Ya en 2012, cuando los escándalos relacionados con los planes de evasión de impuestos de Apple, Amazon y Google desataron la ira pública y obligaron al G20 a actuar, se pidió a la OCDE que reformara el sistema internacional de impuestos de renta a las empresas. Esto condujo, tres años más tarde, a un paquete de reformas conocido como el Proyecto “Erosión de la Base y Traslado de Beneficios”, o BEPS, según su sigla en inglés (Base Erosion and Profit Shifting). El proceso de reforma fue dirigido por los países de la OCDE y se abrió a los países en desarrollo solo después de que se diera a conocer este paquete inicial. Hoy en día, 125 países están involucrados en un grupo llamado el “Marco Inclusivo” (“Inclusive Framework” en inglés).
Sin duda, el proyecto BEPS fue un paso importante para abordar algunas de las estrategias de evasión de impuestos más flagrantes utilizadas por las multinacionales. Inició, por ejemplo, el intercambio entre las autoridades tributarias a través de los informes país por país sobre los beneficios y el pago de impuestos de estas empresas. Lamentablemente, esta norma solo se aplicará a las grandes multinacionales, y los informes no estarán disponibles al público, lo que privará a la sociedad civil de una herramienta esencial de transparencia.
Además, BEPS no logró llegar a la raíz del problema: a las empresas se les sigue permitiendo trasladar sus beneficios a donde lo deseen y aprovechar las jurisdicciones con impuestos más bajos. Google, por ejemplo, movió 19.900 millones de euros (22.700 millones de dólares) a través de una empresa fantasma holandesa a las Bermudas en 2017, y en el mismo año Facebook pagó solo 7,4 millones de libras esterlinas (9,6 millones de dólares) en impuestos de renta en el Reino Unido, a pesar de generar 1.300 millones de libras esterlinas de utilidades allá.
Las multinacionales pueden hacer esta manipulación legalmente, utilizando los llamados precios de transferencia: la empresa matriz fija los precios de las transacciones entre sus filiales para garantizar que los beneficios se registren en países de baja tributación y no en el lugar donde se realizó la actividad económica que generó los beneficios. Por ejemplo, Vodafone, la primera gran multinacional que publica voluntariamente datos país por país, reveló que casi el 40% de sus beneficios en 2016-17 se destinaron a paraísos tributarios, con 1.400 millones de euros declarados en Luxemburgo, donde la empresa está sujeta a una tasa de renta efectiva del 0,3%.
La evasión tributaria se puede encontrar en todos los sectores económicos, pero las empresas digitales son las que mejor demuestran lo anticuado que es el actual sistema tributario internacional. Dado que el costo marginal de producción de estas empresas es cero, los ingresos que les corresponden equivalen a una renta, por lo que es importante gravar esta renta en forma efectiva. Y, contrariamente a lo que afirman los líderes de estas empresas, este impuesto no afectaría negativamente la oferta de servicios digitales.
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que presido, cree que el proceso BEPS ha logrado lo que podía, dado el poder político de las grandes corporaciones y el ejército de abogados y contadores que tienen un interés personal en mantener el status quo. En nuestro último informe, hacemos un balance de lo que se ha logrado y destacamos lo que debería suceder en la próxima fase de la reforma, el "BEPS 2.0".
La próxima reunión de la OCDE será decisiva a este respecto. Por primera vez, la OCDE presentará al Marco Inclusivo, incluidos los países en desarrollo, las líneas generales del plan BEPS 2.0 y su visión de una reforma más profunda del sistema tributario empresarial en respuesta a los desafíos que plantea la economía digital. Es una oportunidad única para que los 125 gobiernos del Marco Inclusivo insten a la OCDE a repudiar los precios de transferencia y a avanzar hacia un sistema más justo y eficaz.
La falta de consenso hasta ahora sobre cómo gravar a las multinacionales digitales ha llevado a algunos países a aplicar (como lo han hecho ya India, Italia, España y Francia) o a prometer introducir (en el caso del Reino Unido) impuestos sobre el volumen de negocios de estas empresas como medida provisional para aumentar los ingresos. Pero estas acciones unilaterales no son suficientes.
El ICRICT apoya todas las discusiones que se mueven hacia una tributación consolidada de las multinacionales, que eliminaría el uso de los precios de transferencia por parte de las multinacionales para desplazar los beneficios, ya que su ingreso global se consolidaría. Los beneficios globales y los impuestos asociados podrían entonces asignarse geográficamente de acuerdo con factores objetivos como las ventas de las empresas, los empleos, los recursos utilizados e incluso los usuarios digitales en cada país. También apoyamos firmemente la introducción, a nivel mundial, de una tasa efectiva mínima de impuesto de renta de las empresas de entre el 20% y el 25% sobre todos los beneficios obtenidos por las multinacionales.
La prioridad principal ahora es establecer un sistema internacional de impuesto de renta de las empresas adecuado para la economía digital. El proceso BEPS de la OCDE fue concebido esencialmente por los países desarrollados para los países desarrollados. Este mes en París, los países en desarrollo deben comprender lo que está en juego y hacer oír su voz, para garantizar que cualquier nueva propuesta beneficie a todos.
José Antonio Ocampo is a board member of Banco de la República, Colombia's central bank, professor at Columbia University, and Chair of the UN Economic and Social Council’s Committee for Development Policy. He was Minister of Finance of Colombia and United Nations Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs. He is the co-author (with Luis Bértola) of The Economic Development of Latin America since Independence.