La reacción de los comercios ante la decisión del Gobierno regional de Madrid de ahondar en la liberalización de horarios no se ha dejado esperar. «Abrir domingos y festivos sería estar esclavizados» o «va en contra de la familia» son algunos comentarios escuchados. Lo cierto es que sólo es un paso más hacia la liberalización comercial total, que sería el escenario lógico, pero que tendría un precio político que no parecen estar dispuestos a pagar los gobernantes.
Recientemente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia, a vueltas con si el establecimiento de periodos de rebajas en función del tipo de establecimiento comercial es discriminatorio o no. Para el Supremo no lo es, pues argumenta -y lo mismo podría decir con respecto a la limitación de horarios- que no hay discriminación cuando se regulan de manera diferente situaciones de hecho distintas. Y a renglón seguido se descubre cuando sostiene que «el comercio urbano de proximidad cumple una importante función social vertebrando nuestros municipios y constituyendo uno de los principales exponentes de nuestro estilo de vida y de nuestro modelo de ciudad mediterránea» para justificar que los poderes públicos adopten «medidas de ordenación y precisas para garantizar el equilibrio entre las diversas formas de comercio y evitar así un proceso de abandono de los centros urbanos y de alteración comercial». Y decimos descubrirse porque viene a reconocer que el objetivo último es la protección del comercio tradicional.
Por su parte, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha publicado un informe en el que alerta de que las limitaciones impuestas al comercio en aperturas, horarios, rebajas y precios -particularmente la prohibición de venta a pérdida- resulta ineficiente, pues supone intervenir en el juego del libre mercado limitando la elección del consumidor y, en último lugar, dificultando la reducción del precio de los productos. Es cierto que el comercio tradicional sigue jugando un peso muy importante en la economía española en términos de contribución al PIB y empleo, pero no lo es menos que quizá haya llegado el momento de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, como ha ocurrido en otros sectores: ya no se subvenciona la industria naval española como antaño, floreciendo en su lugar astilleros que, a través de la especialización, han conseguido hacerse con un nicho de mercado ¿Por qué en este sector no puede ocurrir lo mismo?
Puede afirmarse, como hace de hecho la CNC, que este tipo de medidas protectoras «han impedido el desarrollo de formatos de establecimiento de mayor valor añadido», siendo, además, arbitrarias en su aplicación, porque -por poner un ejemplo- sólo si eres fan de vestir zapatillas deportivas tendrás la suerte de poder comprarlas también en festivos -la propuesta del Gobierno madrileño propone dar libertad a los establecimientos que venden artículos deportivos-. Y sólo si te gusta el tipo de ropa que se vende en los establecimientos de las zonas designada como «de gran afluencia turística», también te verás favorecido.
Somos firmes defensores del pequeño comercio, pero no mediante la utilización de argumentos equivocados que, por lo general, sólo perpetúan situaciones discriminatorias en detrimento último del consumidor, como recientemente ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al anular la norma catalana -precursores por cierto de las limitaciones allá por 1993- que impedía la apertura de nuevas grandes superficies. Creemos que al consumidor se le debe dar la oportunidad, como defendía Kennedy hace casi 50 años, de elegir establecimiento, hora y día en el que realizar sus compras. Todo lo demás supone distorsionar la competencia.
Por Raimundo Ortega y Guillermo Pérez, abogados de Jones Day.