses la decisión de miles de ciudadanos a la hora de renovar su vehículo.
Marta Blázquez es vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas.