La raíz del progreso de las sociedades está en la educación, de hecho, el título de este artículo probablemente se ha prodigado en épocas anteriores. Así se constata analizando las grandes iniciativas en el terreno de la educación que se pusieron en marcha en la España del siglo XX, tanto por parte de la Iglesia Católica como de ámbitos completamente laicos. Desde la educación de quienes alcanzaron liderazgo social, hasta la promoción de formación técnica en oficios, pasando por la formación de formadores, el análisis de diversas actuaciones refleja el efecto multiplicador de una tarea educativa acertada. Pero, igualmente se puede poner de manifiesto el lastre que supone una educación deficiente, que empequeñece la perspectiva de las nuevas generaciones, al tiempo que afecta al futuro de la sociedad en un mundo cada vez más competitivo. Si se pretende encontrar las claves de la pujanza de determinadas zonas emergentes en el mundo actual, búsquese en el esfuerzo educativo; así lo podemos percibir, por ejemplo, en algunos ámbitos de Iberoamérica, como la universidades para el desarrollo de Oaxaca, o en países asiáticos como la China. Baste con señalar que los graduados en alguna universidad china son los que predominan entre quienes se llegan posteriormente a doctorar en las universidades de élite norteamericanas.
Hablamos en España de promover un Pacto por la Educación. Malo es que se reconozca ahora esa necesidad, porque significa que la gestión de la tarea educativa precisa medidas de emergencia. No es necesario enumerar los informes que señalan la situación nada halagüeña de nuestra educación, ni los indicadores que cuantifican los males que la aquejan. Baja inversión económica, altos porcentajes de fracaso escolar y de abandono, sin alcanzar la titulación en ciertos niveles, evidencian una situación necesitada de mejora. No faltan quienes tratan de minimizar el significado de estos análisis, alegando que en otros países de alto nivel de vida también se constatan deficiencias. Así es, por ejemplo, en Estados Unidos en donde los sectores más competentes en la valoración de los resultados educativos alertan, por ejemplo, de la necesidad de estrategias para la promoción adecuada de la formación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, como un pilar fundamental para afrontar el futuro en el país que es líder, por excelencia, en la innovación y el desarrollo. Pero el que algunos males sean generales no puede servir de consuelo, especialmente en países como el nuestro en donde la educación ha sido siempre el verdadero factor de avance social.
Un pacto de Estado no puede abarcar una interminable lista de medidas que regulen hasta los últimos detalles. Pero tampoco se puede pretender pactar sobre lo que son derechos y deberes básicos, que simplemente se han de garantizar o promover por parte de quienes ejercen las responsabilidades de gobierno. Los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de su elección, como igualmente nadie les puede discutir la facultad de elegir la formación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales. Sería absurdo volver los ojos ante dos conflictos que aquejan a la educación en España y que lastran sus resultados. Me refiero a la imposición de la lengua vehicular, o de determinadas formas de Educación para la Ciudadanía. Quienes alberguen dudas sobre el disparate al que se puede llegar en este último aspecto, basta que con consulten algunos textos de esta materia. La solución de estos dos problemas sólo se puede basar en garantizar esos derechos, no en limitar la posibilidad de ejercerlos a aquellas familias más pudientes que puedan sufragar enseñanza privada para sus hijos.
A mi juicio, hay dos palabras clave que deben orientar el pacto de Estado por la Educación en España: libertad para la tarea docente creativa e inversión. Las dos deben tener la envergadura suficiente si se aspira a superar las dificultades actuales, sobre las dos caben acuerdos que, dejando margen para la deseable alternancia en la gestión pública, aseguren los resultados sin afectar a los grandes principios. Podrá parecer que pedir más libertad y más recursos en el ámbito educativo es demasiado genérico. Pero una buena parte de los problemas por los que atravesamos se deben a la burocracia que ahoga la creatividad docente, que la somete además al poder de grupos de interés de los centros, con el resultado de ahormar las actuaciones a lo que es más conveniente para el conjunto. Con ello se hace difícil la aspiración a la excelencia, favoreciéndose una uniformización del conjunto que representa una igualación de todos en los niveles más bajos.
La educación y la formación, en cualquiera de sus niveles, precisa de profesionales, motivados y competentes, capaces de hacer del trabajo bien hecho la mejor muestra de lo que esperan de sus alumnos. Esta necesidad se revela aun más perentoria en estos tiempos. La disponibilidad de medios avanzados de información implica que el docente sea capaz de aportar una formación crítica, una capacidad de discernimiento, en definitiva, unos hábitos y aptitudes intelectuales que capaciten -naturalmente según los niveles y la naturaleza de lo que se maneja- para manejar y gestionar la información. El sistema actual no fomenta los objetivos de calidad, no estimula el esfuerzo docente y discente, por lo que tampoco puede asegurar el logro de metas ambiciosas. La libertad es imprescindible para crear centros, para dotar a los ya existentes de una personalidad propia y diferenciada, para perseguir objetivos y obtener logros importantes en un marco sanamente competitivo. Lo dicho es aplicable a todos los niveles educativos. Las universidades, por ejemplo, deberían ser instituciones abiertas a la incorporación de profesionales de otras procedencias, en un sistema abierto en el que la movilidad de profesores y alumnos profesorado permita que cada institución pueda plantearse el logro de objetivos ambiciosos. Nada de esto ocurre, sino que asistimos a una fragmentación del ámbito educativo nacional, cuando -paradójicamente- estamos empeñados en un proceso (Bolonia) tan necesario como polémico en cuanto a su lenta y deficiente forma de aplicación.
La sociedad española necesita también pactar un incremento sustancial de los recursos para educación, tanto en el ámbito nacional como autonómico. Los actuales son insuficientes, como demuestra cualquier comparación con las cifras de otros países a imitar. Pero si hace falta un pacto es porque los recursos son y serán escasos, aumentar el presupuesto de educación es imposible sin reducir otras partidas. La educación debe tener una prioridad real, no simplemente expresada. Sin esos recursos adicionales es difícil desarrollar los programas que la urgente corrección del rumbo que precisa la educación en España. Reclamar más dinero es fácil, la pregunta es si los dirigentes serán capaces de asumir ese reto, en una cuestión cuyos resultados se materializan a largo plazo.
César Nombela, catedrático de la Universidad Complutense.