Si algo caracterizó a los años de nuestra Transición fue precisamente el consenso alcanzado por las distintas fuerzas políticas de aquel entonces para hacer posible la consecución de la democracia en nuestro país. Es verdad que la situación que debimos afrontar a la muerte de Franco aconsejaba buscar un gran acuerdo nacional que nos ayudara a salir de la dictadura de forma pacífica y no violenta. En aquellos momentos era necesario establecer unas nuevas reglas de juego y ello, razonablemente, exigía el mayor consenso posible entre los actores políticos en presencia. Gracias por tanto al consenso la Transición pudo dar vida a la Constitución de 1978 de la que este año celebraremos su 40 aniversario.
¿Pero qué es lo que ha venido ocurriendo con posterioridad?
Pues que dado el razonable éxito de lo logrado entonces se pretendió más adelante apelar en otras muchas ocasiones a buscar el consenso en muy distintos temas en los que el acuerdo ciertamente no podía ser posible.
Conviene recordar que en la vida democrática lo característico no es el consenso sino la confrontación, porque es necesario partir de la existencia de conflictos permanentes en la sociedad que deben ser arbitrados y decididos por los gobiernos de turno. Si nos empeñamos continuamente en buscar el consenso entre fuerzas políticas contrapuestas dejamos sin sentido, en alguna medida, la existencia del propio régimen democrático. El conflicto en la vida política es imposible de evitar y lo que se debe hacer es gestionarlo pacíficamente.
No tiene sentido por ejemplo que un decidido partidario del liberalismo pretenda llegar a una fórmula de consenso con un pertinaz socialista. Ni es posible tampoco para un católico consciente y practicante buscar fórmulas de consenso con aquellas personas que defienden el aborto libre en toda suerte de circunstancias. Así tampoco jamás podrá existir consenso entre los que defendemos la unidad de España y los que abierta o taimadamente propugnan su destrucción.
De este modo podríamos seguir enumerando otras muchas cuestiones que legítimamente nos dividen en la sociedad actual pero ante las que no debemos sentirnos desalentados. Se trata de que cada una de las formaciones políticas en presencia convenza con sus propuestas al conjunto del electorado y para eso se convocan periódicamente elecciones generales para que los ciudadanos se manifiesten y decidan qué rumbo debe tomar el país en cada momento. Apelar a la insistente necesidad de buscar el consenso para la gobernación de un país pudiera llegar a desembocar en un relativo fraude democrático porque los futuros administradores del consenso alcanzado se verán obligados a realizar toda suerte de cambalaches y concesiones que acaban desdibujando, cuando no traicionando, las promesas efectuadas durante la campaña electoral.
Pero es que en España, al margen de lo anteriormente dicho, se ha venido dando una curiosa situación. Porque cuando es la izquierda la que llega a gobernar, no se entretiene en buscar ningún posible consenso. Aplica su programa y punto. No es necesario que recordemos tantos y tantos temas en los que ha venido actuando de esa manera.
Mientras que cuando es la derecha la que ocupa el poder manifiesta una curiosa necesidad de buscar frecuentemente el apoyo de la oposición que por lo general siempre se lo deniega. Esta situación la estamos viviendo de forma clamorosa con motivo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para abordar el desafío catalán. El Partido Popular no se cansa de solicitar ayuda y el máximo consenso para respaldar sus acciones de gobierno con lo que su actuación a veces carece de la firmeza y rigor necesarios, pues los puntos de vista de la oposición muy frecuentemente no concuerdan con los suyos y todo ello determina una acción política vacilante que traduce miedo y debilidad de la que saca provecho el adversario.
Todo el mundo sabe, por ejemplo, que la educación en Cataluña se ha convertido en una descarada fábrica de independentismo que busca afianzar hacia el futuro el proceso secesionista actualmente en curso. De tal forma que o revertimos urgentemente la situación o en algunos años tendremos probablemente perdida la partida.
Otro tanto cabría decir del espectáculo que presentan los medios públicos de comunicación al servicio todos ellos de la causa independentista. ¿Tiene sentido que todos los españoles con nuestro dinero financiemos a los sediciosos canales de radio y televisión de la Generalitat que sirven de soporte a cuantos movimientos de protesta promueven los cabecillas de la revuelta? De nuevo el Gobierno parece quedar paralizado ante la negativa del PSOE de actuar en consecuencia.
Por todo lo anteriormente reseñado no hay duda de que así no nos conviene seguir, pues aunque logremos una victoria pírrica sobre el independentismo en el corto plazo, a medio y largo plazo la derrota está asegurada porque el tumor no se ha extirpado y por ahora lo que hemos tratado es de controlarlo para que no desemboque en una peligrosa metástasis.
Mientras tanto constituye una vana pretensión que en las presentes circunstancias el Gobierno quiera poner punto y final a la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras de unas elecciones que ciertamente no van a representar solución alguna sobre el fondo del problema que padecemos. Ver de nuevo sentados en las poltronas de la Generalitat a los que defienden la estelada y se ufanan de su desprecio a España constituye un desatino político cuyas consecuencias no tardaremos en padecer. Las prisas para dejar de aplicar el artículo 155 y que se proceda a elegir un nuevo Gobierno en Cataluña se vincula con la necesidad que manifiesta Rajoy de aprobar los Presupuestos para los que necesita imperiosamente el apoyo del PNV. ¡Vivir para ver!
Si para afrontar de verdad el desafío que nos plantea el separatismo catalán es necesario arriesgarse y superar el ansiado consenso que al final es más bien una excusa que una realidad, el Gobierno debería dirigirse a la Nación y proponer las medidas necesarias para atajar, de una vez por todas, esta insoportable situación. De esta forma cada una de las fuerzas políticas tendría que asumir delante del pueblo español sus propias responsabilidades al tener que respaldar o rechazar las medidas que el Gobierno en su momento estimara pertinentes.
Que la falta de consenso no acabe suponiendo en realidad la hoja de parra que oculte la desnudez de nuestros gobernantes a la hora de ejecutar la política que el país en su inmensa mayoría reclama.
Ignacio Camuñas Solís, exministro adjunto para las Relaciones con las Cortes.
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