Es un principio universalmente admitido que el arbitraje o mediación requiere que quien haya sido designado para ejercer tal función actúe con total independencia e imparcialidad. De ahí que pueda afirmarse que la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en el conflicto venezolano pueda calificarse de auténtica farsa. Desde un principio llamó la atención que el ex presidente se comportara más como un abogado defensor de la dictadura bolivariana que como un mediador internacional, independiente e imparcial. No es de extrañar que tras el rocambolesco episodio protagonizado por el ministro Ábalos y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, la protagonista del sainete haya agradecido en Caracas el extraordinario esfuerzo de Zapatero «por la convivencia democrática en Venezuela».
Las dudas razonables sobre la falta de independencia e imparcialidad del político socialista se han incrementado al conocerse que el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional investiga al ex embajador Raúl Morodo por blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal. Su despacho, en complicidad con altos cargos de Chávez, habría emitido facturas por trabajos inexistentes para facilitar el saqueo de fondos por altos cargos venezolanos de la empresa petrolera estatal entre 2008 y 2013. Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela por Zapatero en 2004. Su nombre le fue sugerido por José Bono, (Diario de un ministro, 2015) para la embajada en la Habana, pero acabó en Caracas.
La amistad entre Bono y Morodo se fraguó en el tardofranquismo. En 1971 compartieron un despacho de abogados y, en 1976, ambos participaron activamente en la fundación del Partido Socialista Popular promovido por Enrique Tierno Galván, todo un histórico de la disidencia antifranquista. El PSP obtuvo seis escaños en las primeras elecciones de la democracia. Morodo resultó elegido diputado constituyente por Madrid. En febrero de 1978 se disolvió el partido para engrosar las filas del PSOE. Por su parte, Bono también accedería al Congreso en 1979 y, en 1983, resultaría elegido presidente de Castilla-La Mancha. Hombre ahorrador en grado sumo, cuando dimitió de su cargo presidencial después de 20 años para incorporarse al primer Gobierno de Zapatero su última declaración de bienes reflejaba un cuantioso patrimonio.
En 2004, tras el triunfo del PSOE a raíz del 11-M, Bono y Morodo volvieron a reencontrarse en la política. El 18 de abril, el primero pasó a desempeñar la cartera de Defensa, mientras el segundo fue nombrado embajador en Caracas. Ambos cesarían a petición propia. Bono el 11 de abril de 2006, mientras Morodo sería sustituido el 31 de agosto de 2007.
La convicción de que Zapatero carece de la independencia e imparcialidad imprescindibles para su misión venezolana se basa precisamente en un episodio que el propio Bono describe con todo lujo de detalles en sus memorias. Se trata del macrocontrato suscrito en 2005 por el invicto comandante Chávez con el entonces presidente del Gobierno para la compra de material bélico a España (10 aviones de transporte; dos aviones de patrulla marítima, de salvamento y de rescate; y ocho patrulleras para control frente a terrorismo y narcotráfico) por la friolera de 1.726 millones de euros. Bono se atribuye el éxito de este gran logro para la industria nacional y reconoce que su amistad con el embajador Morodo, íntimo de Chávez, le sirvió para navegar como pez en el agua en el corazón de la dictadura bolivariana.
El Diario de Bono refiere cómo su primera entrevista con Chávez se produjo el 22 de septiembre de 2004. Relata cómo en pleno vuelo de regreso a España después de un viaje oficial a Chile y Bolivia recibió la llamada de Morodo para decirle que era imperativo que hiciera escala en Caracas porque el presidente quería hablar con él: «Si desprecias asistir al cumpleaños de su hija Rosa Inés, es muy probable que no nos compre ningún material de defensa». Una vez en presencia de Chávez, le refiere que se había encontrado «el otro día» con Zapatero al que le expresó su deseo de mejorar las relaciones con España. «Quiero viajar a España –le dijo el dictador–, pero tiene que ser en visita de Estado, y no te olvides que quiero hacer un gesto de amistad y compraros los aviones y las patrulleras, pero los yanquis os van a joder el cuerpo. Llámame cuando quieras, aquí tienes mi número de teléfono».
El 23 de noviembre, Bono recibe a Chávez en Toledo: «Cuando intento que otorgue su conformidad a la compra por parte de Venezuela de ocho patrulleras, seis aviones de transporte y tres radares, se dirige a su ministro de Defensa y le dice: ‘Mírame, vos, ¿cómo va eso de los patrulleros y lo de los aviones de transporte? Date prisa, que, si España quiere vendernos algo, nosotros debemos comprarlo. Es la mejor visita que he realizado jamás a un país extranjero. Siento el alma suelta; tengo la misma sensación que un caballo cuando le sueltan las riendas’».
A finales de enero de 2005, Bono vuelve a Venezuela. En una cena en el Palacio de Miraflores, a la que asiste el embajador Morodo, entrega a Chávez una carta del presidente Zapatero y hablan «del protocolo de compra del material militar que vamos a firmar el próximo 31 de marzo. Insisto en que se suprima del acuerdo cualquier referencia a la autodeterminación de los pueblos y al material bélico, ya que se trata de patrulleras y de aviones de transporte sin armamento ofensivo. Chávez acepta. El total del pedido para Izar y EADS-CASA asciende a unos mil ochocientos millones de dólares, lo cual justifica una visita a Venezuela...».
Por fin llega el gran día de la firma del contrato. Así lo refiere en su Diario: «Llego a Caracas muy cansado [el 27 de marzo de 2005], y me informan de que los venezolanos no se comprometen a comprar aviones ni barcos, sino a hacer ‘esfuerzos para comprarlos’. Llamo a Chávez manifestando mi disgusto por el cambio que han introducido, y se ríe: ‘No hagas caso –me dice– porque ese contrato te lo han dado los gringos para fastidiarte. Vente a tomar una copa a Miraflores y lo arreglamos’. Voy con Moratinos y el embajador Morodo al Palacio de Miraflores donde cenamos a la una de la madrugada... El miércoles [30 de marzo], reunión en el Palacio de Miraflores con Chávez, el presidente Zapatero, Moratinos y Miguel Sebastián. El presidente defiende a las empresas españolas y, concretamente, a Repsol. Firmamos los acuerdos tal y como se habían convenido con el texto propuesto por España».
Pero las cosas se complican. La construcción de las patrulleras –unos 1.200 millones de euros– se había encomendado a la empresa pública Navantia. El 28 de julio de 2014, El País informa de que el contrato firmado en 2005 entre los astilleros españoles de Navantia y la Armada venezolana «rubricado a bombo y platillo por los Gobiernos de Chávez y Zapatero ha entrado en terreno pantanoso. La empresa pública tiene que recuperar los 312 millones de euros que entregó como garantía (fiel cumplimiento, anticipo, garantías técnicas...)». El periódico dice que el contrato incluía el pago de una comisión del 3,5% (42 millones de euros) a Rebazve Holding Lfd., una empresa domiciliada en el País Vasco propiedad de súbditos venezolanos.
Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente. La fiscal general del Estado de Venezuela, Luisa Ortega, exiliada en 2017, entregó a la CIA e Interpol documentación de un gran número de casos de corrupción de los dirigentes bolivarianos en el que figura literalmente: «Sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España». No es casualidad que el caso Nafta, que implica personalmente a Morodo, estallara por las denuncias de Luisa Ortega. Y nadie ha dado ninguna explicación al hecho de la aparición de un intermediario como Rebazve en un contrato negociado por el ministro de Defensa y firmado por Chávez y Zapatero, aunque fuentes solventes aseguran que parte del dinero fue a parar a manos de altos cargos bolivarianos. A nadie se le oculta que, ante este hálito a corrupción, cuando los intereses españoles todavía están en juego, el ex presidente no está en condiciones de ejercer su función mediadora con independencia e imparcialidad.
Jaime Ignacio del Burgo es jurista e historiador. Fue presidente del Gobierno de Navarra, senador y diputado.