Si el Congreso nacional del PP en Valladolid ha servido para que el Gobierno vuelva a la senda de reconciliación con las víctimas del terrorismo, bienvenido sea. El distanciamiento del Gobierno con todos los colectivos de víctimas del terrorismo comenzó a fraguarse el 22 de octubre de 2013, fecha en la que la Audiencia Nacional puso en libertad a la terrorista de ETA Del Río Prada. A partir de esa fecha, se produjeron masivas excarcelaciones de terroristas, que hoy alcanzan la escalofriante cifra de 79, de los que 70 son presos de ETA. La aplicación extensiva de la sentencia del Río Prada al resto de presos ha colmado la paciencia de las víctimas del terrorismo. Pero no podemos quitar ningún mérito del giro del PP a la senda de la reconciliación a Consuelo Ordóñez o a la propia creación del nuevo partido de centro-derecha Vox que tanta alerta ha despertado en las filas altos dirigentes del Partido Popular. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, la asociación de víctimas, puso el dedo en la llaga del PP en el 19 aniversario del asesinato de su hermano Gregorio. Nos hizo un favor a todas las víctimas del terrorismo al hacer tambalear las propias estructuras y principios del Partido Popular y su compromiso con las víctimas del terrorismo. El nuevo partido Vox, fundado entre otros por Ortega Lara, ha provocado que el PP tenga que reaccionar a acercarse de nuevo a las víctimas del terrorismo, un acercamiento que deseamos sea con hechos y no palabras. Sin embargo, creo que ninguna víctima del terrorismo que no milite en un partido debe prestarse al juego de estrategia política de partidos, porque la sociedad puede seguir creyendo que existe división y manipulación partidista. En mi opinión, si militas en un partido político, entonces, en los actos políticos no puedes hacer uso de tu condición de víctima, pues desvirtúas el ejemplo del colectivo ante la sociedad y lo que sí debes es someterte a las mismas reglas de juego que los compañeros de partido sin ninguna patente de corso.
Si verdaderamente el PP quiere volver al compromiso de los hechos con las víctimas del terrorismo, conviene recordar al Gobierno y a los militantes de todos los partidos políticos que ETA no está acabada, ni lo estará nunca mientras queden 349 casos de asesinatos sin resolver. Se menosprecia a todas las familias de estas víctimas cuando se habla de la debilidad de ETA, cuando su victoria es precisamente haber logrado que no se enjuicien ni se sepa la verdad sobre estos 349 casos. Hay certeza más que creíble para pensar que los 70 presos de ETA que han salido en libertad en el último trimestre de 2013 por la aplicación de la sentencia Del Río Prada de Estrasburgo podrían haber esclarecido 190 de los casos de asesinato sin resolver, y, sin embargo, algunos se resignan a decir que el Gobierno tiene que acatar las sentencias porque no queda más remedio. Es el Estado de Derecho en su conjunto el que ha desilusionado a las víctimas del terrorismo, pues el Poder Legislativo, desde principios de los ochenta, ya pudo modificar el Código Penal y no lo hizo hasta 1995, para evitar los beneficios penitenciarios a terroristas. Es culpable igualmente el Poder Judicial, que arrogándose funciones que no le correspondían, por no estar legisladas, hizo extensiva la sentencia Del Río Prada a casi 80 terroristas más. E igualmente culpable el Poder Ejecutivo, que prometió que examinaría caso por caso la aplicación de la sentencia de Estrasburgo y no lo hizo, lavándose las manos y dejando toda la responsabilidad a los tribunales de Justicia. Nos falló la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, quien reconoce que no consultó al Comité de Ministros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la aplicación de la sentencia Del Río Prada al resto de terroristas, para evitar que dijeran que sí era extensiva a los demás. A veces no hacer nada de lo que se debe tiene efectos tan perversos como hacer lo que no se debe.
Mirando al futuro sin olvidar nuestro pasado, queda mucho por hacer aún. Sortu, es decir Batasuna-ETA, se va a presentar a las próximas elecciones europeas, desmarcándose de Bildu y todos sus aliados. El PP lleva en su programa electoral que dejará a ETA fuera de las instituciones, compromiso que esperamos ver en los próximos meses. El Ejecutivo debe impulsar la modificación del artículo 578 del Código Penal para adaptarlo a los tiempos actuales y evitar los espacios de impunidad terrorista. El Poder Judicial debe vigilar que existen juicios con casi 40 acusados por pertenecer a organización terrorista –SEGI y Batasuna– en los que ya hay precedentes de condena en el Tribunal Supremo (2007, 2008 y 2009), y los tiempos actuales no deben ser excusa para dictar sentencias de absoluciones en masa, como podría ocurrir contra los 36 de SEGI enjuiciados actualmente. El Poder Legislativo debe reformar la Ley de Partidos y adaptarla a los tiempos actuales y debe también legislar la incorporación de las sentencias de Tribunal Europeo de Estrasburgo al ordenamiento jurídico español, algo que no se ha hecho desde principios de los ochenta.
Daniel Portero, presidente de «Dignidad y Justicia»